3 de octubre de 2014
UGT alerta de un paso más en la privatización de la seguridad exterior en Prisiones
El Sindicato de Prisiones de UGT ha alertado del proceso privatizador de la seguridad en los centros penitenciarios que hoy da un nuevo paso en la Prisión de Logroño con el cambio de titularidad en la empresa encargada de la vigilancia privada exterior.
Hoy se ha hecho efectivo el cambio de tiitularidad de la empresa encargada de la vigilancia privada exterior en la Prisión de Logroño. Según informa UGT, se retira la empresa Ombus, propiedad de Mayor Oreja y pasa a manos de Seguritas. En esta segunda fase se incrementa el número de vigilantes privados. - de 23 efectivos se pasa a 29- con el objetivo de sustituir progresivamente la vigilancia llevada a cabo hasta ahora de manera conjunta con la Guardia Civil. Además, se incorpora el derecho de estos vigilantes a llevar consigo armas de fuego.
El proceso privatizador comenzó en La Rioja en mayo de 2013 cuando se adjudicó a la empresa privada Ombus labores de vigilancia exterior de los recintos penitenciaros. Labor hasta entonces dentro de las funciones designadas a la Guardia Civil. Posteriormente el proceso privatizador se hizo extensible al resto de centros penitenciarios y ahora, de nuevo, es pionero, en esta segunda fase de sustitución de la guardia civil por vigilantes privados armados.
Desde el Sindicato de prisiones de UGT de La Rioja ha afirmado que "defendemos el trabajo desempeñado por la Guardia Civil -servidores públicos cualificados- y entendemos que esta sustitución no beneficia más que a los intereses privados de las empresas de seguridad, por lo que revindicamos un servicio público de calidad desempeñado por empleados públicos cualificados e imparciales. No olvidemos que el servicio público tiene como objetivo y único fin estar al servicio del ciudadano, no de intereses particulares".
"El centro de prisiones de Logroño es el centro piloto del proceso privatizador que está realizando el Ministerio del Interior y que posteriormente ampliará al resto de prisiones. Es por ello, que en la Comunidad Autónoma de La Rioja seremos los primeros en sufrir las consecuencias que este proceso acarrea", han resaltado.
Vinsa seguridad alentis consolida su presencia en galicia con la apertura de una nueva delegación en lugo
Vinsa Seguridad Alentis ha abierto una nueva delegación en Galicia, con lo que, de este modo, consolida su presencia en la región. La nueva sede se encuentra ubicada en Lugo, en la calle San Roque, número 71, entreplanta derecha.
El área de Seguridad de Facility Services Alentis, compañía perteneciente al Grupo de Empresas de la ONCE y su Fundación, cuenta, tras esta apertura, con tres delegaciones en la comunidad gallega. Además, es una de las tres únicas empresas del sector que se establece en la región con una sede física y homologada ante el Ministerio del Interior.
La empresa continúa, de esta manera, con su compromiso en Galicia, comunidad en la que desempeñan su labor profesional un total de 395 vigilantes con un gran nivel de preparación. Los trabajadores de la compañía prestan sus servicios con la ayuda de herramientas teóricas y prácticas para garantizar la satisfacción de sus clientes, que pertenecen tanto al ámbito público como al privado y entre los que se encuentran Administraciones Públicas, centros sanitarios y hospitalarios, centros de ocio y arte y medios de comunicación, entre otros.
Facility Services Alentis también mantiene su compromiso por la creación de empleo de calidad, por la integración de trabajadores con cualquier tipo de discapacidad y por la especialización e innovación en todos aquellos servicios que presta, estando también certificados en responsabilidad social corporativa.
De hecho, la compañía, que atesora una trayectoria de más de 25 años, elabora planes de seguridad personalizados y diseñados por su equipo de expertos, en los que se asignan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus clientes, quienes han podido constatar la calidad del servicio prestado y el elevado nivel de preparación de los vigilantes de Vinsa Seguridad Alentis.
El diputado socialista Pedro Muñoz apuesta porque la seguridad sea ejercida por funcionarios públicos
El diputado socialista Pedro José Muñoz ha expresado su rechazo a la presencia de seguridad privada en las cárceles, como la de Brieva, y afirma que “una vez más, el tiempo nos da la razón y pone sobre la mesa las intenciones del Partido Popular”.
Pedro José Muñoz, que fue ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de la Ley de Seguridad Privada, ha manifestado que “desde un inicio los socialistas advertimos que, entre otras consecuencias, la normativa era el primer paso para la privatización del sistema penitenciario, por lo que emitimos un voto contrario a la misma”.
Y es que, “por mucho que los dirigentes del PP de Ávila se empeñen en sostener lo contrario”, según el diputado socialista, “la referida Ley posibilita, como ya ocurre en la cárcel de Brieva, que servicios de seguridad privada sustituyan a la Policía y a la Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como a los funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior”.
En opinión de Pedro Muñoz, “el sistema penitenciario precisa, como toda seguridad ciudadana, que sea ejercido por funcionarios públicos”, y ha recordado en este sentido que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. No es de recibo sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan, como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha dicho el diputado abulense.
La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas
Fuerte malestar entre los guardias civiles por la entrega de la seguridad exterior a manos privadas.
