El empresario declaró este miércoles por la mañana durante cuatro horas ante la juez Victoria Rosell
La juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria mantiene la imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social al empresario Miguel Ángel Ramírez, tras haber escuchado su versión sobre cómo paga Seguridad Integral Canaria a sus vigilantes.
Ramírez declaró este miércoles por la mañana, durante cuatro horas, ante la juez Victoria Rosell, por la denuncia que el sindicato USO y la Fiscalía de Delitos Económicos han formulado contra él, en la que se le acusa de haber defraudado 2,4 millones de euros al erario público pagando las horas extras que realizan sus vigilantes como si fueran dietas (un concepto que está exento de tributación).
El empresario grancanario, que preside la UD Las Palmas, ha declinado hacer comentario alguno a su entrada y salida de Juzgado, aunque su letrado defensor, José Antonio Choclán, ha confirmado a los periodistas que la instructora mantiene por ahora los cargos.
