Mañana, primer día del mes de octubre, está previsto que empiece a operar en la cárcel de La Torrecica el servicio de vigilancia privada anunciado la pasada semana por el director del centro. Se trata de 21 efectivos que cubrirán las cuatro garitas, un puesto de control de cámara y la unidad de acceso al establecimiento, pero la medida sigue cosechando críticas de parte de representantes sindicales y colectivos profesionales. Entre ellos está la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, que en un comunicado advierte de que la medida es parte de «un proceso privatizador que ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad». El secretario general de AUGC en Albacete, Agustín Clemente, explicó que en La Torrecica el número de guardias civiles se reduce: «El servicio, que se presta 24 horas, se hacía con un mínimo de cinco agentes y ahora serán tres; tendremos una presencia testimonial, digamos».
El secretario albacetense de AUGC señaló que no se trata de un refuerzo de personal: «Eso es lo que vende la Administración, pero en realidad es una privatización del servicio, y nos tememos que en una siguiente fase los guardias desapareceremos de las prisiones». Clemente criticó también el «secretismo y falta de información» que han visto en el proceso, porque «hasta ahora no sabíamos cómo se iba a redistribuir a los agentes que estaban en la cárcel». En el caso de Albacete, estos efectivos se ocuparán ahora del traslado de presos y detenidos.
<b>«UNILATERALMENTE».</b> También la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Albacete mostró en un comunicado su «más enérgica protesta» por la incorporación mañana de vigilantes privados al Centro Penitenciario de Albacete, y también subrayaban que ha sido una medida implantada «de forma unilateral» por el Ministerio de Interior en todos los centros penitenciarios de su competencia. La Junta de Personal lamentaba que el cambio en el servicio suponga «un paso más en la degradación sistemática en la calidad de los servicios que se está llevando a cabo en el conjunto de la Administración General del Estado amparándose en supuestos criterios de eficiencia y eficacia en las gestión servicios
