Antonio Duarte Álvarez, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del Sindicato USO, (FTSP-USO) además de Julián Gallego, gerente comercial de equipos y certificación de Alter Technology Tüv Nord S.A.U.; Roberto Lage, presidente de Aesga; David García Galera, director general de Grupo G y presidente de Esacv, han expresado a Interempresas su visión sobre la actualidad del sector de la seguridad. Los expertos han ofrecido su opinión sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, la situación del sector tras la crisis, así como los objetivos de cada uno de ellos para este año.
Preguntas y Respuestas de Antonio Duarte:
¿Qué postura mantiene frente a la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿En qué medida les puede favorecer? ¿Hay algún elemento que pueda perjudicar su actividad?.
Antonio Duarte: Como dirigente sindical y trabajador, la opinión que puedo tener yo sobre la nueva Ley de Seguridad Privada es, en general, muy positiva. Es una ley que avanza, progresista, y que está hecha con una visión de futuro, que puede amoldarse a las nuevas necesidades que puedan surgir a lo largo de estos años en materia de seguridad, entendiendo que la seguridad privada es un complemento muy necesario de la seguridad pública.
Para el Sindicato USO, la opinión ha sido positiva desde que se inició el borrador, con unas perspectivas que finalmente se han visto cumplidas con su publicación. ¿Qué ocurre? Que no se han recogido todas nuestras pretensiones porque una de las cuestiones más importantes para nosotros era el carácter de autoridad en el uso de nuestras funciones. Eso queda limitado, por decirlo de alguna manera, a una serie de trabajos en concreto, que sí es verdad que tienen un alto riesgo, pero hay otros que tienen el mismo o igual, y quedan fuera también. Creemos que esa pata ha quedado coja. Ahora bien, falta el Reglamento.
Es muy importante que el carácter del agente de la autoridad también está vinculado a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ya no es que sólo esté recogido en la Ley de Seguridad Privada sino también en el Código Penal, es decir, que sería delito, porque los vigilantes estamos cansados de ser agredidos durante muchos años y que en los juzgados, dependiendo del juez o la jueza que te toque, te pueda atracar un mero delincuente cuando tú estás ejerciendo unas funciones de seguridad, y que a veces conllevan un riesgo y una iniciativa que tienes que tomar, y esas iniciativas las pueden malinterpretar.
Por otra parte, el tema de la formación está suficientemente cubierto. Por primera vez, crea una Comisión Interministerial, o se abren las puertas para que se cree, que acabe con el fraude fiscal y de la Seguridad Social dentro del sector de la seguridad privada, que es la mayor lacra que tiene en estos momentos. La deriva que hay ahora mismo de empresas de seguridad privada indecentes que están menoscabando el poder adquisitivo de los españoles a través del fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social es cada vez mayor. Con esta nueva herramienta que ha creado la nueva Ley de Seguridad Privada, que es la Comisión Interministerial, se promueve que los propios ministerios se comuniquen entre ellos.
Otra cuestión en la que se ha avanzado mucho es en las sanciones. Se ha pasado de que estén meramente recogidas en un documento, que sean pequeñas, raras y que en muchos casos no se llevaban a cabo, a que ahora sean una sanciones ejemplares, acordes con la realidad, que determinan muy claramente cuál es la responsabilidad de los jefes de seguridad, de los directores de seguridad, de los responsables de las empresas, etc., que hasta ahora no lo había. También cabe destacar la importancia de la amplitud del articulado.
¿Cómo contempla, a su juicio, la nueva ley una mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada?
A. D.: Por descontado, creo que hay una mayor colaboración entre seguridad pública y privada. La fluidez de información entre el Ministerio de Interior con los trabajadores y con los sindicatos que tenemos representación dentro del sector, es muchísimo más amplia de la que podíamos tener seis, siete u ocho años, y no digamos ya hace 25. La culminación de todo esto ha sido el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada. A nosotros en todo momento nos han consultado sobre posibles quejas que tuviéramos, nos han ido advirtiendo de cómo se estaba desarrollando la Ley, y al mismo tiempo se fue corrigiendo. Eso sí, la Ley la proponen los técnicos y luego lo aprueban los políticos. Podemos decir que ha habido una simbiosis entre los políticos y los técnicos, enorme.
¿De qué manera esta nueva Ley puede entrar en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal?
A. D.: Entiendo que no. En temas de videovigilancia, la ley está muy bien definida, la normativa es específica, muy clara y muy sencilla. Y si alguien incumple ésta normativa, para eso está la ley, para sancionarlo. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos, nosotros lo tenemos claro: si nos dan órdenes para identificar a las personas que acceden a determinados edificios, etc., lo tenemos que hacer. Siempre identificar, no tenemos autoridad para detener, pero sí para complementar y retener a los que creemos que han incumplido de alguna manera la normativa.
¿Cómo ha afectado la crisis al sector de la Seguridad?
A. D.: Fue uno de los últimos sectores en entrar en ella, y creo que será uno de los últimos en salir. En términos numéricos, puedo decir que se han perdido más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de estos últimos cuatro años. En términos de poder adquisitivo, los trabajadores hemos perdido cerca de un 10%. Hemos perdido un 10% de nuestro salario en el camino con la intención de mantener el cuerpo de una negociación colectiva estatal, que es lo que nos da garantías a cualquier trabajador para cobrar lo mismo en Alicante, en Barcelona, en Madrid, Lugo o La Coruña, que en Canarias y Baleares, de manera que no haya distinción entre unos y otros. La crisis ha agudizado el ingenio de las empresas y los trabajadores. Hoy por hoy, hay una gran demanda de trabajo en este sector. Muchos trabajadores que estaban realizando otras funciones, han intentado volver. Por ejemplo, ahora hay muchas menos oficinas bancarias, por lo tanto hay muchos menos furgones, y por consiguiente, menos trabajadores.
¿Cuáles son los objetivos de su empresa/asociación para el año 2015?
A. D.: Superar el 20% de representación en las elecciones sindicales y poder erradicar el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social. Y por supuesto, a los trabajadores. Esos son los grandes objetivos que nos hemos propuesto este año. Queremos consolidarnos como sindicato.
María Fernández Peláez / Mª Carmen Fernández
