Santa Cruz abrirá un expediente a la empresa que vigila sus instalaciones

El alcalde de la capital anuncia que el inicio del expediente a Seguridad Integral Canaria será inminente, tras tener conocimiento de las irregularidades cometidas con sus empleados.

Costó llegar a un consenso, pero al final se impuso la mesura. El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió ayer abrir un expediente a la empresa de seguridad que se encarga de vigilar las instalaciones municipales, Seguridad Integral Canaria, tras tener constancia de las irregularidades cometidas con sus empleados desde al año 2013. El inicio del expediente se aprobará "en la próxima Junta de Gobierno", precisó el alcalde, José Manuel Bermúdez.

El acuerdo forma parte de una moción aprobada por el pleno, en su origen presentada por Sí se Puede, pero que enmendó finalmente el grupo de gobierno.

Por un lado, el consistorio requiere a la mencionada empresa, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, a cumplir "de inmediato" las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, y, por otro, fija el inicio del expediente para determinar el incumplimiento de las condiciones del contrato y, en su caso, a adoptar las penalizaciones correspondientes. Es decir, que no se descarta ni una sanción económica ni la rescisión del acuerdo con el consistorio. Serán los servicios de Contratación los que tomen la decisión.

Gilberto Bethencourt, secretario de Relaciones Institucionales de USO-Canarias , relató durante la sesión plenaria los "reiterados" retrasos en el pago de las nóminas -una situación que se produce desde 2013-, y las consecuencias en los trabajadores que de ello se derivan. Por ello pidió la resolución del contrato.

Un argumento que también secundó Pedro Fernández Arcila (SSP) y con el que Ramón Trujillo, de IU, fue aún más allá: "Debería estar vetada en las administraciones públicas".

El 75% de la plantilla de Seguridad Integral en la capital cobra con retraso

Una treintena de trabajadores de los 40 que conforman la plantilla de Seguridad Integral Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sufren “de forma sistemática”, retrasos en el cobro de su nómina, que en algunos casos llega a abonarse sobrepasada la primera quincena del mes. Ayer, Sí se puede, junto al sindicato USO-Canarias, hicieron pública esta denuncia sobre los problemas que los trabajadores vienen sufriendo desde que la empresa se hiciera cargo de la vigilancia de las sedes municipales en 2013. Fruto de esta denuncia es la moción que Pedro Fernández Arcila presentará mañana en el Pleno, en la que solicitará que el Ayuntamiento interceda, como concesionario, para que exija el cese de en la vulneración de este derecho básico. Además, la formación pide que proceda a sancionar a la entidad de acuerdo al pliego de condiciones del contrato.

Según explicó el secretario de USO- Canarias, sindicato mayoritario en Seguridad Integral Canaria, José Ramón Rodríguez, esta situación ha sido denunciada ante la Inspección General de Trabajo, desde donde se ha reconocido el “riesgo psicosocial” que sufren estos trabajadores. El citado órgano ha dado dos meses de plazo a la empresa para que evalúe los daños que esta irregularidad entraña y subsanarla. Añadió Rodríguez que tiene constancia de que algunos trabajadores se han visto obligados a recurrir a los servicios sociales ante la falta de pago de sus nóminas y afirmó que los que más afectados son los que se han mostrado más comprometidos con el sindicato.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, salía al paso de esta denuncia asegurando, en primer lugar, que todas las empresas concesionarias en Santa Cruz cumplen con la ley de contratos del Estado para, a continuación, confirmar que se ha puesto en contacto personalmente con algunos trabajadores de Seguridad Integral para conocer de primera mano su situación. Según Martínez, “me han constatado los retrasos aunque matizaron que no se debe ninguna mensualidad”. El edil afirmó que se ha dirigido por carta a la empresa para que solvente esta situación y pague la nómina entre el 1 y el 5 de cada mes como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Eloy Cuadra (Plataforma por la Dignidad) y José Luis Guzmán (Plataforma 29-E), denunciaron que son muchas las empresas concesionarias que vulneran los derechos de su trabajadores. Hicieron especial referencia a la adjudicataria del comedor del albergue, que despidió a una trabajadora por coger pan y queso, y a Urbaser, de la que, dicen, no cumple con la protección de riesgos laborales.

Petición para que se suspendan todas las licitaciones de servicios públicos

Las plataformas por la Dignidad, 29-E y Viera y Clavijo, presentaron ayer un escrito en el que solicitan la paralización de las licitaciones de servicios públicos en marcha, 13 este año, hasta que se trasponga la directiva europea que afecta a la contratación pública, que permite la intervención de los licitadores públicos, antes y después de haberse adjudicado el servicio,y que está vigente desde hace un mes. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la solicitud presentada.