“Es una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.
“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.
Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.
Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria, pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.
“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.
Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la misma pasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.
Continúan con la privatización de la seguridad peninteciaria
A partir del día 1 de octubre se inicia la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase (experimental) se había implantado en 21 prisiones.
Según comunica la Dirección General de la Guardia Civil esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un período de otros 12 meses, tal como se acordó el día 11 de septiembre en la reunión celebrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En opinión de AUGC “resulta inaceptable” que se justifique dicha medida “debido a la aceptación que ha tenido la primera fase, cumpliendo las previsiones que se habían acordado en un principio”, “cuando lo cierto es que desde su inicio hace más de un año este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad.”
Argumentan también que “los vigilantes de seguridad supondrán un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de los componentes de las FCSE”, pero a continuación reconocen que realizarán sus funciones en solitario “una vez que haya transcurrido un período de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”.
En esta segunda fase los vigilantes desempeñarán las siguientes funciones: control de personas, vehículos y mercancías, operación de los sistemas CCTV (video-vigilancia) instalados en los centros de control, y vigilancia desde puestos fijos o garitas. Para ello “recibirán una formación general impartida por las compañías de seguridad privada en sus centros de formación, y el responsable policial del centro les impartirá unas instrucciones específicas de adaptación al puesto de trabajo con una duración de hasta 5 horas”.
Tal como acordó el Consejo de Ministros de fecha 30/05/2014, el coste total de esta segunda fase de la privatización es de 33.387.743 euros, distribuidos en cuatro lotes por zonas geográficas:
- Lote 1: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429 euros, adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por OMBUDS, EULEN, VINSA, PROSETECNISA, SABICO, GARDA y CASESA.
- Lote 2: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste de 8.551.283 euros, adjudicado a la empresa SECURITAS.
- Lote 3: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805 euros, adjudicado a la empresa OMBUDS.
- Lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224 euros, adjudicado a la UTE formada por las empresas COVIAR y SEGURIBÉRICA.
Para AUGC el inicio de esta segunda fase conlleva que en parte de los centros penitenciarios incluidos en la primera fase se produzca un cambio de empresas de seguridad privada, con la consiguiente subrogación de los vigilantes afectados, a pesar de lo cual algunos de ellos quedarán fuera del dispositivo e incluso podrán quedar en situación de desempleo, originándose así la preocupante situación que ya venía avisando AUGC, esto es, porque dichos empleados han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible (datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario, incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales, estado de los sistemas de video-vigilancia instalados en los centros de control, conociendo qué cámaras están averiadas, qué zonas originan falsas alarmas, etc.).
Aunque esta segunda fase aún no conllevará la reducción de plantillas de las Secciones de Seguridad Penitenciaria, sin embargo sí afectará a parte de quienes componen los Núcleos de Servicios y trabajan en centros penitenciarios, algunos de los cuales pasarán a desempeñar otros cometidos, pero sin cambiar de destino.
AUGC sigue mostrando su pleno rechazo a la privatización de un servicio público tan relevante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para intentar impedir que este proceso privatizador conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo previsto por la Dirección General.
2 de octubre de 2014
USO LANZA LA CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES SINDICALES: CONTIGO, OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE
La Unión Sindical Obrera presenta su nueva campaña para las elecciones sindicales “Contigo, otro sindicalismo es posible” en la que, desde la Autonomía, la Independencia, el Pluralismo, la Solidaridad y el carácter internacionalista, principios que nos definen, trabajaremos intensamente para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el escenario económico español.Arranca un nuevo período de elecciones sindicales en el que la USO tiene mucho que decir. Porque defendemos una manera diferente de hacer sindicalismo, alejada de los partidismos y con un objetivo común claro: la defensa de los derechos sindicales y laborales.Apostamos por la regeneración democrática del marco sindical con el objetivo de poner freno al bisindicalismo, favorecido por el marco legal, constatando que hay más organizaciones sindicales, además de las mayoritarias, y que se debe escuchar a todos por igual, porque no hay trabajadores y trabajadoras de primera o de segunda.
USO es la tercera fuerza sindical en España, con gran presencia en determinados sectores y con una implantación, en constante crecimiento, y que, a pesar de una legislación antidemocrática al servicio del bisindicalismo, cuenta con más de 11.000 representantes sindicales.
El cambio en el marco sindical sólo puede hacerse realidad con la participación en las elecciones sindicales, apostando por un nuevo modelo de hacer sindicalismo: el de la USO.
Porque otro modelo sindical es posible, os pedimos a todos y todas vuestra participación en este importante proceso electoral.
Resumen de las noticias de Seguridad Privada en exterior de las carceles.
