Así lo expresó en La Trapera de Radio San Borondón el portavoz de USO Canarias, Basilio Febles
SB-Noticias.- Basilio Febles (USO Canarias) denuncia el crecimiento y consolidación en el mercado de Seguridad Integral Canaria a costa del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, de un retraso e incluso incumplimiento de las obligaciones salariales y con el fisco y de una actividad continua de socavamiento de la labor sindical, todo ello aderezado con un cuidadoso lavado de imagen pública y una buena agenda de relaciones que exhibe sin pudor su propietario Miguel Ángel Ramírez.
Cabe recordar que ADIF ha asignado un concurso a Seguridad Integral Canaria (SIC) por 10 millones de euros para la seguridad de las instalaciones ferroviarias en el sur de España, Andalucía y Extremadura.
Sobre la situación de SIC, Febles manifiesta que el mercado canario no permite un crecimiento mayor de la empresa y que es coincidiendo con la llegada al gobierno del PP que la empresa ha experimentado la mayor expansión en el sur de la península y no parece que haya indicios de que esto vaya a cambiar sino que al contrario, prevé un relanzamiento de SIC en el mercado internacional, principalmente en hispanoamérica.
Esta proyección de SIC está firmemente anclada en el incumplimiento sistemático y deterioro progresivo de las condiciones laborales: Las reticencias e impagos de los abonos de los salarios de los trabajadores sitúa a la empresa de Miguel Ángel Ramírez en una posición de ventaja frente a otras empresas más pequeñas que sí cumplen, esto está propiciado por la obsesión de resolver a la baja los concursos, única preocupación de los dirigentes del PP, en el gobierno y en otras administraciones.
Otros factores que inciden en el crecimiento económico de la empresa son la planificación y publicidad de mejoras laborales con motivo de las concesiones y con anterioridad a las mismas que se abandonan una vez gana el concurso, así como situar a personas de confianza en el comité de empresa que limiten la autonomía en las decisiones del mismo.
Para evitar el impacto en las condiciones laborales que tal política supone propone y exige un mayor control por parte del gobierno a las empresas adjudicatarias de concursos, no sólo previamente a la concesión sino también después de la adjudicación, vigilando que se cumplan los compromisos adquiridos, que se pague debidamente a los trabajadores y no se toleren las desviaciones fiscales.
Aunque por parte de Seguridad Integral Canaria hay un esfuerzo constante por mostrar una cara lo más amable posible, Febles aclara que solamente se trata de un lavado de imagen, ya que no se está dando un cambio real en la política de la empresa y no por ello deja de mostrarse esperanzado en que la situación acabará por resolverse como es debido y finalmente se hará justicia con los trabajadores y con la empresa, que actualmente se encuentra en calidad de imputada ante los juzgados y tribunales
Sobre la situación de SIC, Febles manifiesta que el mercado canario no permite un crecimiento mayor de la empresa y que es coincidiendo con la llegada al gobierno del PP que la empresa ha experimentado la mayor expansión en el sur de la península y no parece que haya indicios de que esto vaya a cambiar sino que al contrario, prevé un relanzamiento de SIC en el mercado internacional, principalmente en hispanoamérica.
Esta proyección de SIC está firmemente anclada en el incumplimiento sistemático y deterioro progresivo de las condiciones laborales: Las reticencias e impagos de los abonos de los salarios de los trabajadores sitúa a la empresa de Miguel Ángel Ramírez en una posición de ventaja frente a otras empresas más pequeñas que sí cumplen, esto está propiciado por la obsesión de resolver a la baja los concursos, única preocupación de los dirigentes del PP, en el gobierno y en otras administraciones.
Otros factores que inciden en el crecimiento económico de la empresa son la planificación y publicidad de mejoras laborales con motivo de las concesiones y con anterioridad a las mismas que se abandonan una vez gana el concurso, así como situar a personas de confianza en el comité de empresa que limiten la autonomía en las decisiones del mismo.
Para evitar el impacto en las condiciones laborales que tal política supone propone y exige un mayor control por parte del gobierno a las empresas adjudicatarias de concursos, no sólo previamente a la concesión sino también después de la adjudicación, vigilando que se cumplan los compromisos adquiridos, que se pague debidamente a los trabajadores y no se toleren las desviaciones fiscales.
Aunque por parte de Seguridad Integral Canaria hay un esfuerzo constante por mostrar una cara lo más amable posible, Febles aclara que solamente se trata de un lavado de imagen, ya que no se está dando un cambio real en la política de la empresa y no por ello deja de mostrarse esperanzado en que la situación acabará por resolverse como es debido y finalmente se hará justicia con los trabajadores y con la empresa, que actualmente se encuentra en calidad de imputada ante los juzgados y tribunales
