Educadores y vigilantes se unen en sus críticas a la gestión del centro de internamiento juvenil
Por primera vez, la plantilla desvela a EL COMERCIO la claves de las fugas, peleas e incendio de los últimos días y advierte de que «el problema irá a más»
Nadie se ha preguntado qué lleva a un menor, miembro de una familia normalizada con empresa propia, a prender fuego a su celda, cerrada con llave y con él dentro». La pregunta la lanza al aire una persona integrante del equipo de educadores del centro de internamiento de Sograndio. Y la respuesta: «Por desesperación. Porque la situación de Sograndio es caótica».
En un hecho sin precedentes, educadores y vigilantes de Sograndio, el único centro de internamiento para menores con condenas de Asturias, han decidido hablar con un medio de comunicación. Lo hacen porque el centro está bajo el foco permanente desde abril. La fuga de película de dos internos, utilizando sábanas atadas con cordones, reveló graves problemas de seguridad, como la instalación de cámaras en las celdas de aislamiento. En menos de un mes llegó otra fuga, el destrozo de tres de esas cuatro cámaras en las celdas, el destrozo de una sala de televisión y el incendio de una celda de castigo. Como consecuencia de este último suceso, dos menores tuvieron que ser ingresados en el hospital, por intoxicación con humo.
Aunque siguen optando por mantenerse en el anonimato, EL COMERCIO ha estado con una amplia representación de la plantilla. Juntos envían un mensaje tan unánime como doble: «Nos quieren enfrentar a vigilantes y educadores y estamos ante una política de castigo y represión, no de educar».
Respecto a la primera parte del mensaje, los educadores lo tienen claro: «No conseguirán enfrentarnos. Estamos muy agradecidos a ellos y a la asociación que les representa. Gracias a que su portavoz no es parte de Sograndio y no teme represalias, está saliendo a la luz todo lo que ocurre en el centro. Que no es poco».
«Una llamarada en la celda»
Se refieren a Jorge Fernández Cuesta, coordinador de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), quien pone voz a los problemas de sus compañeros de Sograndio. «Desde el cambio de la empresa de seguridad, en diciembre, nos han recortado el sueldo, tenemos un compañero menos por turno, pero más funciones. Incluso han pretendido que vigilemos a los educadores», explica un vigilante.
Su situación es «límite», explica un educador. «No cobran un sueldo digno y se les dan órdenes contradictorias. No pueden estar en dos sitios a la vez y así pasa lo que pasa».
En cuanto a la segunda parte del mensaje, «estamos ante una política de castigo y represión, no de educar», los educadores tienen claro que el mejor ejemplo de esta política es «lo del miércoles, cuando rozamos la tragedia». Se refiere al incendio provocado en una celda de aislamiento. Los trabajadores quieren dejar claro que «el educador salvó la vida al chaval. Estaba a quince metros, en su despacho, haciendo el papeleo burocrático con el que nos cargan. Porque se le ocurrió ir a mirar los visores de las celdas de castigo, que si no...».
Ver una llamarada desde el visor de la puerta fue el inicio de un infierno que duró diez minutos: «Porque nosotros no tenemos la llave de las celdas de aislamiento y el vigilante estaba haciendo un traslado. Tampoco tenemos la llave del cuarto de extintores. Afortunadamente, un vigilante que estaba cerca llegó en dos minutos y se pudo abrir, sacar al chaval, en estado catatónico, y apagar el fuego».
Un fuego que no fue detectado por el mero hecho de que «no hay detectores» como, aseguran, «tampoco salidas de emergencia. Las hay, pero están cerradas con candado, cuya llave no tenemos, y al final de la escalera han puesto una valla».
«Se abusa del castigo»
Pero, sobre las causas, los profesionales recuperan la pregunta con la que iniciaron el relato: «Qué lleva a un chaval de una familia normalizada a prender fuego a una celda en la que está encerrado». Insisten en que la «desesperación». Estaba evolucionando, acaba de recibir los primeros permisos y, de repente, se encontró de nuevo en aislamiento y sin horizonte de recuperar su estado anterior. Se hundió».
Los educadores comparten el informe de la Defensora del Pueblo: «En Sograndio se abusa del aislamiento. Se abusan del castigo. El aislamiento es la medida más grave y se puede prolongar meses». El problema es que «es un castigo tan desproporcionado como arbitrario: alguien puede ir a aislamiento por pegar a un compañero, pero también por intercambiarse una camiseta con él. No tiene sentido».
Como tampoco lo tienen, dicen, los engrilletamientos. Los educadores comparten con los vigilantes la idea de que «engrilletar a alguien solo debe ocurrir en un pico de ansiedad y para que no se haga o haga daño. Tener a alguien cuatro horas atado a una silla no tiene ningún efecto educativo. Salvo hundir». Una situación que ya ha tenido consecuencias: «De 38 menores, tenemos 8 en aislamiento y 6 fugados. La tensión es tal que dos han pedido acabar la condena en Villabona».