Un total de 67 cárceles contarán desde hoy con vigilancia privada en el exterior
cadenaser.com
Una empresa privada vigila desde hoy el exterior de la cárcel de Picassent
lasprovincias.es
Picassent privatiza la seguridad exterior del centro penitenciario
eldiario.es
Centro penitenciario de Brieva, en ÁvilaCentro penitenciario de Brieva, en Ávila
elnortedecastilla.es
Quince vigilantes de seguridad se incorporan hoy a las cárceles de Lugo
lavozdegalicia.es
La vigilancia privada del perímetro de la cárcel se implantará este mes de octubre
elnortedecastilla.es
El Gobierno privatiza la seguridad de todas las cárceles pese a las críticas al modelo piloto en Castellón
laplanaaldia.com
Los vigilantes sustituyen desde hoy a los policías nacionales en la cárcel
elfarodigital.es
Interior privatiza servicios de seguridad en la prisión de la Isla
eldia.es
Las prisiones de Cáceres y Badajoz cuentan desde hoy con vigilancia privada
digitalextremadura.com
Vigilantes privados comparten ya con la Guardia Civil la seguridad exterior de Brieva
elnortedecastilla.es
El SUP estima que 30 policías dejarán de prestar servicio en la cárcel
eladelantado.com
La vigilancia exterior de las cárceles pasa a manos de la seguridad privada
latribunadeciudadreal.es
Sindicato alerta de que la vigilancia privada en cárceles las hará inseguras
elperiodic.com
La AUGC rechaza la privatización de la seguridad en la cárcel
diariocordoba.com
AUGC denuncia opacidad ante la llegada de vigilantes a la cárcel
burgosconecta.es
Continúan con la privatización de la seguridad peninteciaria
tercerainformacion.es
cadenaser.com
Una empresa privada vigila desde hoy el exterior de la cárcel de Picassent
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«El fin último de la seguridad privada es contribuir a garantizar la seguridad pública», Óscar Merino Rebollo
«Como responsable de Seguridad de una entidad bancaria es preciso tener en cuenta que la Seguridad Bancaria se encuentra en constante evolución y sometida a distintas y específicas exigencias, tanto legislativas como operativas», así lo asegura Óscar Merino, director de Seguridad de Banca March, en esta entrevista en la que destaca cuáles son los pilares en los que debe asentarse una adecuada Seguridad Bancaria, así como ofrece su visión profesional ante la nueva Ley de Seguridad Privada.
Óscar Merino Rebollo. Director de Seguidad. Banca March
—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos los orígenes de Banca March, así como el número de oficinas, trabajadores,… con que cuenta hoy en día?
—La Banca March fue fundada en Palma de Mallorca en 1926. En un principio, el área de influencia del banco se limitó al ámbito mallorquín para, progresivamente, a lo largo de siglo XX extenderse por todas las Islas Baleares, y posteriormente Península y Canarias. En los últimos años, ya en los comienzos del siglo XXI se complementa el crecimiento de la red en Baleares y Canarias con la expansión en las zonas turísticas de Andalucía y Levante, además de potenciar y modernizar las oficinas de Madrid, Cataluña, País Vasco y su implantación internacional en Londres y Luxemburgo. El Grupo Banca March engloba diferentes actividades: la bancaria, desarrollada directamente por la cabecera, Banca March; la actividad de gestión de fondos de inversión y de pensiones, que se realiza a través de March Gestión; y la actividad de seguros, a través de Banca March como operador de banca-seguros vinculado y de March JLT como Correduría de Seguros. Banca March es la matriz y accionista mayoritario de Corporación Financiera Alba, a través de la cual participa en los principales sectores económicos europeos, con presencia significativa en construcción y servicios, industria y metalurgia, seguridad, etc. Todo ello es llevado a cabo a través de la siguiente planificación: Centros de Banca Patrimonial, Oficinas de Banca Comercial y Banca Privada, Unidad de Grandes Empresas y Oficinas Internacionales. Contando para ello con un total de 217 Centros Analíticos en todo el territorio nacional, implantados en Baleares, Canarias, Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y representación en Londres y Luxemburgo, 1.300 empleados y cerca de 500 cajeros automáticos para dar servicio a nuestros clientes.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura actual del área/departamento de Seguridad de Banca March? ¿Cuáles son sus funciones específicas?
—Actualmente, la Seguridad Bancaria en Banca March se entiende como una seguridad integral que encuadra Inmuebles, Seguridad Electrónica, Seguridad Física, Seguridad Informática, Comunicaciones, Medios de Pago y Grupo de Fraudes. Todo ello desencadena en un trabajo interdepartamental dependiente directamente por un Director General y dirigido por una Directora de Operaciones, coordinadora de los diferentes departamentos intervinientes, pretendiendo con ello un esfuerzo común que refuerce nuestra seguridad en todos los ámbitos. Dentro de mis cometidos específicos se encuentra la organización de los servicios y recursos de seguridad privada, llevando a cabo el estudio de los riesgos existentes en nuestra red de oficinas. Planifico, analizo y valoro las medidas de seguridad a implantar según las diferentes necesidades, con el fin último de prevenir, proteger y reducir la manifestación de cualquier riesgo, implantando para ello los medios precisos. Desde el departamento de Seguridad llevamos a cabo el control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad, comprobamos su perfecto funcionamiento y seleccionamos los elementos más apropiados a nuestras necesidades. Personalmente llevo a cabo las comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuando como interlocutor y enlace con la Administración. En referencia a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es de agradecer la facilidad que en los últimos tiempos ha supuesto el incremento de las comunicaciones entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada, incrementándose notablemente la colaboración entre ambas, en nuestro caso particular, como Banca March, este incremento de las relaciones a supuesto a nivel institucional un refuerzo en la concienciación del concepto de seguridad bancaria.
