25 de mayo de 2017

La Generalitat aprueba el decreto que regulará sus competencias en seguridad privada en Cataluña

El Gobierno catalán ha aprobado un Decreto para regular el ejercicio de las competencias que corresponden a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad privada, y el Registro de seguridad privada de Cataluña. En cuanto al ejercicio de las competencias, corresponde a la Generalidad la autorización o, en su caso, recepción de la declaración responsable o comunicación para la apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones que tengan el domicilio en Cataluña y el ámbito de actuación limitado a este territorio.
También los despachos de detectives privados y las sucursales, las centrales receptoras de alarmas de uso propio, los centros de formación de seguridad privada, y los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios obligados a adoptar medidas de seguridad.
La Generalitat también se ocupará de la inspección, control y sanción de las actividades y los servicios de seguridad privada que se hagan en Cataluña, así como de quienes los presten o utilicen, cuando se encuentren en territorio catalán. También se harán cargo de la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en Cataluña con los de la Policía de la Generalitat y las policías locales de Cataluña y de la formación en el ámbito de la seguridad privada.
En relación al Registro de seguridad privada de Cataluña, adscrito a la Dirección General de Administración de Seguridad, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como las delegaciones y sucursales, los centros de formación de seguridad privada, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los departamentos de seguridad.
Respecto a las empresas que lleven a cabo actividades de seguridad informática, se anotarán sus datos, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. También se anotarán las sanciones, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, así como de las altas y bajas del personal, las incidencias relacionadas con los servicios.
El Decreto recoge la coordinación y cooperación de la Dirección General de Administración de Seguridad con las autoridades estatales competentes en esta materia así como también con la Policía de la Generalidad-mozos de escuadra, con respecto a la inspección y el control, y con el Instituto de seguridad pública de Cataluña, en cuanto a la formación.

Securitas Seguridad España, Premio al Mejor Proyecto de Seguridad 2017

Securitas Seguridad España ha ganado el Premio al Mejor Proyecto de Seguridad 2017 concedido por Security Forum, feria especializada en seguridad que ha celebrado este año su quinta edición. Un jurado compuesto por expertos en seguridad falló a favor de esta nueva solución en el marco de la feria de la seguridad Security Forum, celebrada los días 17 y 18 de mayo en Barcelona.
El Director de Consultoría de Securitas Seguridad España, Jesús de la Mora, y Diego Villegas, Jefe de Proyectos del Departamento de Consultoría, fueron los encargados de recoger el premio en su calidad de desarrolladores de esta nueva herramienta de gestión y supervisión del servicio de seguridad.
Con aplicación en diferentes sectores como la industria, empresas de logística, hospitales, museos, puertos, centros comerciales o edificios de oficinas, Securitas Location es una nueva herramienta que se basa en un software capaz de indicar con precisión la localización del equipo de seguridad dentro de un recinto determinado. Esto permite mejorar el trabajo diario, articulando de forma innovadora la gestión de seguridad. Además, incluye funcionalidades como el botón de pánico y hombre aislado, que le permiten generar alarmas y la monitorización de su ubicación en el caso de que ocurran incidentes.
Securitas Location genera mapas de calor para obtener una ponderación de los recorridos realizados de forma visual, clara e intuitiva. Además, permite realizar filtros por fecha y hora en el caso de que se quiera realizar un análisis más exhaustivo del recorrido, dentro de las labores de supervisión que el cliente determine con relación a la protección de sus instalaciones.
"Sin duda es un orgullo haber recibido este reconocimiento, sobre todo siendo profesionales de la seguridad los que han valorado los proyectos presentados. Es un motivo de alegría, que nos gustaría hacer extensible a todas las personas que han apostado y ayudado a conseguir este premio", declaró Jesús de la Mora, Director de Consultoría de Securitas Seguridad España.
Securitas Location es una solución compuesta por un entorno web y una app para smartphones, donde confluyen diferentes herramientas como el posicionamiento indoor & outdoor en tiempo real, pop-up informativos, puntos de interés, botón de pánico, hombre aislado, historial de recorridos, mapas de calor, así como otras funcionalidades.
La compañía asegura que, teniendo en cuenta la relación coste-eficacia, esta nueva solución proporciona un ahorro de costes respecto a otras tecnologías, dado que no requiere la instalación de ningún tipo de hardware, solo es necesario un único y rápido calibrado de las fuentes radiantes internas de las instalaciones, "permitiendo un excelente nivel de precisión".
Por ejemplo, Securitas Location brinda la posibilidad de asignar lugares determinados en los que va a saltar un pop-up sonoro en el móvil, "proporcionando al usuario un texto informativo o imágenes asociadas cuando transite esa zona, de tal manera que la información obtenida por el vigilante le permita realizar actuaciones predictivas, preventivas y georreferenciadas en tiempo real". Además, se pueden crear puntos de interés visibles para el usuario y así poder consultar información referente a diversos aspectos ligados con la operativa del servicio o las tareas a realizar.

La Generalitat de Cataluña aprueba un decreto que regula sus competencias en seguridad privada

La Generalitat de Cataluña ha aprobado el Decreto 35/2017, de 11 de abril, que regula el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada y el Registro de seguridad privada de esta comunidad autónoma.

