CECA se queda sin contrato con la Generalitat valenciana por no pagar a sus vigilantes
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia, Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los "reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus obligaciones con la Administración como con su propio personal".
Puchades ha agradecido "la colaboración activa de los sindicatos representativos de los trabajadores de la empresa cesante durante este largo proceso para solucionar esta situación", que ha provocado "una reiterada reducción del número de vigilantes que debería prestar el servicio, con el consiguiente riesgo para los edificios e instalaciones judiciales y, en especial, para los usuarios y personas que trabajan en ellos".
600.000 euros del FLA en diciembre
El conflicto con la empresa de seguridad se remonta a 2013, cuando, como consecuencia de la demora en los pagos por parte de la Generalitat, CECA comenzó a ser incapaz de afrontar las nóminas de sus vigilantes. Los profesionales han llegado a acumular cinco mensualidades sin cobrar. La deuda con la Conselleria de Justicia llegó a alcanzar los 1,8 millones. Sin embargo, el departamento de la Generalitat sostiene que ya está al corriente de pago, que en diciembre CECA recibió 600.000 euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que, sin embargo, sigue sin pagar a los vigilantes, lo que ha obligado a rescindir el contrato por razones de emergencia.
CECA ha llegado a tener 340 trabajadores y a encargarse de la seguridad de numerosos departamentos de la Generalitat valenciana, además del área de Justicia. Se ha adjudicado contratos en hospitales, edificios administrativos y sedes de varias 'consellerias'. El paso dado por la Conselleria de Justicia es el primero de otros posibles.
La Federación de Trabajadores Seguridad Privada (FTSP) de USO sostiene que la empresa de seguridad debe 300.000 euros a la Seguridad Social, que sus trabajadores llevan cinco meses sin cobrar y que la compañía debería acogerse a la Ley Concursal. Una de las aspiraciones de los trabajadores asignados a los edificios judiciales era que el nuevo prestador del servicio se subrogase tanto los contratos como la deuda. Pero todo indica que ahora se abrirá una negociación para que CLECE se avenga a contratar a los vigilantes que trabajaban para CECA.