Los trabajadores de Seguridad Integral Canarias en Undía+. Esta empresa presta servicios al Ayto. SC.

El Secretario de Ralaciones Institucionales de la FTSP-USO Canarias, Gilberto Hernández, dirigiéndose al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El Secretario de Ralaciones Institucionales de la FTSP-USO de Canarias, Gilberto Hernández, dirigiéndose al pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Hemos puesto de manifiesto  el daño causado a todo el sector y sobre todo a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria que padecen todo tipo de vejaciones laborales y económicas por parte de esta empresa.

Nos han comunicado desde el Ayuntamiento, que abrirán un expediente informativo para depurar responsabilidades.

Desde la FTSP-USO no cejararemos en nuestra lucha contra las empresas pirata y contra las Administraciones que las  contratan.

Cada vez somos más los trabajadores y dirigentes de la FTSP-USO dispuestos a dar la batalla.

Ante el asombro de la prensa y del pleno dos concejales sacan el cartel de la USO contra las empresas pirata.

Ombuds, la mejor colocada en el macroconcurso de seguridad de 50 millones de Patrimonio Nacional

Hace algunos días se abrieron las plicas y se calificaron las ofertas que deberán prestar sus servicios en el Palacio Real, El Pardo, Aranjuez, El Escorial, Lanzarote, Sevilla, Cáceres, Valladolid y Mallorca.

Las empresas Ombuds, Securitas, Integral Secoex/Teliman y Segur Ibérica se perfilan como las ganadoras del macroconcurso que ha convocado Patrimonio Nacional para la seguridad y atención al público en sus principales sedes por un importe de 49,4 millones de euros. Tras la apertura de ofertas Ombuds logró la mejor puntuación en Madrid, El Pardo, Aranjuez, Valladolid y El Escorial. Securitas está calificada para Mallorca y Lanzarote y Segur Ibérica para Sevilla. La candidata de Cáceres es Secoex/Telimán.

Ahora deberán estudiarse las ofertas y proceder a la adjudicación definitiva. Patrimonio Nacional convocó este concurso tras haber sido autorizado por el Gobierno. El importe estimado del contrato asciende a 49.443.788,00 euros e incluye los años 2016, 2017 y 2018. Se incluye una posible prórroga por dos años más.

El Gobierno exige que “la prestación de este servicio se realice mediante 

la presencia física de vigilantes de seguridad"

Hace algunos días se abrieron las plicas y se calificaron las ofertas que deberán prestar sus servicios en el Palacio Real, El Pardo, Aranjuez, El Escorial, Lanzarote, Sevilla, Cáceres, Valladolid y Mallorca. Las ofertas de Burgos y Segovia han quedado desiertas. En total el concurso estaba dividido en 11 lotes, uno por cada lugar donde hay propiedades de Patrimonio. Han concurrido algunas de las empresas más importantes del sector. Pero también se han presentado algunas que han estado rodeadas de la polémica como Seguridad Integral Canaria, que no ha logrado adjudicaciones.

Hace algunos años fue muy criticado que Patrimonio contratara con esta compañía que había sido acusada de defraudar a Hacienda. Los sindicatos de Patrimonio se han quejado de que estos concursos pretenden sustituir el personal de la casa por contratados que cobran menos y no pertenecen a la plantilla. Acusan a la gerencia de no cubrir las plazas que deberían salir a concurso. El contrato, según informó el Gobierno el pasado 11 de marzo, “pretende preservar la seguridad exterior e interior de los bienes muebles e inmuebles de distintas Delegaciones y Reales Patronatos del Patrimonio Nacional”.

El Gobierno exige que “la prestación de este servicio se realice mediante la presencia física de vigilantes de seguridad, con utilización de tecnologías de vigilancia que garanticen la seguridad, tanto de los propios bienes, como del personal, usuarios y visitantes”. La convocatoria pedía “el manejo de los sistemas de seguridad actualmente existentes y los de información y atención al visitante de los espacios museísticos, de modo que se garantice la máxima calidad de la visita”. También se incluía la contratación de los auxiliares de sala.

