Los vigilantes podrán detener con la nueva Ley de Seguridad Privada.
La Ley de Seguridad Privada aprobada en el pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, ha introducido novedades, como la posibilidad de que los Vigilantes Privados puedan identificar y detener a personas en la vía pública con la autorización pertinente. Éste hecho ha sido rechazado por la Unión Federal de Policía, además de algunos partidos políticos.
El texto pasará ahora al Senado para su aprobación tras haber transcurrido ocho meses desde que el Gobierno aprobara el primer borrador. En total, se han introducido más de setenta enmiendas al texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CIU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural. Los que se oponen a ella consideran que supondría una preocupante “ruptura” de la concepción de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La enmienda relativa a las competencias de empresas de seguridad privada permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos, con la autorización pertinente.
Horas después de su aprobación, el Ministerio del interior ha explicado a través de un comunicado que, según el proyecto de Ley de Seguridad Privada, los vigilantes privados sólo podrán detener en la vía pública a quien cometa un delito y deberán ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado. Interior señala que los vigilantes nunca podrían realizar interrogatorios, ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias y añade que las detenciones serán practicadas sólo si la persona ha cometido el delito en el ámbito de protección del vigilante, es decir, el lugar que custodia.
Para el PSOE cuando interviene un vigilante de seguridad la “tranquilidad no es la misma”, y por ello cree que la decisión supone convertir a la seguridad privada en “una oportunidad de negocio”. Además de ser preocupante el poder que concentrarían las empresas de seguridad privada, con la nueva ley podrían tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, ha advertido, “iría aparejado a una reducción salarial en todas las empresas”.
Por otro lado, la Unión Federal de Policía (UFP) se ha mostrado “radical y taxativamente en contra” del proyecto de ley de seguridad privada al considerar que es “gravísimo” e “ignominioso” que los vigilantes de seguridad puedan “patrullar por zonas públicas” o en el exterior de las cárceles armados. El secretario general de la UFP, Javier Arrillaga, ha explicado que el sindicato recibió el texto del proyecto de ley el pasado 23 de septiembre y tras analizarlo publicó una circular en la que expresaban ese rechazo, a la que siguió otra en la que “se desmontaba el supuesto ahorro económico que supondría esa medida”.
