Antonio Trevín/Ximo Puig. Fuente: levante-emv.com
Un matrimonio de origen francés que pasó sus vacaciones navideñas en Torrevieja denunció, ante la Guardia Civil, que fue agredida por parte del personal de seguridad de una gran superficie comercial de dicha localidad alicantina. Los hechos fueron presenciados por los hijos del matrimonio. El mayor de ellos grabó parte de la misma. En la secuencia del vídeo se observa a dos guardias de seguridad intentando reducir al matrimonio y, en varios momentos, se ve a uno de ellos golpear a la mujer, incluso después de estar esposada. La empresa empleadora de los dos guardias de seguridad, ha asegurado que tomó «las acciones preventivas oportunas» con respecto a este caso, pero sin querer aclarar si ha puesto en marcha, o no, algún tipo de medida disciplinaria. La gran superficie no ha emitido opinión alguna al respecto de la agresión.
Este hecho puntual, ampliamente conocido, no debe servir para hacer generalizaciones que supongan actitudes semejantes en el conjunto del colectivo de los efectivos de seguridad privada porque además de falso, sería injusto, pero sí viene al caso en relación con la nueva ley, que para el sector aprobó el Congreso.
Dicha ley aborda, desde una perspectiva completamente diferente a la actual, las funciones del Estado y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el de las empresas privadas y sus agentes de seguridad. A partir de ahora, las labores en materia de seguridad ciudadana, podrán ser ejercidas, indistintamente, por unas y otras y el criterio para determinar quién sea, podrá ser el económico, es decir, lo que resulte más barato.
¿Qué cambios notará con ello el ciudadano? Lo más evidente es que en calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil. El anteproyecto contemplaba esta posibilidad en calles peatonales como Preciados. Ahora, tras el acuerdo del Partido Popular con Convergencia i Unió, podrán hacerlo también en cualquier espacio o vía pública que previamente se autorice. Por tanto, los vigilantes podrán detener, cachear e identificar a los ciudadanos en cualquiera de ellos, lo que alarma a la mayoría, porque no es lo mismo que te dé el alto un policía o un guardia civil, que te lo dé un vigilante privado. Es más, aunque sea con carácter excepcional, hechos semejantes a los de Torrevieja, podrían repetirse en el futuro, en cualquier calle o plaza española. Las grandes empresas privadas de seguridad están de enhorabuena, son las principales beneficiadas con esta ley. Pero no sólo por la ampliación del negocio que les posibilita, sino también por el control, casi absoluto, que les da en materia de formación y selección de sus trabajadores.
La calidad del empleo y la consideración social de los trabajadores del sector, podrían haberse mejorado notablemente si se hubiera admitido la propuesta socialista de que el Ministerio de Educación fuera el encargado de establecer el itinerario curricular y la titulación necesaria para servicios de vigilancia y seguridad privada y que esas enseñanzas se impartieran en los centros de Formación Profesional, de Educación Secundaria, en lugar de hacerlo en los centros formativos de las propias empresas del sector apenas tendrán además menor control administrativo. En resumen, con esta ley, el Gobierno del PP cambia el tradicional liderazgo de lo público en la seguridad de los españoles ampliando desmesuradamente el negocio de las empresas que se dedican a ella.
Incapaz de solucionar los problemas reales de España, el paro, los recortes del Estado de Bienestar, el empobrecimiento? inventa ahora el de la seguridad para dejar de concebirla como un derecho. Eso sí, la convierte en una oportunidad de negocio, en una mercancía que podrá venderse por razones presupuestarias o comprarse para impulsar el principio tan querido por los conservadores de que cada uno tenga la seguridad que pueda pagarse.