Instalación de Cámaras de Seguridad en espacios públicos de titularidad privada

La Agencia Española de Protección de Datos, a través de sus guías, informes y resoluciones, se ha posicionado siempre en contra de la grabación de imágenes de la vía pública desde instalaciones de videovigilancia privadas. La seguridad en los espacios públicos, corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ahora bien, por las características de algunas instalaciones, para la protección y custodia de los espacios privados mediante cámaras de seguridad, es necesario grabar los accesos a garajes o portales, por lo que aunque la cámara de vigilancia esté instalada en el interior de la Comunidad de Propietarios, resulta inevitable la captación de parte de la vía pública. En estos casos excepcionalees, la Instrucción 1/2006 desarrolla en su artículo 4.3.:

“Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida”.

Para poder aplicar esta excepción, no deberá existir la posibilidad de una instalación alternativa en la que no se capte la vía pública y en todos los casos se deberán respetar los principios de NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

Aclarado esto… ¿qué sucede con los espacios públicos de titularidad privada?

Lo primero que debemos que tener en cuenta es ¿qué se considera “vía pública” o “espacio público”? La legislación no lo define, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos en su resolución R/02340/2012 acude a la Real Academia para definirlo:

“Que se deba entender por espacio público, concepto que parece englobar a la vía pública, no se define en la norma, pero en el Diccionario de la Real Academia en versión web, define vía pública como: ”Calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público”, sin mencionar titularidad alguna, es decir al margen de la definición jurídica. Y debe insistirse en que la titularidad privada de un terreno abierto no justifica per se la realización de grabaciones de imágenes en el caso de que se trate de un “lugar público”, como señala la repetida Ley 4 /1997”.

Según la Agencia, la captación y grabación de imágenes de personas identificables en un lugar con acceso público y libre, que no permanece cerrado en ningún momento y no existen restricciones para su uso o tránsito, tendrá la consideración de “espacio público” con independencia de su titularidad y por lo tanto, la instalación de videovigilancia en estos espacios será competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

“La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”.

“la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados, encomendando la prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos".

Con estas características, podemos encontrar los jardines o soportales de una Comunidad de Propietarios o las calles de algunas urbanizaciones. Aunque el terreno pertenezca a la Comunidad (titularidad privada), si se encuentran permanentemente abiertos al público sin ninguna restricción, tendrán la consideración de espacios públicos.  

LA EXCEPCIÓN:

Tanto Seguridad Privada, como la Agencia Española de Protección de Datos se ponen de acuerdo a la hora de señalar la excepción respecto al uso de videovigilancia con fines de seguridad privada en espacios públicos:

La Ley de Seguridad Privada, en su Artículo 42 sobre los Servicios de Videovigilancia indica:

“No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso”.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datosm en su Resolución R/00818/2012 de 18 de mayo recalcó:

“el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

CONCLUSIÓN:

Si un espacio (jardín, calle, soportal…) se encuentra permanentemente abierto al público, tendrá la consideración de “espacio público” independientemente de su titularidad y la instalación de cámaras de seguridad en ése espacio será competencia exclusiva de las Fuerzas de Seguridad, salvo que exista una autorización por el órgano competente.

Condenan a una empresa a pagar más de 44.000 euros por acoso a un trabajador discapacitado

La víctima., discapacitado intelectual, sufrió abusos y agresiones

Le llamaban "tonto e imbécil" e incluso le arrojaban objetos

El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid ha condenado a una empresa a indemnizar con más de 44.000 euros a un trabajador discapacitado por acoso y agresiones. En una ocasión, le ataron a una silla y le taparon la cabeza con una bolsa. 

Así consta en una sentencia, en la que se estima la demanda presentada por la víctima en diciembre de 2015 y condena a Servicios Securitas S.A. a que le abone una indemnización de 21.727 euros, más la suma de 23.164 euros en concepto de daños y perjuicios. 

Según ha adelantado la Cadena Ser,, discapacitado intelectual, desde el 16 de junio de 1997 prestaba servicios en el servicio de distribución de correspondencia y paquetería que la comunidad de propietarios de Torre Picasso ha contratado con diversas empresas. 

Desde el 1 de mayo de 2008 hasta en la actualidad, trabajaba para la empresa demandada. Los problemas surgen en 2012, cuando se incorporó el hijo de su jefa. Desde entonces, éste si se equivocaba en sus encargos le llamaba "tonto e imbécil" e incluso le tiraba a la cara gomas, bolas de papel y clics. 

La situación se agravó y en 2015 el afectado confesó a su hermana que le pegaban puñetazos en los brazos. Al comprobar los moratones, le hicieron fotografías y llamaron al SUMMA, que confirmó que sufría maltrato físico. 