—¿Cuáles son los riesgos y problemas a los que tiene que hacer frente el responsable de Seguridad de Banca March en sus instalaciones bancarias?
—Como responsable de Seguridad de una entidad bancaria es preciso tener en cuenta que la Seguridad Bancaria se encuentra en constante evolución y sometida a distintas y específicas exigencias, tanto legislativas como operativas. Todo ello obliga a una permanente puesta al día para llevar a cabo un adecuado desarrollo de los objetivos planteados para la seguridad de los bienes y, principalmente, de las personas. La delincuencia evoluciona rápidamente y se adapta a las nuevas circunstancias, esto nos obliga a una actualización diaria que nos garantice el éxito en nuestras decisiones. Un desfase en esta faceta supone el fracaso en nuestras decisiones.
—¿Cuáles considera que son los elementos fundamentales a la hora de plantear una seguridad en instalaciones bancarias?
—Es muy importante determinar la problemática de cada zona. Para ello es preciso conocer la ubicación de la oficina, conflictividad existente, necesidades del personal… Todo ello nos ayudará a decidir las medidas de seguridad que hemos de adoptar en cada instalación.
—¿Cuáles son los pilares sobre los que debe asentarse una adecuada Seguridad Bancaria?
—La Seguridad Bancaria se debe asentar en un sistema que dé estabilidad y confianza. Como departamento, nosotros tenemos dos tipos de clientes, el propio personal de la banca y los usuarios de la banca, nuestros clientes deben tener plena confianza en los sistemas de seguridad que les están protegiendo y que dichos sistemas sean fiables y estables en el tiempo. No debemos olvidar que el fin último de la seguridad privada es contribuir a garantizar la seguridad pública, prevenir infracciones y aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.
—¿Cree que la figura del responsable de Seguridad está totalmente integrada y reconocida dentro del entramado departamental de una gran entidad bancaria?
—En mi caso particular debo responder rotundamente sí, en una entidad como Banca March donde parte de su éxito se basa en la confianza de nuestros clientes, no se puede entender esa misma confianza con un departamento de Seguridad ajeno al entramado departamental.
—¿Qué valoración haría de la nueva Ley de Seguridad Privada que entró en vigor el pasado 5 de junio? ¿Y de su aplicación al ámbito bancario?
—Considero que la nueva Ley de Seguridad Privada ha supuesto una actualización a las nuevas necesidades que el sector demandaba. En el ámbito bancario deberemos estar atentos al posterior desarrollo del Reglamento. No obstante, nuestra base de trabajo son las Órdenes Int 316/2011 y 317/2011, relativamente recientes, y que han supuesto una adaptación de las nuevas medidas de seguridad bancaria con unos periodos de adecuación que permiten a las entidades de crédito llevar a cabo una conveniente planificación. 7● Texto: Gemma G. Juanes. Fotos: Banca March
1 de octubre de 2014
La llegada de seguridad privada a la cárcel recibe nuevas críticas
Mañana, primer día del mes de octubre, está previsto que empiece a operar en la cárcel de La Torrecica el servicio de vigilancia privada anunciado la pasada semana por el director del centro. Se trata de 21 efectivos que cubrirán las cuatro garitas, un puesto de control de cámara y la unidad de acceso al establecimiento, pero la medida sigue cosechando críticas de parte de representantes sindicales y colectivos profesionales. Entre ellos está la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, que en un comunicado advierte de que la medida es parte de «un proceso privatizador que ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad». El secretario general de AUGC en Albacete, Agustín Clemente, explicó que en La Torrecica el número de guardias civiles se reduce: «El servicio, que se presta 24 horas, se hacía con un mínimo de cinco agentes y ahora serán tres; tendremos una presencia testimonial, digamos».
El secretario albacetense de AUGC señaló que no se trata de un refuerzo de personal: «Eso es lo que vende la Administración, pero en realidad es una privatización del servicio, y nos tememos que en una siguiente fase los guardias desapareceremos de las prisiones». Clemente criticó también el «secretismo y falta de información» que han visto en el proceso, porque «hasta ahora no sabíamos cómo se iba a redistribuir a los agentes que estaban en la cárcel». En el caso de Albacete, estos efectivos se ocuparán ahora del traslado de presos y detenidos.
<b>«UNILATERALMENTE».</b> También la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Albacete mostró en un comunicado su «más enérgica protesta» por la incorporación mañana de vigilantes privados al Centro Penitenciario de Albacete, y también subrayaban que ha sido una medida implantada «de forma unilateral» por el Ministerio de Interior en todos los centros penitenciarios de su competencia. La Junta de Personal lamentaba que el cambio en el servicio suponga «un paso más en la degradación sistemática en la calidad de los servicios que se está llevando a cabo en el conjunto de la Administración General del Estado amparándose en supuestos criterios de eficiencia y eficacia en las gestión servicios
Quince vigilantes de seguridad se incorporan hoy a las cárceles de Lugo
Vigilantes de la empresa Securitas Seguridad S.A. se incorporan hoy a la vigilancia de las dos cárceles lucenses, la de Bonxe y Monterroso, que realizarán de forma conjunta con los agentes de la Guardia Civil que están destinados en ambas penitenciarías. Vigilantes jurados y miembros de la Benemérita tienen asignadas idénticas funciones. En la prisión de Outeiro de Rei prestará servicio un turno de 24 horas, lo que conlleva la presencia de 5 vigilantes. En Monterroso, serán 10 para dos turnos de 24 horas.