Todo este nuevo marco normativo ha comportado también el incremento de la seguridad privada, tanto con la aparición de nuevas competencias como con la ampliación de algunas de las ya previstas en la antigua normativa, “haciendo que sea necesario adecuar la regulación al nuevo marco normativo”, tal y como destacan desde la institución pública.
Así, el decreto se estructura en diecinueve artículos distribuidos en seis capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos derogatorias y una final. En el artículo 2 se han incorporado las nuevas competencias que la Generalitat ha asumido a partir de la entrada en vigor de la Ley de seguridad privada, pasando a tener no solo la competencia relativa a la apertura de empresas de seguridad con domicilio y ámbito de actuación limitado a Cataluña, sino también la relativa a la apertura de delegaciones de empresas de seguridad, también con domicilio y ámbito de actuación limitado a este territorio.
Asimismo, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Cataluña y con ámbito de actuación limitado a este territorio, con la novedad de posibilitar, en todo caso, la apertura de estos establecimientos mediante declaración responsable.
También corresponde a la Generalitat la competencia para autorizar, cuando proceda, las actividades y los servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Cataluña.
Respecto a las competencias de control, inspección y sanción, el artículo 13 de la Ley de seguridad privada afirma que tienen que entenderse con relación no solamente a las actividades, sino también a los servicios de seguridad privada, así como a quienes los presten o utilicen.

Videovigilancia
El artículo 7 recoge las funciones en materia de videovigilancia con finalidades de seguridad privada. Considerando lo que dispone el artículo 42 de la Ley de seguridad privada, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras o videocámaras por parte de vigilantes de seguridad o guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público. En consecuencia, el decreto incluye esta nueva competencia, la cual se atribuye a la persona titular de la dirección general de Administración de Seguridad.
Por su parte, en el artículo 14 se hace referencia al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, con la finalidad de incluir en la nueva normativa todos los organismos de la Generalitat con competencias en materia de seguridad privada.
Por último, destacar que en el artículo 4 se enumera de forma detallada el contenido del Registro de seguridad privada de Cataluña. En él se incluye, por tanto, no solo a las empresas de seguridad privada, sino también al resto de sujetos que llevan a cabo actividades de seguridad privada, así como cualquier otro dato que sea necesario para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada en esta comunidad autónoma.

Sanz anuncia la creación de una comisión mixta regional de seguridad privada


El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy la creación de una Comisión Mixta Regional de Seguridad privada para aumentar la "colaboración" con el sector privado, que cuenta con 17.000 vigilantes en la comunidad.
En la clausura del Día de la Seguridad Privada en Sevilla, donde se han dado menciones a 60 vigilantes, guardas rurales, responsables y técnicos de empresas de seguridad, Sanz ha dicho que son "los mejores aliados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integrados, bajo su tutela, en el modelo de seguridad colectivo".
Ha señalado que la ley de Seguridad Privada ha contribuido a "afianzar" en España y en Andalucía y ha indicado que "el borrador que desarrollará el reglamento de dicha ley está muy avanzado y en breve se iniciará su tramitación", ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía.
La Comisión Mixta Regional de coordinación de Seguridad Privada se creará en los próximos días para mantener un contacto directo e intercambiar experiencias de las FCSE y las empresas de seguridad privada, así como para formular propuestas conjuntas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la seguridad privada.
Sanz ha explicado que los cambios normativos y las necesidades de "modernizar la gestión y aumentar la colaboración" le han llevado a trabajar en la regulación y puesta en marcha de la comisión, para "dar cumplimiento a algunas demandas del sector, con el objetivo de impulsar el aumento y la mejora en las relaciones".
Según el delegado, la seguridad privada emplea en la actualidad en las ocho provincias andaluzas a casi 17.000 vigilantes y cuenta con más de 200 empresas vinculadas con esta actividad.
"El compromiso y el trabajo entre ambos sectores contribuyen a mejorar la seguridad y la libertad de la sociedad civil andaluza y española porque ambos se complementan", ha manifestado. 

Revilla recibe el martes el reconocimiento de las empresas de seguridad privada

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, recibirá este martes, 23 de mayo, el reconocimiento de la Comisión de Empresas de Seguridad durante la celebración del XVIII Día de la Seguridad Privada, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander
Junto con Revilla, serán distinguidos el impulsor de este Día de la Seguridad Privada en Cantabria, Pedro Mora; el capitán interventor de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, José Manuel Vadillo; el inspector de la Policía Nacional y ex jefe de Seguridad Privada de este Cuerpo, Fernando Saiz; el coronel jefe de la XIII Zona de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo, y el comisario principal de la Policía Nacional, ex jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada y actual Jefe de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, Esteban Gándara. Además, las autoridades presentes en el acto serán los encargados de hacer entrega de las menciones honoríficas de este año, un total de 50, informa el Gobienro. Estarán presentes el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; la presidenta de Parlamento, Dolores Gorostiaga; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la fiscal superior, Pilar Jiménez; el jefe Superior de Policía, Héctor Moreno; el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo, y el portavoz de la Junta Gestora de Empresas de Seguridad Privada de Cantabria, José Luis Sotorrio.

La industria de la desigualdad: por qué el mundo está obsesionado con la seguridad privada

