Las Palmas de Gran Canaria, EFE El sindicato USO ha asegurado hoy que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha generado "un clima de miedo" entre los trabajadores de su empresa, que provoca que sean "pocos los valientes", menos del 10 %, que se atreven a reclamar.
El secretario general de USO Canarias, Juan Díaz, ha señalado hoy en conferencia de prensa que, en su declaración ante el Juzgado de Instrucción, Ramírez afirmó el pasado lunes que en su empresa no se hacen horas extraordinarias y que sus trabajadores solo perciben dietas y desplazamientos por los traslados de un centro a otro.
Este sindicato, del que partió la denuncia de supuesto fraude a Hacienda y la Seguridad Social en la empresa de Ramírez, mantiene que Seguridad Integral Canaria declaró hace unos dos años en un Juzgado de lo Social de Las Palmas que el importe que los trabajadores cobraban como dietas y desplazamientos eran horas extraordinarias.
USO dice que va a comunicar a la juez instructora esa "incongruencia", ya que el Juzgado de lo Social falló que el importe que pagaba Seguridad Integral Canaria por dietas y desplazamientos eran "horas extraordinarias".
Sin embargo, Juan Díaz cree que la "perla más cultivada" de la declaración de Ramírez este lunes fue decir que muchos de los trabajadores que declararon ante la Agencia Tributaria y que denunciaron que cobraran dietas y desplazamientos como horas extraordinarias lo hicieron por "coacciones, amenazas y presiones" de la inspección.
El empresario grancanario aseguró ante la juez -siempre según USO- que esos trabajadores acudirán al notario para desdecir su testimonio inicial y argumentar que lo hicieron por presiones del inspector de Hacienda.
USO se pregunta por los motivos que han llevado a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria a desdecirse y se plantea si lo que ha ocurrido en realidad es que la empresa les está presionando para que vayan al notario a cambiar su declaración.
Según Díaz, este tema va a traer "mucha cola", ya que no sabe que pensará ahora la Agencia Tributaria y el inspector que tomó esas declaraciones.
"Cuando menos, la situación es compleja, pero me parece alarmante que se diga e insinúe de que hay presiones y algo raro y, sobre todo, que él (Ramírez) lo hace todo perfecto", ha agregado el sindicalista.
Juan Díaz ha apuntado que el también presidente de la UD Las Palmas está "nervioso" por su presencia ante la juez de Instrucción: "No está como cuando se paseaba por los pasillos de los Juzgados de lo Social, ahora se enfrenta a un juicio penal y se le nota".
USO sostiene que los 3.500 trabajadores de Seguridad Integral Canaria perciben una media de 600 euros menos al mes que en otras empresas, entre las horas que "regalan" y el "incumplimiento" del convenio colectivo, lo que hace imposible que la competencia pueda rivalizar con sus ofertas en los concursos públicos.
El pasado lunes, la juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria interrogó durante unas cuatro horas a Ramírez, como imputado en dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social presuntamente cometidos a través de Seguridad Integral Canarias, tras una querella presentada por USO.
Tanto USO, como la Fiscalía de Delitos Económicos, y la acusación popular que representa a un grupo de empresas de vigilantes de seguridad, acusan al empresario canario de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras que realizan los vigilantes en nómina de Seguridad Integral Canaria como si fueran dietas y desplazamientos (conceptos que están exentos de tributación).