En una de las charlas con la psicóloga, el hombre relató cómo un día le habían atado a una silla y le habían tapado la cabeza con una bolsa. Mientras le grababan le soltaron para darle champán. 

En los fundamentos de derecho, el juez da por probado los hechos demandados conforme a la testificar del juicio y la pericial practicada en el mismo.

La Comunidad de Madrid permite licitar a 'empresas piratas' (Marsegur y Sinergia) para la seguridad en sus Consejerías

La Administración autonómica ha permitido a las empresas Marsegur y Sinergia licitar para la adjudicación de las labores de vigilancia en las Consejerías madrileñas a pesar de no cumplir con el Convenio Colectivo Estatal del sector.

La entrada de estas compañías en la competición pública supone la ruptura por parte del Gobierno autonómico de la promesa hecha a los trabajadores del sector tras las concentraciones del 3 de marzo frente a la Asamblea madrileña, al garantizar que no se tendría en cuenta las ofertas que no cumplieran el convenio sectorial.

Sin embargo, ambas compañías han pasado el primer corte del concurso -que evalúa los requisitos técnicos y económicos- y se postulan como principales candidatas de cara a la adjudicación final vía costes.

“La Comunidad de Madrid dice que el Convenio Estatal sólo se valora de cara al concurso pero no es excluyente. Aunque estas empresas pierdan algunos puntos por no cumplirlo ganan muchos más por la reducción en costes económicos. No entendemos que hace menos de dos meses nos dijeran durante la huelga que no se tendrían en cuenta estas empresas y ahora nos llaman para avisar de que han pasado de fase”, señalan fuentes sindicales.

Las conocidas como “empresas piratas” dentro del sector son aquellas que han optado por pagar a sus trabajadores por debajo del salario del convenio para ahorrar en costes y poder presentarse a los concursos con ventaja.

En estos casos, los empleados reciben una media de 700 euros al mes en lugar de los 1.100 euros que les corresponden por acuerdo, hasta un 30% menos. Según los datos de la Unión Sindical Obrera (USO), estas empresas podrían haber defraudado hasta 80 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de estas prácticas.

Precisamente, desde esta organización se han interpuesto diferentes denuncias contra estas empresas en relación a delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo o fraude a la Hacienda pública y a la Seguridad Social.

La última de ellas fue fallada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de USO, declarando la inaplicación de los artículos referentes a retribuciones de los trabajadores en el convenio de la empresa Marsegur, cuya vigencia estaba prevista hasta 2018.

Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno popular hace la vista gorda con este tipo de compañías, tras adjudicar el servicio de vigilancia del BOE en Madrid, dependiente del Ministerio de Presidencia, a Sinergias, la otra empresa candidata para la seguridad privada de las Consejerías.

Las fuentes sindicales han reconocido a SABEMOS que no pueden impugnar dicho concurso al tratarse de actores externos, pero esperan que alguna de las empresas afectadas –que sí se ajustan al Convenio Estatal- se encargue de tomar medidas por la vía administrativa.

“No es justo que el resto de empresas partan en desventaja de cara a los concursos por cumplir la ley, esto hay que regularlo. Ya se está moviendo un proyecto no de ley para 2017, pero poco se puede hacer en esta ocasión”, añadían.

«Asturias es el lugar más seguro del mundo»

El delegado del Gobierno presidió en Oviedo los actos del 172 aniversario de la Guardia Civil donde agradeció la labor de las fuerzas de seguridad

Gabino de Lorenzo dice que «vamos a coger» a la banda itinerante que asaltó varias viviendas

El delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, aprovechó ayer su intervención en los actos del 172 aniversario de la Guardia Civil, celebrados en el acuartelamiento ovetense de El Rubín, para dejar claro que «Asturias es uno de los lugares más seguros del mundo». Salió así al paso de las estadísticas sobre la comisión de infracciones penales durante el primer trimestre del año y que señalaban que en Asturias había un importante incremento de los robos con fuerza en viviendas.

De Lorenzo indicó que «puede ser que en un tiempo determinado una tipología de delitos aumente y otras disminuyan, pero quien refleja la delincuencia que hay es la tasa de criminalidad» -número de infracciones penales por cada mil habitantes-. Y a ella se refirió, indicando que la peor parada durante el primer trimestre fue Baleares, con 60,5, mientras que la mejor fue Extremadura, con 24,7. La segunda mejor nota fue para Asturias, con 25,4 infracciones penales por cada mil habitantes, es decir, 18 puntos por debajo de la media nacional. Ante estos datos, el delegado del Gobierno dijo que «la conclusión es que Asturias, junto a Extremadura, es la región más segura de España y como España es uno de los países más seguros de Europa y del mundo, Asturias es uno de los lugares más seguros del mundo. Y como asturiano les digo gracias a la Guardia Civil y de forma especial a la Policía Nacional», pero tampoco se olvidó de la aportación de la Policía Local y la seguridad privada.

