La Asociación Profesional presentará una denuncia contra los responsables políticos y laborales del centro, a los que acusan de «generar conflictos»
«Por el presente escrito presenta denuncia contra Guillermo Martínez, consejero de Presidencia; José Luis Villaverde, director de Justicia e Interior; Manuel Ramos, director de Sograndio; y Belén Rodríguez, delegada de Alcor Seguridad». Así comienza el extenso escrito que la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) presentará hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Lo hacen, explicó el coordinador de la entidad, «para que el fiscal investigue qué está ocurriendo a Sograndio», en referencia al único centro de internamiento de menores con condena que hay en Asturias. «La situación ha llegado al límite para el personal y para los menores». Así lo aseguró Jorge Fernández Cuesta, quien considera que la denuncia «debe acabar con los problemas que estamos viviendo en los últimos meses».
«Castigos excesivos»
Se refierea las tres fugas en menos de un mes protagonizadas por varios menores; al incendio intencionado de la cama de una celda de aislamiento, con el resultado de dosjóvenes intoxicados; a los castigos excesivos, con menores atados hasta cuatro horas a una silla, y la tensión laboral que provoca «numerosas bajas». En estos momentos, de la plantilla de vigilantes de seguridad son siete los que no acuden a trabajar, «y hay un octavo que mañana (por hoy) acudirá al médico. Están sometidos a tal tensión que lo están pagando en salud».
Para los socios de Avispa, todo comenzó con el cambio de empresa de seguridad, adjudicada en diciembre por el Principado a otra empresa, Alcor, «que ha recortado el personal y el salario, de forma unilateral, incumpliendo el contrato de adjudicación y el convenio laboral».
Sin embargo, pese a representar solo a los vigilantes, el coordinador de Avispa es consciente de que «no es un problema laboral de los vigilantes, sino que todo es consecuencia de una mala gestión que es la que genera los conflictos».
Así, respalda las quejas planteadas a EL COMERCIO por una representación de los educadores del centro, que critican «castigos excesivos» a los menores, así como «tensión laboral creada por el responsable del centro». Una tensión que, como en el caso de los vigilantes, también se traduce en numerosas bajas. Y en que, como recoge un informe publicado por este periódico, «el 50% de los trabajadores estén insatisfechos con su trabajo».
Y no, como explicaban los profesionales, «porque no nos guste lo que hacemos o porque sea un problema trabajar con menores conflictivos». El problema radica, dicen, «en las órdenes contradictorias, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de protocolo de actuación».
Fallos de seguridad
Unas quejas que hacen suyas los vigilantes y las trasladan al texto de la denuncia. Un texto en el que también figuran fallos de seguridad, como la ausencia de sistemas de detección de incendios en las celdas de aislamiento, denominadas en el centro como 'camarillas'. Una ausencia que pudo provocar una tragedia la pasada semana, cuando uno de los internos encerrado en su habitación quemó el colchón de la cama. «Si no llega a acercarse el educador a mirar en ese momento, no sabemos qué podría haber pasado». El rescate del joven también fue difícil, ya que «los educadores no tienen la llave de la celda de aislamiento ni, tampoco, la del armario de los extintores. Lo tiene el vigilante que estaba en otro sitio, ya que con los recortes se ha perdido al vigilante de refuerzo».
Avispa espera que desde la Fiscalía se actúe sobre la situación del centro de internamiento juvenil, «antes de que suceda algo grave. Nadie parece importarle lo que pasa allí».
