El sector pasa de 825 a 750 puestos directos en la provincia de Burgos. Dañada por los recortes en la administración, sobrevive sobre todo gracias a la industria y las infraestructuras de transporte
Donde había dos o tres entidades financieras ahora hay una, producto de las fusiones. La empresa que antes demandaba una vigilancia 24 horas ahora se apaña con personal propio y ha reducido los turnos. La administración se apaña con menos, aun a riesgo de dejar edificios y dependencias públicas más desprotegidos. Y al final todo redunda en que las empresas de seguridad privada han sufrido un tijeretazo en los últimos años que ha mermado en casi un 10% el empleo en el sector.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) estima que en la provincia de Burgos hay una veintena de empresas y que se han perdido 75 puestos de trabajo en los dos últimos ejercicios. En 2012 había 750 vigilantes de seguridad y 75 técnicos de sistema (los que se ocupan de la instalación y mantenimiento de las alarmas), mientras en la actualidad quedan 685 vigilantes y 65 técnicos. En total, la caída supone pasar de 825 empleos directos a 750. Y en cuanto a facturación, el montante total ha descendido de 27 a 24 millones de euros en el mismo periodo.
El representante de APROSER en Burgos, Alfonso Tapia, explica que una de las principales razones para la caída de empleo deriva de una reducción en «el porcentaje del negocio procedente del sector público con respecto al privado». Los recortes de las administraciones han bajado «tanto la asignación presupuestaria como los servicios contratados».
Así, el segmento de industria y energía se ha convertido en la principal fuente de facturación del sector a nivel nacional, con un 16,80 por ciento, seguido de las infraestructuras de transporte con un 15,86%. El comercio ocupa el tercer lugar, con un 15,73%. Las entidades financieras representan un 15,66%, seguidas por las administraciones públicas, con un 13,84%. A continuación se encuentran los segmentos de servicios (9,21%), residencial (4,18%), salud (1,78%) y educación (1,49%). El 5,44% restante se agrupa en el apartado «otros.
Estrecha colaboración con lo público. Pese a la bajada, las empresas de vigilancia siguen colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cada vez más. Según los datos que ofrecieron en el último Día de la Seguridad Privada, celebrado en mayo, el sector desarrolló durante el pasado año más de 360 colaboraciones directas con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil en Burgos, una relación calificada por las partes como «muy positiva».
Se mencionaba entonces que ese trabajo conjunto derivaba de la vigilancia en entidades de crédito, joyerías, estaciones de servicio, administraciones de lotería o diversos emplazamiento en el medio rural, industrial o empresarial.
Ahora Tapia añade que «con nuestra amplia experiencia contamos con la profesionalidad y la formación necesarias para llevar a cabo nuestras actividades en cualquier tipo de actividad y sector». Menciona como ejemplos «los escoltas, la custodia de los cuarteles o los vigilantes de atuneros en alta mar, así como las infraestructuras críticas y las centrales nucleares». Siempre en subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la vigilancia privada es capaz de complementar o incluso sustituir casi completamente su labor en áreas tan críticas como algunas de las mencionadas.
Una y otra parte confían en que esa colaboración se intensifique y mejore con la entrada en vigor de la normativa de la pasada primavera. El 5 de junio empezó a aplicarse una nueva normativa que, tal y como recuerda APROSER, está pendiente de desarrollo en reglamento. Para ello está convocado el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se celebrará a mediados de noviembre en Madrid, y allí pretenden «ayudar con nuestras aportaciones al mejor desarrollo reglamentario posible».