En la mayor parte del mundo el número de trabajadores de seguridad privada ya supera al de oficiales de policía: más de 20 millones de personas
Comparado con las cifras que mueve el sector, el esfuerzo para terminar con la pobreza mundial es minúsculo
El negocio crece especialmente en los países en desarrollo y en las ciudades y zonas de los países desarrollados donde se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres
La mayor empresa de seguridad privada del planeta, G4S, contrata a más de medio millón de personas en todo el mundo
Al menos la mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de the Guardian. En más de 40 países, entre los que se incluyen Estados Unidos, China, Canadá, Australia y Reino Unido, los trabajadores contratados para proteger personas, lugares y cosas superan a los oficiales de policía dedicados a proteger al público en general. Durante 2015, en Reino Unido hubo 232.000 guardias privados contratados frente a 151.000 policías.
El mercado global de servicios de seguridad privada, que incluye la custodia, la vigilancia y el transporte armado, equivale a unos 161.000 millones de euros hoy y se estima que para 2020 representará unos 215.000 millones de euros. Una cifra muy superior al presupuesto total de ayuda internacional para terminar con la pobreza en el mundo ( 125.000 millones de euros al año) y al PIB de más de 100 países, como Hungría o Marruecos.
Los guardias de seguridad privados custodian centros comerciales, comunidades cerradas para las élites y hasta calles públicas. A menudo visten uniformes que se asemejan a los de la policía de algunos países, como en Italia y España. También llevan pistolas.
Desde  El Salvador hasta Vietnam, guardias de seguridad privados controlan el acceso a las zonas residenciales de las élites, aisladas de las ciudades que las rodean. En la capital comercial de Myanmar, Yangon, guardias y detectores de metales regulan la entrada en los hoteles de lujo levantados sobre la pobreza extrema de su alrededor.
Los perros guardianes ladran tras los altos muros y alambres de púas que se han extendido por los barrios ricos de Sudáfrica. En 2015 había casi 500.000 guardias de seguridad en todo el país, dos veces más que todas sus fuerzas armadas y policiales.

La expansión del mercado de la seguridad privada
Las estimaciones hablan de más de 20 millones de trabajadores de seguridad privada en todo el mundo, un número mayor al de holandeses o chilenos. Según Rita Abrahamsen, de la Universidad de Ottawa, la seguridad privada "cotidiana" se ha vuelto "tan extendida que apenas se detecta, se da por descontada. Uno deja de darse cuenta de que hay guardias por todas partes". En su opinión, la expansión de guardias privados, vallas y puertas es una "muestra muy física de la desigualdad". Aunque también reconoce que la industria da empleo a una gran cantidad de personas. En varios países, es uno de los pocos sectores en crecimiento.
De acuerdo con Deborah Avant, de la Universidad de Denver, la industria de la seguridad privada explotó con los contratos de las guerras de Irak y Afganistán lideradas por Estados Unidos, cuando "un ejército de trabajadores privados inundó esos países para hacer todo tipo de cosas". Después de eso, dijo, el sector "comenzó a buscar clientes en otros lugares... en la seguridad privada de sus países de origen pero también en la gente que vive fuera, en el sector privado, en las empresas". En opinión de Avant, el crecimiento de la desigualdad también ha jugado un papel importante. "El que tiene un montón más (de dinero) que todos los que están alrededor quiere protegerlo. Contratar (seguridad) en el sector privado es la manera más directa de lograrlo".

Servicios para el 1%
Según la cámara que agrupa al sector en Reino Unido, la industria de la seguridad privada movió más de 7.000 millones de euros en ese país en 2015. Entre los clientes también hay comunidades locales. Hay informes de un pueblo de Essex en el que, tras el cierre de la comisaría local, los residentes contrataron seguridad privada para que patrullara las calles (públicas) por las noches.
Otras empresas buscan sus clientes entre la élite: el servicio para suscriptores My Local Bobby (Mi policía local) atiende a los ricos de las zonas más caras de Londres. Según uno de sus fundadores, exoficial de policía, el servicio "es similar al pagado por los que contratan seguros de salud privada: gente que paga por algo que el Estado provee".
Este mes, Jeremy Corbyn prometió que si el Partido Laborista gana las próximas elecciones sumarán 10.000 agentes a las fuerzas policiales. "Muy pocos de nosotros viven en comunidades cerradas con su propia seguridad privada", justificó la medida su responsable de Interior, Diane Abbott. "La gente común es la que sufre la mayoría de los crímenes", remató.
Algunas empresas de seguridad privada se dirigen de forma explícita al 1% más adinerado, ofreciendo servicios como respuesta a situaciones de crisis para ultra millonarios, paquetes de "protección personal para ejecutivos", y seguridad para súper yates. "En las casas bien dotadas de personal de todo el mundo, el guardaespaldas es la nueva niñera", decía en 2016 la revista estadounidense Town & Country. "El miedo al terrorismo, un clima político volátil y la sensación generalizada de que la creación de riqueza de unos pocos ha ocurrido en detrimento de la de  muchos han convertido en norma a la paranoia", explicaba el artículo.
En Reino Unido, la empresa londinense  Westminster Security se enorgullece de tener empleados con experiencia militar y policial para ofrecer "seguridad completa y gestionar la vida de individuos de alto valor, familias y empresas". En Estados Unidos, la agencia Pinkerton dice contar con 170 años de experiencia y "agentes altamente capacitados" para proteger a "gerentes de empresas del ranking Fortune 100 y sus empleados, artistas famosos, atletas, personas con muchas posesiones, familias reales y diplomáticos".
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad".
Se espera de los gobiernos que trabajen poco a poco en la realización de estos derechos, pero cuando la seguridad privada permite saltarse al Estado a los ricos y también a la clase media, las desigualdades en un país pueden intensificarse.
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas lanzó una advertencia ante la expansión de la seguridad privada en América Latina: "Este fenómeno aumenta aún más la desigualdad, teniendo en cuenta que los diferentes grupos sociales tienen capacidades diferentes para enfrentar el crimen".
En una investigación publicada en 2014, los economistas Samuel Bowles y Arjun Jayadev encontraron que en Estados Unidos había " tantos guardias de seguridad como profesores de secundaria". Según las estadísticas del Departamento de Trabajo, más de 1,1 millones de guardias de seguridad privada trabajan en los EEUU, comparado con aproximadamente 660.000 policías y sheriffs.
En Reino Unido, y según la Confederación de Servicios de Seguridad Europeos (CoESS, por sus siglas en inglés), había 232.000 guardias de seguridad en 2015. Un número comparable al de profesores de secundaria (unos 250.000) y muy superior al de policías: excluyendo a los oficiales de apoyo y a los agentes voluntarios, en marzo de 2016 había un total de 151.000 oficiales de policía operando dentro del país.
Bowles y Jayadeve también encontraron que las ciudades y los estados más desiguales de EEUU tenían niveles superiores de "trabajo de guardia", un término amplio que incluye seguridad privada, policía, alguaciles, funcionarios de prisiones, custodia para el transporte y otras ocupaciones relacionadas. El mismo patrón impera a nivel global: los países más desiguales son también los que tienen más gente cobrando un sueldo a cambio de proteger a personas o cosas.
Para Jayadev, el crecimiento de la industria de seguridad privada tal vez sea un reflejo del "quiebre de la confianza y los lazos comunitarios" provocados por la creciente desigualdad. En su estudio le impresionó especialmente constatar que el "trabajo de guardia" es un sector en crecimiento en la economía de Estados Unidos, y no la inversión en educación, de gran importancia para el conjunto de la sociedad.
Entrevistado por  the Guardian desde Bangalore, donde enseña en la Universidad de Azim Premji, Jayadev afirma que en India se ha producido una gran "separación de los ricos del resto de la economía: descansan en los servicios privados para cada aspecto de su vida".
En su opinión, buscan en esos servicios "todas las cosas que el Estado podría proporcionar, incluyendo la seguridad". Se calcula que la industria de la seguridad privada emplea al menos a 7 millones de personas en India, mucho más que la policía (aproximadamente 1,7 millones de oficiales en 2013).

