El alcalde de la capital anuncia que el inicio del expediente a Seguridad Integral Canaria será inminente, tras tener conocimiento de las irregularidades cometidas con sus empleados.
Costó llegar a un consenso, pero al final se impuso la mesura. El Ayuntamiento de Santa Cruz decidió ayer abrir un expediente a la empresa de seguridad que se encarga de vigilar las instalaciones municipales, Seguridad Integral Canaria, tras tener constancia de las irregularidades cometidas con sus empleados desde al año 2013. El inicio del expediente se aprobará "en la próxima Junta de Gobierno", precisó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El acuerdo forma parte de una moción aprobada por el pleno, en su origen presentada por Sí se Puede, pero que enmendó finalmente el grupo de gobierno.
Por un lado, el consistorio requiere a la mencionada empresa, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, a cumplir "de inmediato" las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, y, por otro, fija el inicio del expediente para determinar el incumplimiento de las condiciones del contrato y, en su caso, a adoptar las penalizaciones correspondientes. Es decir, que no se descarta ni una sanción económica ni la rescisión del acuerdo con el consistorio. Serán los servicios de Contratación los que tomen la decisión.
Gilberto Bethencourt, secretario de Relaciones Institucionales de USO-Canarias , relató durante la sesión plenaria los "reiterados" retrasos en el pago de las nóminas -una situación que se produce desde 2013-, y las consecuencias en los trabajadores que de ello se derivan. Por ello pidió la resolución del contrato.
Un argumento que también secundó Pedro Fernández Arcila (SSP) y con el que Ramón Trujillo, de IU, fue aún más allá: "Debería estar vetada en las administraciones públicas".