Es previsible, según fuentes consultadas, que aunque de momento guardias y vigilantes compartan responsabilidades, lo que podría generar alguna tensión, los segundos vayan sustituyendo de forma paulatina a los miembros de la Benemérita que están destinados en la seguridad de las prisiones lucenses.
Las penitenciarías de Lugo no son las primeras de Galicia a las que se incorporan vigilantes de seguridad privados. En A Lama y en Teixeiro ya empezaron en abril, mediante un plan piloto para los dos centros, dentro de un total de 19 en España. En estas dos cárceles está previsto que se incorpore algún turno más a los que ya están operativos.
Interior anunció la puesta en marcha del plan piloto en el mes de marzo y en esa fecha dio a conocer que la ampliación a otras prisiones y el número de efectivos, dependería de los resultados de la experiencia en las 19 en que implantarían el sistema en abril.
Objetivos cumplidos
A juzgar por el incremento del número de turnos en Teixeiro y A Lama y la incorporación de otras prisiones como las dos lucenses, parece que se cumplieron los objetivos marcados.
El Ministerio del Interior destinará entre 2014 y 2015, hasta 33 millones de euros para servicios de seguridad privada de 67 centros en toda España. En la zona norte se los adjudicaron a Securitas Seguridad. En total está previsto que se incorporen a los centros penitenciarios 800 vigilantes, pertenecientes a empresas privadas.
Los trabajadores que pasan hoy a prestar servicios en las penitenciarías de Bonxe y de Monterroso se encargarán de la vigilancia exterior y no podrán acceder al interior del recinto. Su cometido será el del control de los accesos a la prisión, las rondas perimetrales a pie o en algún vehículo, la vigilancia desde las garitas y el control de las cámaras de seguridad. Todas estas tareas las están realizando miembros de la Guardia Civil, que ahora tendrán que compartirlas con los vigilantes privados.
Bajo supervisión
Cuando el Ministerio del Interior inició en abril el ensayo -entre otras en las cárceles de Teixeiro y de A Lama- las instrucciones eran que los vigilantes privados tenían que cumplir su cometido siempre bajo la supervisión de la Guardia Civil.
Continúa la privatización de la seguridad penitenciaria con una nueva fase de incorporación de vigilantes
Continúa la privatización de la seguridad penitenciaria con una nueva fase de incorporación de vigilantes
A partir del día 1 de octubre se inicia la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase (experimental) se había implantado en 21 prisiones.
Según comunica la Dirección General de la Guardia Civil esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un período de otros 12 meses, tal como se acordó el día 11 de septiembre en la reunión celebrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En opinión de AUGC resulta inaceptable que se justifique dicha medida “debido a la aceptación que ha tenido la primera fase, cumpliendo las previsiones que se habían acordado en un principio”, cuando lo cierto es que desde su inicio hace más de un año este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad.
Argumentan también que “los vigilantes de seguridad supondrán un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de los componentes de las FCSE”, pero a continuación reconocen que realizarán sus funciones en solitario “una vez que haya transcurrido un período de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”.
En esta segunda fase los vigilantes desempeñarán las siguientes funciones: control de personas, vehículos y mercancías, operación de los sistemas CCTV (video-vigilancia) instalados en los centros de control, y vigilancia desde puestos fijos o garitas. Para ello “recibirán una formación general impartida por las compañías de seguridad privada en sus centros de formación, y el responsable policial del centro les impartirá unas instrucciones específicas de adaptación al puesto de trabajo con una duración de hasta 5 horas”.
Tal como acordó el Consejo de Ministros de fecha 30/05/2014, el coste total de esta segunda fase de la privatización es de 33.387.743 euros, distribuidos en cuatro lotes por zonas geográficas:
• Lote 1: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429 euros, adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por OMBUDS, EULEN, VINSA, PROSETECNISA, SABICO, GARDA y CASESA.
• Lote 2: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste de 8.551.283 euros, adjudicado a la empresa SECURITAS.
• Lote 3: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805 euros, adjudicado a la empresa OMBUDS.
• Lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224 euros, adjudicado a la UTE formada por las empresas COVIAR y SEGURIBÉRICA.
El inicio de esta segunda fase conlleva que en parte de los centros penitenciarios incluidos en la primera fase se produzca un cambio de empresas de seguridad privada, con la consiguiente subrogación de los vigilantes afectados, a pesar de lo cual algunos de ellos quedarán fuera del dispositivo e incluso podrán quedar en situación de desempleo, originándose así la preocupante situación que ya venía avisando AUGC, esto es, porque dichos empleados han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible (datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario, incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales, estado de los sistemas de video-vigilancia instalados en los centros de control, conociendo qué cámaras están averiadas, qué zonas originan falsas alarmas, etc.).
Aunque esta segunda fase aún no conllevará la reducción de plantillas de las Secciones de Seguridad Penitenciaria, sin embargo sí afectará a parte de quienes componen los Núcleos de Servicios y trabajan en centros penitenciarios, algunos de los cuales pasarán a desempeñar otros cometidos, pero sin cambiar de destino.