La seguridad como símbolo
La mayor empresa de seguridad privada del planeta, G4S, contrata a más de medio millón de personas en todo el mundo. Publicado en marzo, su último informe anual habla de ingresos por 7.900 millones de euros para 2016, y beneficios de 524.000.000. Entre 2015 y 2016, sus ingresos en América del Norte crecieron un 12%. En América Latina y África, un 7%.
Se espera que el negocio global de la seguridad privada (incluye a los guardias y también al control de alarmas, el transporte armado y otros servicios para clientes residenciales, gobiernos y negocios) siga creciendo hasta llegar 215.000 millones de euros en 2020, de acuerdo con la empresa de investigación de mercados Freedonia Group, en la que firmas como G4S confían para elaborar sus propios informes.
Pero los números reales podrían ser aún mayores. Hay pocas estadísticas actualizadas y comparables a nivel internacional, poco seguimiento independiente y transparente, y escasean los registros. Los datos de la industria también dejan fuera los trabajos de seguridad informales y en negro. Según las estimaciones de Freedonia, el negocio mundial crece más rápido que el conjunto de la economía, a casi un 6% anual. Parece estar expandiéndose más velozmente en países en desarrollo y en Asia, con China e India como sus principales mercados.
El 'software' de Prism Skylabs permite eliminar a las personas de las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia (Foto: Intel Free Press | Flickr)
“La gente te dice que, en cuanto pueda, invertirá en seguridad privada”
En enero de 2017, los responsables de comunicación de Freedonia escribieron que había "una percepción extendida de que el crimen está aumentando", lo que redunda en los intereses de los servicios de seguridad, "incluso cuando las tasas de criminalidad están bajando en muchos países". "En varios países en desarrollo, los guardaespaldas y otros servicios de seguridad residencial son vistos como símbolos de riqueza, proveen tanto protección como estatus social... La demanda de guardias es especialmente fuerte en los países en desarrollo, donde contratar guardias es más asequible que invertir en tecnología debido al bajo costo de la mano de obra".
Según Abrahamsen, en la mayoría de los países africanos "se ha hecho muy poco por regular el sector de la seguridad privada". En su opinión, "es porque era una fuente de empleo. El Estado y los gobiernos estaban muy contentos con dejarlo a su aire".
De acuerdo con Abrahamsen, gobiernos como los de Uganda y Sierra Leona también han facilitado la exportación de trabajadores de seguridad apoyando activamente el reclutamiento de sus ciudadanos para trabajar como guardias en otros países. Pero no solo la élite compra seguridad. En Kenya también está "creciendo entre las áreas de la clase baja y media". "La gente te dice que, en cuanto pueda, invertirá en seguridad privada", asegura Abrahamsen.

Más rápido que la regulación
Las subcontrataciones gubernamentales no son la razón principal detrás del crecimiento de la seguridad privada. De hecho, en los últimos años los Estados ni siquiera son los principales clientes. Según Catherine Piana, directora general de CoESS, en Europa el 70% de los clientes de la industria está compuesto por otras empresas privadas, no por las autoridades públicas.
Según Piana, "el catálogo de servicios ahora es muy amplio, por supuesto en función del cliente". Para la protección de amenazas terroristas, por ejemplo, los guardias "a menudo están en puestos de vigilancia frente a los edificios, donde pueden detectar actividades extrañas y reportarlas": "Así que también tienen la posibilidad de recoger información".
La información sobre el sector a nivel internacional es irregular, pero la Encuesta de Armas Ligeras de Ginebra informó en 2011 que había unos 19,5 millones de guardias de seguridad privada en 70 países. "Como otros servicios comerciales, sólo aquellos que pueden y quieren pagarla se benefician de ella. Esta dinámica genera el riesgo de exacerbar las disparidades entre los ricos, protegidos por sistemas cada vez más sofisticados, y los más pobres, que podrían tener que acudir a medios informales, a veces ilegales, para asegurar su seguridad".
The Guardian actualizó sus datos de 2011 incluyendo a 81 países y las estimaciones más recientes posibles del CoESS, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Ginebra para el Control Democrático de Fuerzas Armadas, las Naciones Unidas y otros organismos: de los 81 países con estadísticas fiables, los trabajadores de seguridad privada superan a las fuerzas policiales en 44 de ellos, que suman unos 4.000 millones de personas (más de la mitad de los 7.000 millones y medio de personas que viven en el mundo).
En 2011, la Encuesta de Armas Ligeras advertía de que el rápido crecimiento de la industria de seguridad privada en todo el mundo había "sido más veloz que la regulación y que los mecanismos de control". Hoy en día el código de conducta internacional para proveedores de seguridad privada es voluntario. Según los críticos, la industria necesita algo mejor que auto-regularse.
En la universidad de Denver, Avant codirige el  Private Security Monitor (Control de Seguridad Privada), un observatorio que lleva desde los años 90 recolectando datos de incidentes protagonizados por guardias privados de África, América Latina y el Sudeste Asiático involucrados en manifestaciones, disturbios, huelgas o conflictos, o relacionados con muertos o heridos por hacer su trabajo "rutinario".
En Bruselas, los eurodiputados de Asuntos Exteriores y los comités de Defensa pidieron este mes nuevas reglas para las empresas de seguridad privada en Europa. También, que se les prohíban las funciones militares. Se espera que el Parlamento Europeo vote en Estrasburgo la propuesta durante su sesión plenaria de junio.

