Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma en 2014.
Vigilancia 24 horas, transporte de recaudaciones de bancos, alarmas de comercios y viviendas... El sector de la seguridad privada factura cada año miles de millones de euros en España. Según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal del sector, la facturación en 2014 ascendió a 3.384 millones a nivel nacional. De ellos, algo más de 74,4 millones se generaron en Aragón.
Pese a estas cantidades millonarias, la realidad es que la seguridad privada (de la que viven miles de familias ya que sólo la cifra de vigilantes privados supone cerca de 76.000 empleos) acumula una caída de la facturación del 24% desde el año 2009, una bajada que fue muy acusada en 2012 pero que el año pasado consiguió amortiguar. En 2014, tanto la vigilancia como el transporte de fondos retrocedieron la facturación en tasa interanual y solo la instalación de sistemas de alarma aumentó las cifras de negocio (algo más de un 3,5% con respecto a 2013) y ya supone 973 millones para el sector en todo el país.
En España, más de 1,5 millones de comercios y viviendas tienen instalada una alarma, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Del total de instalaciones, en Aragón se ubican algo más de 33.000. Hay establecimientos (como las entidades financieras, las farmacias o las salas de juegos de azar) que están obligados a contar con estas medidas de seguridad, pero un buen número de contratos tienen más que ver con la voluntad de los particulares de proteger sus bienes.
Interior publica cada año, desde el ejercicio 2007, el total de alarmas contratadas y las altas y bajas que se registran anualmente pero hasta ahora nunca había ofrecido datos regionalizados. Las estadísticas revelan que en los primeros años de crisis económica los robos en viviendas registraron un repunte importante y se produjo una importante demanda de alarmas.
Precisamente el verano es una época tradicional de asalto a viviendas vacías y las empresas de seguridad suelen registrar un pico de contrataciones de sistemas de alarma. Según una encuesta realizada por Sondea para Securitas, una de las empresas líderes del sector, casi un 70% de los españoles reconoce que cuando se marcha de vacaciones es cuando más teme sufrir un robo en su vivienda y tres de cada cuatro consideran que los chalets son el objetivo principal de los ladrones.
Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma, aunque en la mayoría de los casos se trató de falsos avisos. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, el año pasado en la Comunidad la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 2.918 robos con fuerza y violencia en hogares y establecimientos comerciales de Aragón.
De esos casi 3.000 robos, las fuerzas de seguridad lograron esclarecer 759 casos y detuvieron por ellos a más de 700 personas.
Casi 1.500 empresas de seguridad en España
Al cierre de 2014, había en España un total de 1.539 empresas dedicadas a la seguridad. En ocho de cada diez casos se trataba de pequeñas compañías que no superaban el medio centenar de trabajadores.
La actividad de las empresas de seguridad privada es seguida de cerca por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Policía Nacional. El año pasado se realizaron más de 32.000 inspecciones en toda España (960 en Aragón) para comprobar que se respetaba la legalidad vigente. El resultado de esta vigilancia fue la apertura de 4.104 expedientes sancionadores (403 de carácter muy grave) cuyo valor económico superó los 4,4 millones de euros.
Las previsiones de cierre de negocio para este ejercicio “siguen siendo negativas” en el área de vigilancia según informan desde Aproser, perola situación del sector podría estabilizarse “e incluso comenzar una tímida recuperación” gracias al resto de áreas.
Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas para sobrevivir, según el diagnóstico de la patronal, se resumen enintrusismo, competencia desleal, inseguridad jurídica o los bajos precios de licitación del sector público, que supone un 18% de la facturación total del sector.