AUGC sigue mostrando su pleno rechazo a la privatización de un servicio público tan relevante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para intentar impedir que este proceso privatizador conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo previsto por la Dirección General.
La provincia cuenta con cinco empresas de seguridad privada que emplean a unas 500 personas
La subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San Damián, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, órgano en el que están presentes los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de los establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad (entidades bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias...), así como de empresas y trabajadores del sector. En Zamora son 450 las empresas que requieren medidas de seguridad propias, que emplean a unas 500 personas.
A la reunión de esta mañana en la Subdelegación del Gobierno fueron convocados los responsables y máximos especialistas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora; los gerentes de las cinco empresas de seguridad instaladoras que operan en la provincia; los representantes de las empresas de seguridad; representantes de los sectores de banca, joyería, gasolineras y farmacias; y, por parte de los trabajadores, delegados de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF.
Motor económico
La subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, ha destacado el importante papel de la seguridad privada en España y en Zamora, que se ha convertido en una pieza fundamental no sólo por su aportación a la seguridad de todos los ciudadanos, sino también como motor de la economía y un sector creador de empleo. San Damián ha señalado que "la seguridad pública y privada afrontan nuevos retos en materia de colaboración" con la nueva Ley de Seguridad Privada ya en vigor y que impulsó el actual Gobierno. En esta reunión, precisamente, también hubo referencias a la reforma normativa necesaria tras el desarrollo reglamentario de la nueva Ley.
500 trabajadores
Este sector en la provincia de Zamora congrega a 5 empresas dedicadas a la seguridad privada y que emplea directa o indirectamente a cerca de 500 personas, (350 vigilantes de seguridad, 100 personas de empresas instaladoras, 30 vigilantes de explosivos, escoltas, jefes y directores de seguridad,..etc.), y que ha incrementado su actividad en los últimos años.
El número de establecimientos obligados por la normativa vigente a disponer de medidas de seguridad en la provincia se cifra en 452, de los cuales 227 son entidades bancarias y de crédito; 40 joyerías y platerías (ambas actividades copan más de la mitad de las empresas); 71 estaciones de servicios; 93 farmacias; 20 administraciones de lotería y un establecimiento de juego.
Inspecciones
El Cuerpo Nacional de Policía, a través del Grupo Operativo de Seguridad Privada, es el encargado del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada (a excepción de los guardias particulares de campo, competencia residual de la Guardia Civil), empresas de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad, detectives privados, etc. También comprueba la idoneidad de las medidas que utilizan los establecimientos están obligados a contar por ley, habiendo realizado a lo largo del 2013 cerca de 300 inspecciones en toda la provincia, que han desembocado en 4 sanciones, ninguna de ellas muy grave, pero sí tres graves y una leve.
La Comisión ha apostado también por reforzar la estrategia de lucha contra el intrusismo intensificando las inspecciones a través de la apoyatura que ofrece la nueva normativa.
Guardia Civil
Por su parte, la Guardia Civil, que mantiene las competencias residuales sobre los guardas particulares de campo, dispone del Programa Coopera, que establece el modelo de relación con la Seguridad Privada, definiendo los canales de comunicación que faciliten esta relación en los diferentes niveles, así como los contenidos de las informaciones que deban intercambiarse, además de otros instrumentos que garanticen la continuidad y eficacia del apoyo.
En la provincia de Zamora, la Comandancia de la Guardia Civil tiene a fecha de hoy registrados 149 guardas particulares de campo, aunque no son todos los que en la actualidad están trabajando.
Plan Red Azul
Otra de las iniciativas conjuntas que inciden en una mejora y eficiencia de la seguridad pública es el denominado Plan Red Azul, que ha incrementado la colaboración del sector privado con la Policía Nacional durante el último año.
Los objetivos específicos del Plan Red Azul son Institucionalizar las relaciones de colaboración entre los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y del Sector de la Seguridad Privada, intensificar los contactos de colaboración a todos los niveles, incrementar la información bidireccional, mejorar la respuesta operativa en las actuaciones de auxilio y colaboración ejecutiva, y conseguir más eficacia y eficiencia de la estructura y medios existentes en el Cuerpo Nacional de Policía y el Sector de la Seguridad Privada.
Por tanto, a la Unidad Territorial de la Policía de Zamora le corresponde, además de los cometidos propios de control e inspección de la Seguridad Privada reglamentariamente establecidos, la misión de actuar como canal de trasmisión entre la organización policial del Cuerpo Nacional de Policía y los distintos organismos y entidades del Sector de la Seguridad Privada, encargándonos de las siguientes actuaciones:
- Canalizar los respectivos requerimientos de colaboración que dirijan entre las Unidades Policiales del Cuerpo Nacional de Policía y el Sector de la Seguridad Privada, recibiendo y facilitando las respuestas de los requerimientos efectuados.
- Facilitar el contacto y conocimiento, institucional y operativo, entre las distintas Unidades del Cuerpo Nacional de Policía y las entidades, responsables y usuarios del Sector de la Seguridad Privada.
- Coordinar y difundir la información operativa que se produzca en el Sector de la Seguridad Privada o que pueda ser de su interés.
