Doctor En Filosofía 16.01.2014 | 02:00
Uno de los rasgos definitorios del Estado, según el célebre filósofo y sociólogo Max Weber, es que se trata de una institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. En mi opinión, más que la violencia legítima, la violencia sobre la que el Estado se arroga la exclusividad es, en realidad, la legal, porque si el propio Estado, que es una entidad esencialmente violenta, carece de legitimidad, pues jamás el individuo encontrará razones morales que le lleven a entregar su libertad al Estado, la violencia que pueda ejercer no será nunca legítima. Sea como fuere, dicho monopolio parece que tiene los días contados, al menos en España. Y es que el Gobierno del PP pretende autorizar a las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales ya operan en edificios públicos, a realizar servicios también en la vía pública, lo que hasta ahora venía siendo una función exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado.
La medida de marras tiene a la progresía soliviantada porque, en su opinión, los agentes de seguridad privados no tienen ni de lejos la misma formación que los agentes de la policía o la guardia civil. Con tan escasa formación, dicen, los ciudadanos se verán perjudicados en el trato recibido y, en definitiva, habrá una menor garantía de los derechos individuales. Mas si ese fuera el problema, entonces con exigirles más formación a los empleados de las empresas privadas de seguridad el asunto estaría resuelto. El verdadero problema que se ventila radica en que poner, siquiera sea en parte, la seguridad en manos de empresas privadas deja al Estado, aún más, a merced de los intereses empresariales que muy bien pudieran ser distintos, aun contrapuestos, a los intereses de la ciudadanía. Y si ello se lleva a cabo por iniciativa del propio Estado, a través del Gobierno, entonces todo apunta no tanto a un desmantelamiento del Estado, sino a la privatización parcial de una de sus funciones principales que a buen seguro redundará en el beneficio de los amiguetes de los miembros del Gobierno que se dediquen a esos menesteres. Para decirlo con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, de lo que se trata es de "ayudar a que se consolide un sector económico".
Las explicaciones del Gobierno, ya digo, deberían dejar más tranquilos a todos los que se preocupan por los derechos de los ciudadanos, mas no tanto a quienes les interese saber en qué se gasta el dinero público. Y es que si de lo que se trata es de violar derechos fundamentales, no hace ninguna falta que se privatice la seguridad. Para eso el Estado ha demostrado tener recursos más que suficientes, ya sea para espiar a los ciudadanos, desahuciarlos o agredirlos brutalmente, por poner algunos ejemplos, como se ha constatado en demasiadas ocasiones. Recursos que si nadie lo remedia se verán incrementados con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, que más bien debiera denominarse ley de inseguridad ciudadana porque deja a los ciudadanos indefensos ante el Estado. De este atentado en potencia, que diría Aristóteles, contra los derechos humanos hablamos otro día, antes de que se convierta en atentado en acto y ya no podamos hablar.
