El presidente de la UD Las Palmas es el propietario de la empresa que se encargaba de la seguridad del partido entre el equipo canario y el Córdoba. Además, tiene la concesión de la vigilancia del Monasterio de El Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, así como del Metro de Madrid. El Gobierno del PP le indultó hace dos meses cuando había sido condenado a tres años de cárcel por un delito urbanístico.
Si esperpéntico fue lo que sucedió en los últimos minutos del decisivo UD Las Palmas-Córdoba, tanto o más resulta el hecho de que el propietario de la empresa que velaba por la seguridad del Estadio de Gran Canaria sea del presidente del club canario, Miguel Ángel Ramírez. El dispositivo en cuestión, y ahora cuestionado, "era de 100 personas y contaba con el apoyo de la Policía Nacional, pero en un evento donde hay más de 31.000 personas es difícil contener este tipo de cosas", explicó Ramírez, para añadir que "fue una cuestión cívica y de educación".
Sin embargo, y tal y como informaron algunos medios, la Policía Nacional cree que las puertas del Estadio de Gran Canaria se abrieron antes de que acabara el encuentro. Como es sabido, la responsabilidad del control de acceso es del club que organiza el partido y el propio Ramírez podría ser sancionado por incitar a la violencia contra las fuerzas del orden con unas declaraciones en la que les responsabilizaba de la invasión del campo. La decisión de club de abrir las puertas de una de las gradas permitió que más de un centenar de personas que se agolpaban fuera, entraran y saltaran al terreno de juego para interrumpir el encuentro a apenas minuto y medio de su finalización y cuando el equipo canario ganaba 1-0.
Miguel Ángel Ramírez, que compró un club en fase de disolución y a punto ha estado de llevarlo a Primera, ha contado siempre con el respaldo de los políticos locales y autonómicos, quienes empezaron a frecuentar el palco del Estadio de Gran Canaria. Ramírez tuvo la suerte de que el PP arrasó en las elecciones y empezaron a llegarle contratos, y no solo en Canarias.
Pero hay más, pues fue protagonista de un polémico indulto, del que 'Vozpópuli' informó hace ahora dos meses. El Gobierno le concedió la medida de gracia que le permitió eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico porque "no tenía ningún antecedente penal", "su informe policíal carecía de antecedentes" y en vista de la "advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado".
Ramírez, que presume de no haber leído nunca un libro y figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio cómo su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Sin embargo, la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.
Las empresas de Miguel Ángel Ramírez son conocidas en los concursos públicos, especialmente en Canarias, aunque también en el resto de España. De hecho, una de sus compañías de bandera, Seguridad Integral Canaria (SIC), se hizo con un contrato de 11 millones de euros para dotar de vigilancia del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, todo ello dependiente del Ministerio de Presidencia. Además tiene la multimillonaria concesión de la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP.