No obstante, Gabino de Lorenzo dio la razón al comisario de Policía de Gijón, Dámaso Colunga, quien afirmó anteayer que los responsables del incremento de los robos con fuerza en viviendas son los integrantes de una banda itinerante de rumanos. El delegado del Gobierno indicó que «les aseguro que les vamos a coger y habrá un descenso en la criminalidad. Eso siempre fue así históricamente».

«Privilegiada situación»

En su alocución tuvo palabras de reconocimiento para los tenientes coroneles Francisco Javier Puerta y Luis Germán Avilés, responsables de las comandancias de Gijón y Oviedo, respectivamente, y el coronel Francisco Javier Almiñana, jefe de zona de Asturias, así como su a predecesor, el coronel Martínez Raposo, que dejó Asturias hace un año. Pero también para el comisario jefe de Policía en Asturias, Ignacio José Díaz Salazar, y su antecesor, Baldomero Araújo, porque todos ellos «contribuyeron a que tengamos esta privilegiada situación en Asturias».

Asistieron al acto de aniversario de la Benemérita, entre otros, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, de quien De Lorenzo dijo «no falla nunca; hay que ponerlo en plantilla»; políticos como Vicente Álvarez Areces, Antonio Trevín, Ignacio Prendes, Fernando Goñi, Ovidio Sánchez, Ramón García Cañal y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López; representantes de la judicatura, como Ignacio Vidau, Esther Fernández, José Antonio Soto y Bernardo Donapetri, y del ámbito militar, el delegado de Defensa, Vicente Bravo Corchete; el comandante de Marina, Fernando Brinquis, y el coronel jefe de Cabo Noval, Raimundo Rodríguez Roca.

También tomó la palabra Francisco Javier Almiñana, máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias, quien destacó la relevancia que ha llegado a tener la Benemérita al indicar que «es requerida para formar a otros cuerpos policiales nacionales y extranjeros, y para intervenir en misiones internacionales».

La Guardia Civil fue fundada en 1844 y 17 años más tarde se constituyó la comandancia de Oviedo. Fue tras la guerra civil cuando se creó la de Gijón. El coronel Almiñana aseguró que «en la actualidad es la institución española con más alta valoración en confianza por los ciudadanos». El acto de aniversario culminó con la entrega de distinciones, el acto de despedida a la bandera del personal retirado en 2015 y 2016, el homenaje a los caídos y un desfile en el que participaron representantes de los distintos departamentos de la Guardia Civil asturiana y la banda de gaitas y cornetas del acuartelamiento Cabo Noval.

Murcia: Profesionales de la seguridad comparten sus experiencias

Policías y guardias civiles entregan menciones a 75 vigilantes, guardas, técnicos y detectives del sector privado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las empresas de seguridad celebraron ayer el XI Día de la Seguridad Privada un acto conjunto en el que intercambiaron experiencias. La jornada tuvo lugar en la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y contó con una jornada técnica, inaugurada por el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, y la que asistieron el presidente de Fremm, Juan Antonio Muñoz, y la presidenta de la Asociación Regional de Empresas de Seguridad, Encarna Ortiz.

La celebración evidenció, según Fremm, «la relación y entendimiento para velar por la protección de los ciudadanos que existe entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Región y las empresas de vigilancia.

La jornada técnica reunió a expertos en yihadismo, en la amenaza nuclear, radiológica, biológica y química y en el sistema de intervención operativa de la Guardia Civil aplicado a la seguridad privada, al igual que sobre la videovigilancia y los retos de la seguridad privada.

Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entregaron sus menciones anuales en reconocimiento a la colaboración durante sus servicios a 75 vigilantes de seguridad, guardas particulares del campo, técnicos de seguridad y detectives.

Avalancha de demandas de empresas que cotizaron de más hasta este año

La Seguridad Social niega las peticiones para recuperar el dinero indebidamente cobrado, pero los tribunales están avalando que se devuelva.

