La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) valoró hoy “muy positivamente” que el Ministerio del Interior haya llevado el anteproyecto de nueva ley del sector al Consejo de Ministros, que lo ha aprobado para su remisión a los órganos consultivos.
Aproser, que agrupa a las principales empresas españolas de seguridad, dijo, a través de un comunicado, que ha venido reivindicando desde hace tiempo un nuevo marco normativo que, consolidando los aspectos positivos de la ley en vigor, permitiese “una contribución más positiva de la seguridad privada al conjunto de la sociedad y la regeneración de un empleo de calidad”.
Esta patronal aseguró que realizará en los próximos días “un análisis detallado” de la futura normativa, una vez que le haya sido remitida desde Interior. No obstante, adelantó que sus valoraciones se harán “desde la perspectiva de continuar con la lucha contra el intrusismo, la dignificación de la profesión y su aportación al bienestar social, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Estas empresas también aspiran a que la nueva ley permita el “desarrollo de nuevas actividades” de un sector “que ha sufrido una importante caída de su facturación cercana al 25 por ciento en los últimos cinco años, con la incidencia que eso ha tenido en el empleo”.
Asimismo, estas compañías destacaron que han transmitido “a los distintos Gobiernos de la nación y a las distintas fuerzas parlamentarias sus criterios sobre aquellos aspectos que pudieran aprovechar las grandes potencialidades del sector, manteniendo el amplio consenso parlamentario sobre los grandes principios que inspiran la actual normativa”.
Por este motivo, “Aproser confía y desea que este consenso se mantenga y, si cabe, se acentúe, en el proceso de tramitación de la nueva ley”.
Asimismo, estas empresas consideran que “la nueva normativa en servicio de los ciudadanos y, siempre que el interés público lo aconseje, es una ocasión para formalizar actuaciones complementarias de la seguridad privada”.
Además, estiman que la nueva ley es “una oportunidad para proteger jurídicamente a nuestros profesionales de un modo más adecuado, para definir mejor los niveles de responsabilidad de prestatarios y usuarios de servicios y para compatibilizar el necesario control de nuestras actividades con la erradicación de las cargas administrativas”.