Muere un vigilante en un centro comercial de Alcalá de Henares

Los equipos de emergencia intentaron reanimarle sin éxito
Un hombre, del que se desconoce la edad, murió el pasado martes por la tarde en el interior del centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares.
Según ha podido confirmar MiraCorredor.tv, el suceso ocurrió sobre las 17 horas justo en frente de la puerta de acceso al supermercado Alcampo. Uno de los vigilantes encargados de la seguridad de las instalaciones cayó desplomado al suelo, probablemente por un ataque al corazón.
Personal del centro llamó rápidamente al 112 para pedir ayuda al ver que no reaccionaba.
Los sanitarios del SUMMA desplazados al lugar intentaron reanimarle, aunque finalmente, tan solo pudieron confirmar su muerte.
Varios testigos vieron al hombre en el suelo, rodeado de gente, hasta que llegó la comisión judicial que procedió al levantamiento del cadáver, al que seguramente se le practicó la autopsia que deberá determinar las causas del fallecimiento.
La Policía ha abierto la investigación oportuna en estos casos, aunque en principio se trate de una muerte natural.

I Simposio de Seguridad Turística.

 La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, y la Asociación Canaria para la Excelencia Profesional y Personal (ACEP) han organizado en el día de hoy, 25 de mayo, en la capital tinerfeña el I Simposio de Seguridad Turística de , un foro en el que participaron reputados profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ejército, de la Administración de Justicia y del Gobierno de , a dicho Simposio acudió la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USo en .
El objetivo de este foro, que se celebró en el salón de actos de Cajasiete fue el de elevar el grado de conocimiento en el sector turístico y, en particular, en los establecimientos hoteleros, sobre la detección y prevención de nuevos escenarios de riesgo. En este sentido, los organizadores consideran fundamental la colaboración ciudadana y el reconocimiento del principal motor económico de las Islas a los organismos públicos y privados dedicados a garantizar la seguridad.
La inauguración corrió a cargo del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra; la presidenta de ACEP, Mariola Marrero; y el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.
A continuación, intervino la viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de , Blanca Pérez, para abordar la coordinación de la seguridad en el ámbito autonómico.
Este foro contó con la intervención de los máximos responsables de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, el comisario principal jefe, Ignacio Badenas; y de la Guardia Civil en , el general de brigada Juan Manuel Sánchez, jefe de la XVI Zona de .
Ambos disertaron sobre la seguridad ciudadana en destinos turísticos, la cooperación público-privada en esta materia o sobre las acciones de prevención para luchar contra las redes de delincuencia organizada en el ámbito turístico.
Tras las intervenciones de los oradores anteriores, tocó el turno de María de los Ángeles Zabala, magistrada juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, quien hablo sobre los delitos en el ámbito turístico desde su posición. Le siguió el coronel del Ejército de Tierra José María Pardo de Santayana, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), quien aporto su visión sobre la seguridad en la frontera sur de Europa.
Se realizó una mesa redonda con los oradores donde los presentes pudieron realizar sus preguntas relacionadas con la Seguridad Turística.
La clausura del Simposio corrió a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de (TSJC), Antonio Doreste.

Firmado el Convenio Colectivo Estatal de la empresa MEGA 2 Servicios Integrales, S.L

En el enlace adjunto, podéis descargaros el Acta nº 6 y el Acta definitivo, previas a la firma del Primer Convenio Colectivo Estatal de la empresa Mega 2 Servicios Integrales.
Desde la USO entendemos que este convenio de ámbito estatal mejora de manera importante, la condiciones económicas de los trabajadores, (subida salarial de un 2,3%, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017) así como las sociales y de conciliación familiar, (31 días de vacaciones., fin de semana completo mensual, día de asuntos propios, un día para asistencia a bautizo o comunión ‘familiares en 1er grado’, ayuda para trabajadores con hijos dependientes, tres horas para la asistencia a medico especialista etc.)  propuestas puestas sobre la mesa por la representación de la USO y ratificado por la mayoría de los miembros del comité de empresa de la USO asistentes a la negociación del mismo, con el apoyo del sindicato SPV con representación también en la mesa, que entendió de la misma manera que nosotros, que las propuestas presentadas por la USO eran un paso hacia adelante en pro de los trabajadores y que las mejoras económicas y las mejoras sociales reflejadas en las propuestas y la aceptación de las mismas por parte de la empresa, (que mostró una importante predisposición para el dialogo con la parte social y que realizo los esfuerzos necesarios para alcanzar este acuerdo) así lo constatan y que tuvo su culminación en el día de ayer 23 de mayo de 2017 en Madrid, como decimos con la ratificación y firma del mismo por ambas fuerzas sindicales.
Lamentamos que tanto UGT como CCOO no entendiesen las mejoras sociales y económicas que este convenio va a traer a los trabajadores de MEGA2 y no  ratificasen con su firma el mismo.