Coordinación y adaptación
La Comisión Provincial de Seguridad Privada también ha abordado asuntos relacionados con los cambios normativos y la necesidad de adaptar los sistemas de seguridad a la nueva Ley. Además se abordaron aspectos relacionados con la necesidad de homogeneizar actuaciones y criterios para la concreción de medidas de seguridad, fomentar la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, así como la necesidad de promover actividades formativas, bajo criterios de excelencia, para el personal que trabaja en el sector.
La Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) Asesorar al Ministerio del Interior sobre criterios generales de aplicación, desarrollo y coordinación de carácter complementario de la normativa vigente sobre seguridad privada.
b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando fuesen precisos.
b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando fuesen precisos.
c) Intercambiar experiencias de los distintos sectores representados en la Comisión y formular propuestas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la seguridad privada.
d) Informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción de las medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada.
e) Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo en medidas de seguridad y que, en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes.
f) Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
g) Informar sobre planes de prevención de la delincuencia, en el ámbito de sus competencias.
h) Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del personal de seguridad privada.
i) Servir de cauce para la consulta a las organizaciones representativas en su composición respecto a los proyectos de Disposiciones Generales que pretendan dictarse en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la audiencia a organizaciones concretas cuando sea legalmente exigible.
j) Informar sobre asuntos relativos a las distintas actividades de las empresas y las atribuciones y funciones del personal de seguridad privada
k) Elevar a las correspondientes autoridades del Ministerio del Interior y a los Delegados del Gobierno los informes que estimen convenientes o que aquéllos que recaben en el ámbito de su competencia.
450 empresas de la provincia de Zamora están obligadas a tener medidas de seguridad privada
Más de la mitad son entidades bancarias y joyerías
Un total de 452 empresas de la provincia de Zamora requieren de medidas de seguridad privada, un sector que emplea a más de 500 personas.
La mayoría de estos establecimientos son entidades bancarias y joyerías, aunque también hay estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería y un establecimiento de juego.
Son algunos de los datos que se han desprendido de la reunión de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, un órgano en el que están presentes los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los establecimientos obligados por ley a disponer de medidas de seguridad, y que fue presidida por la subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San Damián.
La subdelegada destacó el importante papel del sector en el país y en Zamora, “una pieza fundamental no solo por su aportación a la seguridad de todos los ciudadanos, sino también como motor de la economía y un sector creador de empleo”.
En este sentido, San Damián destacó que la seguridad pública y privada afronta nuevos retos en materia de colaboración con la nueva Ley de Seguridad Privada ya en vigor y que impulsó el Gobierno.
Además, hay que destacar que el sector de la seguridad cuenta en la provincia con cinco empresas y 500 trabajadores, concretamente 350 vigilantes de seguridad, cien de empresas instaladoras y 30 vigilantes de explosivos, escoltas, jefes y directores de seguridad.
La Policía Nacional, a través del Grupo Operativo de Seguridad Privada, es la encargada del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada, empresas de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad y detectives privados. También comprueba la idoneidad de las medidas que utilizan los establecimientos obligados por la ley y a lo largo de 2013 realizaron cerca de 300 inspecciones en toda la provincia, que arrojaron cuatro sanciones, ninguna de ellas muy grave, pero sí tres graves y una leve.
CSI.F lamenta que la contratación de vigilantes privados provocará pérdida de empleo y de seguridad en las prisiones
El sindicato CSI.F considera que la incorporación de vigilantes privados de seguridad a partir de mañana en prisiones como la de Picassent provocará una pérdida de empleo público y de seguridad. La central sindical señala, además, que para el Ministerio del Interior supondrá un coste superior, en la práctica, al actual.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) lamenta que la seguridad en las prisiones quede en manos de personal externo y que ya no se vayan a ocupar de ella, desde mañana, agentes de la Guardia Civil. El sindicato considera que estos trabajadores de empresas privadas no han recibido la preparación adecuada para tratar con internos y familiares. “Mientras que los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, este personal ha realizado un curso de unas decenas de horas”, apunta CSI.F.
La central sindical explica que la instalación de cinco puestos de control de 24 horas, con la correspondiente dotación de personal externo, repercutirá en una merma de empleo público y un coste superior para las arcas públicas, ya que implica la contratación de una empresa de seguridad y privatizar un servicio público hasta hoy.
La vigilancia privada del perímetro de la cárcel se implantará este mes de octubre
Entre 15 y 18 miembros de seguridad reforzarán el control externo de la prisión de Perogordo
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirán la compañía en los próximos días de vigilantes privados para controlar el perímetro de la prisión de Perogordo. Se hará efectiva de esta manera la medida adoptada por el Ministerio del Interior, que decidió imponer a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia del perímetro exteriores de estas instalaciones. La experiencia ya se puso en marcha el año pasado a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas, y desde el mes de junio el Gobierno tiene luz verde para extenderla a otras 46.
Los sindicatos lo veían venir. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) admitían que era «inminente» la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia, y ese momento ya está aquí. Este miércoles día 1 se producirá la comunicación oficial y se comenzará a aplicar el nuevo modelo. Entre quince y dieciocho vigilantes de seguridad privado empezarán a trabajar en la cárcel de Perogordo con la tarea de controlar el perímetro de la instalación. Se dividirán en tres turnos, habrá tres efectivos por la mañana, tres por la tarde y otros tres por la noche, y de ellos dos serán armados y otro solamente de seguridad.
