Igualdad y seguridadAntonio Trevín Lombán Portavoz de interior del Grupo Socialista en el Congreso El pasado día 20 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó una nueva ley de seguridad privada. Desde ese día se posibilita que los españoles tengamos distinto nivel de seguridad.Según diferentes estudios de opinión, la mayoría de los españoles aspiran a una sociedad que combine economía de mercado con democracia, derechos civiles y garantías sociales.
Pese a ello, el actual Gobierno parece empeñado en llevarnos a otra parte. Con el falso pretexto de la austeridad sigue sacrificando la equidad.
El rigor del gasto no debería significar el desmantelamiento de los servicios públicos. Es posible compaginar rigor en el gasto con asegurar su calidad. Algunas falsedades no deberían salir gratis.
Pero, además del gasto, el Estado del bienestar enfrenta en nuestro país la dicotomía público/privado, y hay áreas en las que el mercado no debería entrar, porque perjudica la vida democrática, según el profesor de Política y Justicia de Harvard Michael J. Sandel. En la seguridad, el dinero marca diferencias, cambia la relación entre los ciudadanos y la de éstos con los espacios públicos. Por eso, estamos en contra radicalmente de entregar al beneficio empresarial una buena parte de nuestra seguridad pública.
La desigualdad es un problema más allá de la pobreza. Cuando la brecha entre ricos y pobres se ensancha, las personas empiezan a vivir cada vez más separadas. En distintos barrios, distintas escuelas, distintos médicos, diferente seguridad. Dejan de convivir en los espacios públicos y crece el riesgo de dejar de sentirnos ciudadanos, miembros de una misma sociedad.
Esta ley nos coloca, además, ante nuevos desafíos.
Deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en el día a día de nuestras vidas. Y, sin embargo, esta norma carece de mecanismos legales para controlar sus incumplimientos o las violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva.
El Gobierno aprobó un texto abriendo la actuación de la seguridad privada a las calles comerciales peatonales, como Milicias Nacionales. Se aprobó ampliándola a "espacios de uso común" que puedan delimitarse, es decir, amplias zonas como la comprendida entre las calles de Milicias Nacionales, Pelayo, Palacio Valdés y Posada Herrera, en torno a la calle Uría (Oviedo).
Dichas calles podrán ser patrulladas por vigilantes privados que atenderán preferentemente a quienes los hayan contratado. Con ello pierde el ciudadano de a pie, que, encima, podrá ser detenido, identificado y cacheado por los mismos.
Otra importante novedad es que posibilita al Gobierno a obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. Desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos del fútbol modesto o las maratones populares.
Para los que no adopten las medidas obligadas, la autoridad gubernativa prevé multas de 30.000 a 600.000 euros.
Esta ley convertirá, también y definitivamente, en moneda corriente la precarización laboral del sector.
Las empresas de seguridad tendrán ahora dos categorías. Los vigilantes y los auxiliares. Estos últimos podrán realizar tareas de ayuda o socorro, cobrarán menos y no generarán las mismas obligaciones para las empresas, ya que quedan fuera del control de Interior con esta norma.
La patronal de la seguridad privada está de enhorabuena. La ley grava más las sanciones económicas por infracciones del personal que las de las empresas, que además contarán con nuevos nichos de negocio:
- Los recintos exteriores de las prisiones y los CIES.
- La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública.
- Las vías y los espacios de uso común de las urbanizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar.
- Las vías y espacios de uso común que se encuentren delimitados (cualquier calle o espacio público lo son y lo están).
- Las materias propias de la Protección Civil.
Y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana contempla, incluso, que puedan intervenir en la disolución de manifestaciones.
Esta norma es fruto de un trabajado pacto entre el Grupo Popular y el de Convergencia i Unió. Para el negocio siempre se ponen de acuerdo. Pero de lo que realmente importa, entre Cataluña y España, de eso no son capaces tan siquiera de hablar.
Necesitábamos una nueva ley de seguridad privada, pero no era ésta.
El Grupo Socialista la rechaza porque:
- Los ciudadanos pierden derechos democráticos y sociales.
- Se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores.
- Y unas pocas empresas se enriquecerán.