Descargar:

Podemos apoya la huelga de Segurex 06 y culpa de ella a la Junta de Extremadura.

Los trabajadores de Segurex 06, en su concentración de este lunes frente al edificio de la Asamblea de Extremadura para protestar por sus condiciones laborales.
Podemos Extremadura ha acusado este lunes a la Junta de Extremadura de “inacción” ante las reclamaciones de los trabajadores de Segurex 06, una empresa de seguridad que dedica el 90% de su plantilla a prestar servicios en instituciones públicas.
La formación Podemos Extremadura se ha sumado este lunes a la concentración convocada ante la Asamblea regional por los trabajadores de seguridad de la empresa Segurex 06 en protesta por las “precarias condiciones laborales” en las que se encuentran, así como por la “pasividad” de la Junta.
Con ello la formación apoya las reivindicaciones de estos profesionales y las jornadas de huelga que han acordado para el mes de junio.
En nota de prensa, Podemos Extremadura apunta igualmente que el “90%” de los trabajadores de esta empresa, dedicada a servicios de seguridad, prestan servicios a través de concursos públicos, en organismos oficiales como consejerías, el Sexpe o Canal Extremadura.
Al respecto, Podemos Extremadura critica la “inacción” de la Junta para “proteger a la plantilla, mantener sus salarios, así como sus derechos laborales”; y al mismo tiempo critica que los responsables del Gobierno regional “liciten servicios y contratos con empresas, que como en este caso, incumplen las cláusulas sociales fijadas por la propia Administración”.
Ante el “descuelgue” del convenio colectivo y la “rebaja salarial” en Segurex 06, Podemos exige “responsabilidad e intermediación” a la Junta para “solucionar” la situación que atraviesa la plantilla y sus familias, indica la formación.
Los diputados del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, Daniel Hierro y Obed Santos, han secundado este lunes la “sonora protesta” que se ha desarrollado en las inmediaciones de la Asamblea.

El PP recrimina a Fernández Vara el incumplimiento de las cláusulas sociales que prometió

(Imagen) tercero por la izquierda, el secretario general de la FTSP-USO Extremadura Jose Luis Mendez, con el grupo parlamentario Popular
Mérida, 22 de mayo de 2017. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha recriminado a Guillermo Fernández Vara el incumplimiento de las cláusulas sociales que prometió ante notario, dentro de la medida 22 de la Agenda del Cambio. La situación que están atravesando los trabajadores contratados para velar por la seguridad de los edificios de la Junta revela que el Ejecutivo no defiende a cientos de profesionales que se enfrentan a posibles reducciones mensuales de sueldo de 475 euros de media.
El Grupo Popular ha mantenido una reunión esta mañana con los principales representantes sindicales de los empleados afectados para recoger sus demandas. En el encuentro, los responsables de USO UGT, CSIF, y CCOO han explicado que la situación de los vigilantes de seguridad de la empresa a la que se adjudicó la vigilancia de edificios públicos es delicada porque se ha producido un descuelgue del convenio que ya ha sido rechazado por el comité de empresa.

Los trabajadores han comunicado que harán huelga los días 2,3,4 y 5 de junio.
La portavoz de Administración Pública del GPP, Eva Pérez, ha señalado que esta decisión afecta a trabajadores de toda Extremadura, “un total de 200 personas que perderán derechos laborales y un 20% de su salario”. “Nos preguntamos dónde están las cláusulas sociales que, supuestamente, iban a devolver derechos a los trabajadores”, ha afirmado Pérez. El GPP ha anunciado que impulsará una propuesta en el parlamento para defender a estos trabajadores, ya que la Junta no les ha ofrecido solución alguna.

Reunión Comisión Paritaria. Motivo: inaplicación parcial por parte de la empresa Segurex 06 S.L de las tablas salariales del CCEESP

En el día de hoy se ha mantenido una reunión de la Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación del Convenio Colectivo de empresas de seguridad privada.
Esta reunión ha estado motivada por la solicitud de la empresa Segurex 06 S.L de la inaplicación parcial de los salarios establecidos en el Convenio Colectivo sectorial estatal de las empresas de seguridad privada por un periodo de cuatro años.
Tras un detallado estudio y análisis de la documentación aportada así como el estudio de una consultora externa sobre la situación económica de esta empresa Segurex 06 S.L, los miembros de la Comisión Paritaria por unanimidad, desestiman la pretensión de la empresa ya que entienden que no acredita en modo alguno la concurrencia de la causa económica invocada para la solicitud de la inaplicación planteada.

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Canarias destina 7,4 millones a la vigilancia de los centros de menores.

El Gobierno de Canarias autorizó ayer en su sesión semanal del Consejo de Gobierno a la financiación con 7,4 millones de euros los servicios de vigilancia y protección que necesitan los centros de internamiento de menores a lo largo de tres años, en concreto el trienio correspondiente entre 2017 y 2019.
El servicio que va a sufragar la comunidad autónoma consiste en la vigilancia y protección de los centros de internamiento educativo de menores, tanto en lo que se refiere a la ayuda al personal de este tipo de recursos cuando sea necesario para mantener como para restablecer el orden interno.
En la actualidad, el Archipiélago cuenta con un centro de internamiento de menores en régimen cerrado (localizado en la localidad lagunera de Valle Tabares, en Tenerife) y otros dos de internamiento en régimen semiabierto (también Valle Tabares y otro en La Montañeta, en Gran Canaria).
La red de este tipo de centros para menores se completa con otros cuatro de convivencia en grupo educativo en régimen abierto, además de varios recursos para internamiento en régimen abierto.
En la actualidad, un total de 207 jóvenes cumplen medidas en centros de internamiento en el Archipiélago y de ellos, solamente dos en régimen cerrado, mientras que el resto disfruta de un régimen semiabierto. Además, otros 785 menores cumplen medidas en las Islas en régimen abierto.

