La presión ejercida sobre la empresa española de seguridad Prosegur para que respete sus compromisos en materia de derechos humanos se intensifica tras una serie de quejas sobre el comportamiento de la empresa en América Latina.
Prosegur ha sido acusada de una serie de violaciones laborales y de derechos a lo largo de varios años, incluido el supuesto acoso y despido de sindicalistas y activistas.
Prosegur, la mayor empresa de seguridad privada en América Latina y la tercera más importante del mundo, emplea a más de 200.000 trabajadores en 17 países. Es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un grupo de empresas que dice estar comprometido con los derechos humanos y sindicales y la lucha contra la corrupción. A pesar de ello, UNI Global Union ha tenido que presentar quejas por la conducta de Prosegur ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OCDE tras intentar, sin éxito, resolver los problemas durante los últimos años.
La situación en América Latina ha empeorado recientemente tras actos de acoso e intimidación dirigidos contra dirigentes y activistas sindicales específicos. UNI dice que la empresa ha tolerado un entorno de trabajo que promueve el miedo, lo que potencialmente ha fomentado la violencia. Esto puede haber contribuido a un ataque violento no provocado a un dirigente sindical en Perú en agosto, lo que llevó a que el trabajador fuera hospitalizado y recibiera puntos en la cabeza.
Panfletos que acusan falsamente de corrupción a dirigentes sindicales han sido distribuidos por individuos anónimos en instalaciones seguras de Prosegur en Colombia y Perú. UNI teme que ciertos dirigentes sindicales estén expuestos a daños inminentes y ha escrito al Consejero Delegado y al Presidente de Prosegur en Madrid cinco veces desde abril de 2014 para expresar su preocupación ante el aumento de ataques a dirigentes sindicales.
UNI quiere que Prosegur respete los derechos humanos, las leyes laborales nacionales y las normas laborales mundiales y que deje claro que no tolera la violencia. Los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro en todas partes.