Se trata de antiguos vigilantes de Caja Segovia que, tras el cierre de oficinas comerciales y financieras de la extinta entidad por la integración en Bankia, fueron incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la empresa privada que tenía asignada la seguridad de la caja de ahorros. La recuperación para su plantilla de algunos de esos trabajadores, que realizarán las tareas de vigilancia exterior del centro penitenciario de Segovia de acuerdo al sistema y a las reglas propuestas por el Ministerio del Interior, permitirá a la empresa que los despidió ahorrarse una parte de las indemnizaciones que estaba obligada a afrontar como compensanción por el ERE.
La felicidad por el regreso al trabajo de esos vigilantes de seguridad contrasta con el enfado de los sindicatos, que no se meten con este hecho pero sí que subrayan que el cambio de modelo en el control externo de las prisiones es «un paso más hacia la privatización de la vigilancia de las cárceles españolas». El Gobierno de la nación asegura que ha tratado de amoldar el proyecto a las necesidades reales de personal y que en ese intento se ha encontrado con un paisaje marcado por la reducción de plazas en la oferta público de empleo y por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Ministerio del Interior replanteó entonces la contratación privada con el objetivo de «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar «un uso eficiente de los fondos públicos». Además, aseguró que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada.
En el caso del centro penitenciario de Segovia ya ha sido nombrada una subinspectora que realizará las labores de coordinación. Está previsto que se abra un periodo de veinte días de convivencia entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la vigilancia privada, aunque los efectivos de la Policía Nacional todavía no sabían esta pasada semana cómo iba a afectar a sus funciones y estaban pendientes de recibir una comunicación. Por su parte, las labores de los vigilantes privados se circunscribirán al perímetro de las prisiones, es decir, al control de los vallados y muros exteriores, a la comprobación de los accesos reservados a familiares o a estar pendientes de las cámaras de seguridad.
Debilitamiento
Aunque los responsables ministeriales han subrayado a lo largo de este proceso de adaptación que los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país siguen siendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, Acaip denuncia que «Interior vulnera el reglamento penitenciario» y que el nuevo sistema «debilita el sistema de seguridad de los centros penitenciarios y no supone ahorro de costo alguno para la Administración».
Este sindicato asegura que la idea fue «impulsada en 2012 desde la Secretaría de Estado de Seguridad con el objetivo de ofrecer una posible solución a los miles de escoltas del País Vasco y Navarra que perdieron su trabajo tras el anuncio del fin de la violencia de ETA». «Ese ha sido el criterio prioritario que la Administración ha solicitado a las empresas para seleccionar a los profesionales que vigilan las prisiones», subraya Acaip, cuyos responsables creen que el objetivo de este plan es «la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado para que los agentes se dediquen a otras tareas de seguridad ciudadana», pese a que desde el Ministerio del Interior se ha hablado de refuerzo y no de sustitución y de que no se iba a producir una reducción de efectivos de las unidades policiales.
La delegación de Acaip también se queja de «la falta de transparencia» con la que se ha ido tramitando el proceso y advierte, mediante una alusión a una intervención de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, de que «seguramente habrá muchos problemas de coordinación en la vigilancia perimetral». «Nos tememos que esta privatización de la vigilancia externa de las prisiones sea un primer paso para privatizar otros cometidos y otras funciones que realizan empleados públicos, funcionarios públicos, en la vigilancia penitenciaria en el interior de las prisiones».
Todos estos aspectos podrán ser examinados por los diferentes actores de la prisión de Perogordo, que desde este mes de octubre se tendrán que empezar a acostumbrar a ver a efectivos de seguridad privados vigilar su perímetro.
«Recibirnos con perros y vigilantes de seguridad insulta nuestra dignidad»
La primera impresión que los trabajadores del turno de mañana de Lantero recibieron ayer, al acudir a sus puestos, no fue precisamente halagüeña. Los vigilantes de seguridad de una empresa recién contratada por la dirección les aguardaban en los accesos a la cartonera, en el polígono de O Pousadoiro. Tampoco faltaban perros reforzando el despliegue. «Recibirnos así -señala uno de los integrantes del comité- con agentes y perros de razas agresivas es sencillamente un insulto para nuestra dignidad».
Nada, en la ya prolongada trayectoria del grupo cartonero en Vilagarcía, donde se instaló en 1961, justifica, según los representantes de la plantilla, la adopción de medidas de tal calibre. «La dirección incluso está entrando y saliendo escoltada de la fábrica, lo que realmente es otro insulto, porque siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestros derechos, pero jamás hemos recurrido a la violencia», recuerdan los trabajadores, que tampoco piensan quedarse parados.
De momento, los asesores jurídicos de los sindicatos estudiarán al dedillo el paso que pretende ejecutar la empresa. Por lo que respecta a la plantilla, el sábado se reunirá en asamblea en el auditorio municipal. El comité alberga pocas dudas: «La riqueza de Lantero ha sido también obra nuestra; no estamos dispuestos a tolerar un solo despido, y menos entre estas faltas de respeto».
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