La FTSP-USO Canarias se reúne con la Secretaria General Técnica de la Consejería de empleo, políticas sociales y viviendas del Gobierno de Canarias

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO)  ha tenido una reunión con la Sra. Natalia Escuder Gutiérrez de Salamanca. Secretaria General Técnica de la Consejería de empleo, políticas sociales y viviendas, acompañada de otros técnicos de la mesa de contratación.
A esta reunión han asistido: Juan Díaz, Secretario General de la FTSP-USO Canarias y Dolores-Marta Espinosa, Secretaria de Relaciones Institucionales y Secretaria de Igualdad de la FTSP-USO Canarias.
Durante la reunión se ha mantenido un dialogo muy distendido, abordando temas de máximo interés como la ley de contratación pública europea del año 2014 y las directrices de contratación pública de la administración de la comunidad autónoma de Canarias.
Hemos tratado también la próxima licitación de 7,4 millones de euros  (2017 al 2019) de la vigilancia y protección de los centros de internamientos educativos de menores de la comunidad autónoma que cuenta con un centro de internamiento de menores en régimen cerrado en Valle Tabares, en Tenerife y otros dos de régimen semiabierto como son uno también en Valle Tabares y otro en La Montañeta, en Gran Canaria.
En la reunión se le ha comunicado a los allí presentes, la presentación en los próximos días de un preaviso de Huelga en los centros de menores de Canarias.
Al finalizar esta reunión, nos emplazamos para una próxima reunión lo antes posible para retomar lo tratado en el día de hoy, además estaremos muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos si se llevase a cabo la huelga planteada por los trabajadores de estos centros y que se anunciará de manera oficial en la próxima asamblea de trabajadores.

Acta 6 negociación convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada


18 de mayo de 2017

Éxito de la 1ª Jornada de Comunicación de la FTSP-USO

Tal y como estaba previsto se ha celebrado en la mañana de hoy, la 1ª Jornada de Comunicación de la FTSP-USO, en la que han participado los responsables territoriales del área y que en opinión de todos los participantes ha sido muy interesante, alabando la modalidad utilizada de videoconferencia, ya que en opinión de todos, es un excelente vehículo de aproximación entre los territorios.
Hemos profundizado en las necesidades de divulgación de nuestro trabajo y en la actividad de nuestra Federación que es mucha y que tenemos que ser capaces de transmitir no solo al interno, sino también al exterior.
Desde los territorios se han aportado ideas muy interesantes para ampliar el alcance de toda la información que producimos y la interacción en las redes sociales.
Las periodistas Ester Peyró (USO) y Cristina Bisbal, han aportado ideas de como mejorar y ampliar la comunicación a los diferentes medios, la confección de notas de prensa, y la interacción en las redes sociales, etc.
Nos hemos emplazado para en un par de meses continuar en esta linea de aproximación, mas allá de las distancias geográficas, utilizando la modalidad de videoconferencia.

Acta nº 4 negociación Convenio ESC Servicios

Adjuntamos el Acta Nº 4 de la negociación del convenio colectivo de la empresa de servicios ESC Servicios Generales.

Descargar:
 ACTA CONVENIO ESC 2017-17052017160536

Cospedal otorga la seguridad del Museo del Ejército a un condenado indultado por el Gobierno

El propietario del Grupo RALONS y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, fue condenado a 3 años de prisión
Los sindicatos no daban crédito este miércoles a la noticia difundida por el Ministerio de Defensa adjudicando el servicio de vigilancia y seguridad del Museo del Ejército a Marsegur, una compañía del mismo entorno empresarial que Sinergias Seguridad, perteneciente al Grupo RALONS que preside el empresario grancanario, Miguel Ángel Ramírez.
Y no salían de su asombro porque el dueño de esta empresa fue condenado a 3 años de prisión por un delito mediambiental e indultado posteriormente por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, gracia que fue revocada por el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción. Pues bien, este “emprendedor”, pendiente todavía de ingresar en prisión hasta que el Ejecutivo del PP no se vuelva a pronunciar sobre un nuevo indulto, es el elegido por la ministra María Dolores de Cospedal para llevar la seguridad del museo castrense ubicado en el Alcázar de Toledo.

Imputado por presunto fraude millonario
Pero aquí no queda la cosa ¡Qué va! Ramírez se encuentra imputado (o lo ha estado) por un presunto fraude multimillonario a Hacienda  y a la Seguridad Social. Según un informe de la Inspección de Trabajo, las cantidades evadidas entre 2008 y 2012  ascenderían a casi 21 millones de euros. 12 millones a la Seguridad Social y 9 a Hacienda. El control de las cotizaciones de  2013 aún está pendiente, por lo que finalmente el fraude podría ser mayor, según el sindicato FTSP-USO, que estima que el supuesto fraude podría alcanzar los 40 millones de euros. Sin embargo, y pese a la gravedad de estos presuntos delitos, Miguel Ángel Ramírez no ha dejado de beneficiarse de la concesión de contratos por parte de las Administraciones públicas, a lo largo de todo el Estado.

