El empresario grancanario ha declinado hacer declaraciones al inicio de su interrogatorio y ha anunciado que, a lo largo del día, su empresa emitirá un comunicado con su versión de los hechos.El sindicato USO sostiene que el fraude a la Seguridad Social y a Hacienda que supuestamente ha cometido la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, puede ascender a 40 millones euros, distribuidos entre 2008 y 2013
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (Unión Sindical Obrera), Antonio Duarte, se ha desplazado hoy a la isla con motivo de la declaración de Ramírez ante el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por el presunto fraude cometido en los años 2008 y 2009.
A raíz de una denuncia de USO, la Fiscalía de Delitos Económicos acusa a Miguel Ángel Ramírez de haber defraudado en esos dos años 2,4 millones de euros, mediante el pago sistemático a sus trabajadores de las horas extraordinarias en forma de dietas, concepto que está exento de cotización a la Seguridad Social.
El empresario grancanario ha declinado hacer declaraciones al inicio de su interrogatorio y ha anunciado que, a lo largo del día, su empresa emitirá un comunicado con su versión de los hechos.
USO ha organizado hoy una concentración sindical a la entrada de la Ciudad de la Justicia para denunciar las prácticas laborales de Seguridad Integral Canaria. Antonio Duarte ha asegurado que, si a los años incluidos inicialmente en la acusación del fiscal, se le suman también 2010, 2011, 2012 y 2013, el posible fraude ascendería a 40 millones de euros, solo en Seguridad Integral Canaria.
Este portavoz sindical ha recordado que la empresa de Ramírez ha obtenido en los últimos años, entre otros contratos públicos, la custodia de los Reales Sitios de Patrimonio Nacional y parte de la red de metro de Madrid.
El líder sindical ha subrayado que USO lleva más de diez años denunciando los “atropellos” de Ramírez a sus trabajadores en las islas y en la península y ha explicado que su denuncia se centra en Seguridad Integral Canaria, porque si “abrieran el melón” de todo el grupo Ralons, la investigación podría demorarse años.
USO considera que los hechos que el fiscal imputa a Ramírez en su comparecencia de hoy están castigados con condenas de hasta cuatro años de prisión, además de la sanción correspondiente.
Su portavoz ha recordado que Ramírez ya está condenado en firme a tres años y un día de prisión por un delito urbanístico, del que, sin embargo, ha sido indultado parcialmente con la condición de que derribe las obras ilegales que realizó en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de un paraje natural protegido.
Duarte ha considerado una “desvergüenza” que se haya adjudicado a Seguridad Integral Canaria recientemente de nuevo la custodia de los Reales Sitios de España, cuando el Ministerio de Hacienda conocía a través de la Agencia Tributaria el supuesto fraude cometido por esa empresa durante los años 2008 y 2009.
Así mismo, ha calificado de “temerarias” las ofertas con las que la empresa de Ramírez participa en los concursos públicos, porque sus condiciones no se pueden mejorar, ya que son entre un 20 y un 30 por ciento más bajas que las de sus competidores. USO atribuye esa ventaja a que abona 300 euros menos mensuales a sus trabajadores.
Duarte ha calificado a Ramírez como “un saqueador del dinero público”, “que expolia el dinero público del país con la connivencia y conocimiento de las autoridades, tanto de la Inspección de Trabajo como de la Agencia Tributaria”, ha afirmado. EFE
