Una treintena de trabajadores de los 40 que conforman la plantilla de Seguridad Integral Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sufren “de forma sistemática”, retrasos en el cobro de su nómina, que en algunos casos llega a abonarse sobrepasada la primera quincena del mes. Ayer, Sí se puede, junto al sindicato USO-Canarias, hicieron pública esta denuncia sobre los problemas que los trabajadores vienen sufriendo desde que la empresa se hiciera cargo de la vigilancia de las sedes municipales en 2013. Fruto de esta denuncia es la moción que Pedro Fernández Arcila presentará mañana en el Pleno, en la que solicitará que el Ayuntamiento interceda, como concesionario, para que exija el cese de en la vulneración de este derecho básico. Además, la formación pide que proceda a sancionar a la entidad de acuerdo al pliego de condiciones del contrato.
Según explicó el secretario de USO- Canarias, sindicato mayoritario en Seguridad Integral Canaria, José Ramón Rodríguez, esta situación ha sido denunciada ante la Inspección General de Trabajo, desde donde se ha reconocido el “riesgo psicosocial” que sufren estos trabajadores. El citado órgano ha dado dos meses de plazo a la empresa para que evalúe los daños que esta irregularidad entraña y subsanarla. Añadió Rodríguez que tiene constancia de que algunos trabajadores se han visto obligados a recurrir a los servicios sociales ante la falta de pago de sus nóminas y afirmó que los que más afectados son los que se han mostrado más comprometidos con el sindicato.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, salía al paso de esta denuncia asegurando, en primer lugar, que todas las empresas concesionarias en Santa Cruz cumplen con la ley de contratos del Estado para, a continuación, confirmar que se ha puesto en contacto personalmente con algunos trabajadores de Seguridad Integral para conocer de primera mano su situación. Según Martínez, “me han constatado los retrasos aunque matizaron que no se debe ninguna mensualidad”. El edil afirmó que se ha dirigido por carta a la empresa para que solvente esta situación y pague la nómina entre el 1 y el 5 de cada mes como establece el Estatuto de los Trabajadores.
Eloy Cuadra (Plataforma por la Dignidad) y José Luis Guzmán (Plataforma 29-E), denunciaron que son muchas las empresas concesionarias que vulneran los derechos de su trabajadores. Hicieron especial referencia a la adjudicataria del comedor del albergue, que despidió a una trabajadora por coger pan y queso, y a Urbaser, de la que, dicen, no cumple con la protección de riesgos laborales.
Petición para que se suspendan todas las licitaciones de servicios públicos
Las plataformas por la Dignidad, 29-E y Viera y Clavijo, presentaron ayer un escrito en el que solicitan la paralización de las licitaciones de servicios públicos en marcha, 13 este año, hasta que se trasponga la directiva europea que afecta a la contratación pública, que permite la intervención de los licitadores públicos, antes y después de haberse adjudicado el servicio,y que está vigente desde hace un mes. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la solicitud presentada.