“El capo de la seguridad”
Miguel Ángel Ramírez, “El capo de la seguridad”, como lo llaman los sindicatos, entre ellos CC OO, tiene la concesión, entre otros, de los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, con un contrato de 32 millones de euros; el Metro de Madrid, 71 millones; o la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España, como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monasterio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío (Segovia). En este sentido, para USO no deja de ser paradójico que Seguridad Integral Canaria  custodie también  la propia Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, presuntamente, defraudó millones de euros, además de los juzgados de Las Palmas a los que acude con cierta asiduidad Miguel Ángel Ramírez, y otros edificios oficiales.

Amigo del PP y bien relacionado con Soria
Si a todo este asunto le añadimos que el nombre de Miguel Ángel Ramírez ha sido asociado a la relación de empresarios que realizaban presuntas donaciones ilegales al Partido Popular, en su caso dos pagos en 2010 y 2011 por un montante total de 150.000 euros, entonces, es difícil de entender cómo Cospedal otorga esta nueva concesión del Museo del Ejército al dueño de Seguridad Integral Canaria, cuando éste realizó supuestas y generosas aportaciones dinerarias al Partido Popular que una vez en el Gobierno de la nación le concedería el indulto.
No sabemos si las buenas relaciones de Ramírez con personas como el exministro José Manuel Soria, amigo personal de Cospedal y “socio” de la ministra en “cagadas empresariales” llevadas a cabo en la localidad albaceteña de Almansa, dicen fuentes socialistas, han influido de alguna forma para que este llamado “emprendedor” haga su agosto a costa de los trabajadores, como denuncia el sindicato

Ofertar a la baja; pagan los trabajadores
En este sentido, el sindicato tiene claro que aprovechando que así se lo permite la reforma laboral del PP, tanto Marsegur como Sinergias Seguridad tienen su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales, lo que permitió a ambas empresas presentar “las ofertas económicas más ventajosas”, que traducido a un sueldo en el Museo del Ejército pueden ser 400 euros menos al mes.
Y es que el contrato de un año de duración, al que ha dado luz verde la ministra Cospedal, partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros y le fue adjudicado a Marsegur por 15 millones, o lo que es lo mismo, una baja temeraria de casi cuatro millones de euros que pagarán, con toda seguridad (y nunca mejor dicho), los 13 vigilantes del museo que tienen, hoy por hoy, el alma en vilo, denuncia el sindicato.

“Museo de los horrores laborales”
Para el sindicato está claro que la “ ministra, expresidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general del PP y presidenta del PP castellano-manchego, María Dolores de Cospedal, pone ahora a esos 13 vigilantes de seguridad a la entera disposición del señor Ramírez”, añade el sindicato, “Cospedal está convirtiendo el Museo del Ejército Español en el Museo de los Horrores Laborales y de la Explotación de los Trabajadores de España”, ya que al llegar la lideresa y su equipo toledano, con Agustín Conde a la cabeza, “la Junta de Contratación del Ministerio otorgó a Marsegur la contrata de los servicios de seguridad de todas las sedes del Ministerio y de sus organismos autónomos, incluido el Museo del Ejército”, concluye el sindicato

Los exempleados de Valle Tabares denunciados por tortura, absueltos

La Audiencia Provincial hace prevalecer la presunción de inocencia de los acusados al no ver probados los hechos que se les imputan
La Audiencia Provincial ha absuelto a los tres acusados de tortura a un menor en el centro de medidas judiciales de Valle Tabares. La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, no considera probado que los extrabajadores fueran responsables de los hechos por los que se les denunció en 2005 y libera de la responsabilidad civil a las instituciones responsables del centro en aquel momento: el Gobierno de Canarias, la Fundación Ideo y la empresa Seguridad Integral Canarias. 
La denuncia se remonta a una situación de noviembre de 2004, cuando el denunciante se encontraba interno en el centro de Valle Tabares siendo menor de edad. Según se recoge en el escrito de Fiscalía, que solicitaba 18 años de prisión para los acusados por un delito de tortura grave, el joven estuvo inmovilizado durante al menos 11 horas, sin permitírsele acceder al servicio ni ingerir alimentos o agua. La situación se repitió varios días después durante casi cuatro horas. 
La Fiscalía señalaba como responsables de los hechos a tres trabajadores. El primero de ellos era el director del centro de menores, el jefe de seguridad y el vigilante de seguridad, el único de los tres que tenía antecedentes judiciales. Los tres sostuvieron en todo momento su inocencia respecto a los hechos, juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de marzo. 
La sentencia del órgano judicial absuelve a los acusados al entender que prevalece la presunción de inocencia y alude a que las pruebas presentadas durante las sesiones de juicios no ratifican la responsabilidad de los hechos, además de citar contradicciones en los testimonios respecto a la utilización de la correas de sujeción. 
En concreto, la Fiscalía relataba en su escrito de acusación que en el año 2004, cuando el denunciante contaba con 16 años, "fue sometido a medidas de separación de grupo y contención mecánica", en dos ocasiones. La primera de ellas se produjo el 19 de noviembre, durante un total de once horas, según aclara la Fiscalía, que añade que durante ese tiempo se encontraba "atado e inmovilizado". Para ello, se emplearon correas de contención psiquiátricas en las manos, los pies y la cintura y, además, según el documento, durante ese tiempo no se le permitió ir al servicio, por lo que llegó "a orinarse encima". 
Sin embargo, a juicio del órgano judicial, aclara que no se ha demostrado el tiempo de sujeción en las pruebas testimoniales ni periciales, además de recordar que antes de la prohibición de su uso en centros de estas características, se consideraba aceptable solo durante un periodo no superior a una hora. 
Así mismo, la propia Audiencia reconoce la dilación indebida en el procedimiento judicial, que queda en parte resuelto (a falta de si se presenta finalmente recurso por parte de la acusación), tras más de doce años desde el internamiento del joven, de ahora 28 años, en el centro de menores con medidas judiciales en La Laguna.