Las acusaciones contra los dos jueces confluyen en una misma base: la investigación por un supuesto fraude millonario a Hacienda
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha nombrado a una misma magistrada Margarita Varona, para instruir las diligencias penales abiertas contra los jueces de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell y Salvador Alba por unos hechos que, en parte, confluyen.
Victoria Rosell, diputada de Podemos en el Congreso durante los últimos meses, ha recibido una querella del exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP), que la acusa de haber retrasado de forma maliciosa una investigación por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, guiándose, presuntamente, por intereses personales.
Por su parte, Salvador Alba está acusado por la actual titular del juzgado donde sustituyó durante meses a Victoria Rosell de haber dado instrucciones a Miguel Ángel Ramírez sobre qué tenía que declarar para perjudicar a la entonces de diputada de Podemos y favorecer así la admisión de la querella de Soria, a cambio, presuntamente, de buscar la nulidad de su causa por fraude fiscal.
En esos hechos, que se basan en una grabación de una reunión celebrada por el juez y Ramírez antes de que este declarara formalmente, la Fiscalía aprecia indicios de negociaciones prohibidas a funcionarios, a los que la actual responsable del Juzgado de Rosell, Carla Vallejo, añade una posible prevaricación.
Las acusaciones contra los dos jueces confluyen en una misma base: la investigación por un supuesto fraude millonario a Hacienda que Rosell abrió hace años a petición de la Fiscalía contra Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad de Ramírez.
La Fiscalía de Las Palmas se ha quejado por dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial de cómo llevaba ese procedimiento Victoria Rosell, pero en las dos ocasiones el órgano de gobierno de los jueces ha avalado el desempeño profesional de la magistrada.
La última de esas quejas se produjo durante la pasada campaña electoral, cuando Rosell ya era candidata de Podemos, y le valió a la Fiscalía de Las Palmas una reprimenda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que anuló todas sus indagaciones disciplinarias sobre la juez por falta de competencias para llevarlas a cabo y por vulneración de derechos fundamentales.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando Salvador Alba, que sustituyó a Rosell en el Juzgado mientras esta fue diputada, presentó al Tribunal Supremo un informe sobre el comportamiento en esa causa concreta de su antecesora y, sobre todo, una declaración de Miguel Ángel Ramírez en la que este reconocía que ha financiado durante años negocios periodísticos dirigidos por su pareja, el periodista grancanario Carlos Sosa.
Ese informe sirvió de apoyo para que el Supremo admitiera la querella de Soria contra Victoria Rosell (paso al que se oponía la propia Fiscalía), pero ha sido puesto en cuestión una vez que Salvador Alba dejó el juzgado y regresó a su plaza en la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.
Con otra magistrada ya en el Juzgado, Ramírez entregó una grabación de una grabación que celebraron él y Alba antes de que declarara, en la que este presuntamente le orienta sobre qué tiene que decir para perjudicar a Rosell, a la que llega a insultar.
Salvador Alba ha denunciado que esa grabación está manipulada y ha defendido su actuación profesional en este asunto.