Las empresas que cotizaron de más por sus trabajadores hasta 2016 preparan una avalancha de demandas para recuperar los ingresos indebidos en la Seguridad Social de los últimos cuatro años, en concreto, desde abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015. Así lo cuentan sus abogados y así lo muestran varias sentencias que han estimado sus reclamaciones, ya que la Seguridad Social las deniega.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 establecen que "cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las enumeradas en el Cuadro II [oficinas, representantes de comercio, personal de oficio en reparaciones en edificios y obras, conductores de transporte de mercancías con capacidad de carga, personal de limpieza y vigilantes de seguridad] el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro para la ocupación de que se trate", de ser diferente al correspondiente por la actividad principal de la empresa.

Hasta ahora, las empresas elegían la fórmula de cotización y en ocasiones cotizaban de menos por trabajadores con un rango o unas actividades que exigirían mayor aportación. Pero es que con el cambio de criterio algunos sectores, como el de transporte de mercancías, y determinadas empresas han descubierto que cotizaron de más.

En el caso del transporte, estas compañías han pagado a la Seguridad Social un 6,7% de cotización, tres puntos más de lo debido, cuando este tipo sólo es aplicable a las empresas que tienen en sus plantillas a conductores de vehículos pesados, pero cuya actividad principal no es el transporte por carretera. Esto es lo que se deduce de unas recientes sentencias de la Audiencia Nacional que están sirviendo de base para las solicitudes de devolución, trasladan desde Hispajuris.

Prosegur frena en seco tras "conquistar máximos de forma injustificada", según UBS

Prosegur ha interrumpido bruscamente el vertical rally alcista que protagoniza desde principios de año después de que UBS haya asegurado que esta escalada de cerca del 30% ha llevado a sus acciones a conquistar máximos "de forma injustificada".

La firma de inversión suiza ha frenado a la empresa de seguridad, que ha abierto la sesión de hoy con caídas que superaban el 4%, porque aún "se enfrenta a problemas estructurales".

En los primeros meses de 2016, la compañía ha cotizado con entusiasmo el mejor tono de los resultados del primer trimestre del ejercicio, el relevo en el gobierno en Argentina, donde consigue más de un 20% del total de su cifra de negocio, y el mejor escenario en Brasil, que supone otro 20% de sus ingresos totales.

Pero los repuntes han llevado a sus acciones a cotizar "en niveles exigentes", según advierte también JP Morgan.

Continuidad por técnico

Desde el punto de vista técnico, Carlos Almarza, estratega de JM Kapital y analista de Ecotrader, sigue confiando "en un escenario de continuidad alcista", a pesar de puntuales retrocesos como el de hoy.

"La superación de los 5,46 euros provocó que marcara un nuevo máximo creciente y que alcanzara sus altos históricos", observa el experto, quien detalla que, ante esta demostración de fortaleza, "las caídas a corto plazo encajan con simples figuras de vuelta a resistencias superadas" y que no será puesta en cuestión la continuidad de las alzas "siempre y cuando no pierda los 5,10 euros".

El TSJC nombra una misma instructora para los casos Rosell y Alba

Las acusaciones contra los dos jueces confluyen en una misma base: la investigación por un supuesto fraude millonario a Hacienda

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha nombrado a una misma magistrada Margarita Varona, para instruir las diligencias penales abiertas contra los jueces de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell y Salvador Alba por unos hechos que, en parte, confluyen.

Victoria Rosell, diputada de Podemos en el Congreso durante los últimos meses, ha recibido una querella del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP), que la acusa de haber retrasado de forma maliciosa una investigación por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, guiándose, presuntamente, por intereses personales.

Por su parte, Salvador Alba está acusado por la actual titular del juzgado donde sustituyó durante meses a Victoria Rosell de haber dado instrucciones a Miguel Ángel Ramírez sobre qué tenía que declarar para perjudicar a la entonces de diputada de Podemos y favorecer así la admisión de la querella de Soria, a cambio, presuntamente, de buscar la nulidad de su causa por fraude fiscal.

En esos hechos, que se basan en una grabación de una reunión celebrada por el juez y Ramírez antes de que este declarara formalmente, la Fiscalía aprecia indicios de negociaciones prohibidas a funcionarios, a los que la actual responsable del Juzgado de Rosell, Carla Vallejo, añade una posible prevaricación.

Las acusaciones contra los dos jueces confluyen en una misma base: la investigación por un supuesto fraude millonario a Hacienda que Rosell abrió hace años a petición de la Fiscalía contra Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad de Ramírez.

La Fiscalía de Las Palmas se ha quejado por dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial de cómo llevaba ese procedimiento Victoria Rosell, pero en las dos ocasiones el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el desempeño profesional de la magistrada.

La última de esas quejas se produjo durante la pasada campaña electoral, cuando Rosell ya era candidata de Podemos, y le valió a la Fiscalía de Las Palmas una reprimenda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que anuló todas sus indagaciones disciplinarias sobre la juez por falta de competencias para llevarlas a cabo y por vulneración de derechos fundamentales.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando Salvador Alba, que sustituyó a Rosell en el Juzgado mientras esta fue diputada, presentó al Tribunal Supremo un informe sobre el comportamiento en esa causa concreta de su antecesora y, sobre todo, una declaración de Miguel Ángel Ramírez en la que este reconocía que ha financiado durante años negocios periodísticos dirigidos por su pareja, el periodista grancanario Carlos Sosa.

Ese informe sirvió de apoyo para que el Supremo admitiera la querella de Soria contra Victoria Rosell (paso al que se oponía la propia Fiscalía), pero ha sido puesto en cuestión una vez que Salvador Alba dejó el juzgado y regresó a su plaza en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.

Con otra magistrada ya en el Juzgado, Ramírez entregó una grabación de una grabación que celebraron él y Alba antes de que declarara, en la que este presuntamente le orienta sobre qué tiene que decir para perjudicar a Rosell, a la que llega a insultar.

Salvador Alba ha denunciado que esa grabación está manipulada y ha defendido su actuación profesional en este asunto.

LA FTSP-USO UNA VEZ MÁS, LIDERA LA LUCHA EN CONTRA DE LAS EMPRESAS PIRATA DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

Concentración en los Ayuntamientos Capitalinos.

Un numeroso grupo de trabajadores/as se han hecho sentir el día 26 de mayo en una protesta masiva y ruidosa en las puertas del Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los trabajadores y trabajadoras han recordado que mientras la empresa de Miguel Ángel Ramirez, continúa con sus abusos que incluyen pagar en promedio 300 euros menos que el convenio del sector, horarios abusivos y persecución sindical, las administraciones, en este caso los Ayuntamientos Capitalinos siguen contratando tanto a seguridad integral canaria como a otras empresas del Grupo Ralons, convirtiendose en cómplices de los presuntos delitos del señor Ramírez.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Por la defensa de nuestros derechos y en contra de la empresa Seguridad Integral Canaria, que realiza los servicios en la materia para el consistorio de ambas capitales.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Solicitamos a esta administración la rescisión de los contratos a la empresa Seguridad Integral Canaria SA, la cual no paga al convenio nacional, vulnerando los derechos de los trabajadores.

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, solicitando al consistorio que revise los contratos con algunas empresas privadas.

Concentración en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.

Unos encapuchados asaltan una tienda de telefonía y en la huida destrozan un coche patrulla

Los delincuentes reventaron con una maza el establecimiento de un centro comercial de Alfafar y escaparon con un botín de 40.000 euros en móviles

Una banda de delincuentes, encapuchados y armados con una maza, asaltó el martes por la noche una tienda de telefonía en un centro comercial de Alfafar. Los ladrones se apoderaron de un cuantioso botín en móviles de última generación. A falta de que los encargados del establecimiento hagan un recuento más pormenorizado de lo sustraído, se calcula que éstos se habrían llevado unos 40.000 euros en teléfonos. «Nos han desvalijado todo el almacén, solo han dejado los accesorios», apuntaba un trabajador.

Cuando los cuatro sospechosos trataban de huir en un vehículo BMW de color oscuro, una patrulla de la Guardia Civil de Alfafar trató de cortarles el paso, pero fueron embestidos por el vehículo de los delincuentes. Los agentes resultaron ilesos aunque aturdidos por el impacto y con fuertes dolores cervicales. Asimismo, ambos coches quedaron destrozados en medio de una calle de este polígono de Massanassa. Un segundo vehículo, en el que iba un quinto delincuente, recogió a sus compañeros y huyeron del lugar antes de la llegada de más dotaciones de la Guardia Civil y que los agentes del coche embestido pudieran reaccionar.

Los hechos ocurrieron minutos después de las doce de la noche del martes cuando cuatro hombres, con el rostro oculto tras unos pasamontañas para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad, entraron en una superficie comercial de Alfafar forzando la puerta de acceso del personal de servicio. Aunque a esa hora ya estaban todos los comercios cerrados y no había trabajadores en el interior, el vigilante de seguridad se percató de lo que estaba ocurriendo y alertó a la Guardia Civil.

«Intentaron entrar rompiendo el vinilo con una maza, pero como no pudieron al final reventaron la reja», explicaba un trabajador del establecimiento asaltado. Fuera, en el escaparate todavía eran visibles los agujeros en el cristal reforzado que rompieron los ladrones la noche anterior.

En cuestión de un par de minutos los ladrones accedieron al interior y forzaron la puerta del almacén para llevarse todo tipo de móviles, sin detenerse en mirar el modelo o el precio de unos y otros, ya que el tiempo jugaba en su contra. Fuentes del establecimiento aseguran que tenían muchos teléfonos de alta gama; iPhone 6 y los últimos modelos de Samsung, por lo que el botín podría superar los 40.000 euros.

Una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en las inmediaciones acudió inmediatamente y tras una breve persecución trató de darles el alto. No obstante, acabaron embestidos por el coche de los delincuentes, quienes lograron huir en otro vehículo.

En apoyo a los compañeros de ESABE

Los días 31 de mayo y 2 de junio a las 10 de la mañana se llevarán a cabo sendas concentraciones frente a los Juzgados de Plaza de Castilla. 

El "Caso Esabe" se encuentra actualmente paralizado en los Juzgados de Instrucción de Madrid, "por falta de medios y de voluntad política para impulsarlo" según la pregunta formulada al Gobierno por el Diputado por Asturias Antonio Trevín Lomban con fecha 27 de abril.

El propietario de la empresa, Juan José Prados del Pino, permanece en paradero desconocido junto con algunos miembros de su familia desde finales de 2012. Prados está acusado de delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, calculándose por estos conceptos una deuda superior a los 30 millones de euros, si bien alegó que el impago se debía a que la propia Administración no les pagaba sus facturas.

La situación de indefensión de los trabajadores fue tan grande que con meses de retraso en el cobro de las nóminas la desesperación llevó a un vigilante de seguridad a acabar con su vida.

Sorpresivamente la Justicia paralizó la instrucción de los expedientes, encontrándose en esta fase desde hace un tiempo. ¿No hay voluntad política para resolver este asunto, según se desprende de la pregunta al Gobierno de Trevín Lomban? Pues ha llegado el momento de que los trabajadores tomemos acciones que pongan de manifiesto la inacción para resolver este asunto.

Acude a las concentraciones EN APOYO A LOS COMPAÑEROS DE ESABE. 

Hoy son ellos, MAÑANA PODEMOS SER NOSOTROS.

http://usocontigoesposibleprosegurmadrid.blogspot.com.es/

Solicitan al consistorio que revise los contratos con algunas empresas privadas

Diversas plataformas sociales pidieron ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que "revise" los contratos vigentes con empresas privadas en las que se han detectado "notorias irregularidades", y que paralice las licitaciones en curso previstas para este ejercicio, al objeto de incluir en los pliegos de condiciones "cláusulas" de buenas prácticas laborales, de calidad del servicio y de respeto a los trabajadores, entre otros aspectos.

Eloy Cuadra, portavoz de la Plataforma por la Dignidad, hizo referencia a casos concretos como el de la empresa que sirve el cáterin del albergue, con varias denuncias en otros puntos de España, Urbaser y Seguridad Integral Canaria.

De Urbaser, José Luis Guzmán, de la Plataforma 29-E, dijo que existen "bastantes" denuncias públicas sobre el incumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales, y remarcó que "todas la bajas" que se producen por este motivo "las pagamos todos".

Por su parte, José Ramón Rodríguez, secretario general de USO-Canarias, denunció la precariedad laboral de los vigilantes de Seguridad Integral Canaria que prestan su servicio en las dependencias municipales (son 40 en total), que cobran desde 2013 de manera irregular. Una situación, aseguró, que ha llevado a muchos a vivir de los bancos de alimentos. "El ayuntamiento es cómplice pasivo de la situación", dijo Rodríguez.

Pedro Arcila, portavoz de Sí se Puede, llevará al pleno de mañana una moción sobre la situación de los trabajadores de la citada empresa de seguridad.

Sobre estos asuntos, el concejal de Hacienda y Recursos Humanos de Santa Cruz, Juan José Martínez, dijo que se va a "estudiar" la posibilidad de introducir más cláusulas sociales en los pliegos de los contratos, tal y como plantean las plataformas, pero remarcó que todas las adjudicatarias del ayuntamiento "deben cumplir" con la legalidad para poder cobrar.

También avanzó que ha hablado con los vigilantes de seguridad para interesarse por su situación y ha dirigido una carta a la empresa "instando" a que tome las medidas necesarias para que cumpla con sus obligaciones con los empleados.