Responsables del Ministerio del Interior han asegurado hoy en el Congreso que ni un solo guardia civil ha tenido que dejar su trabajo en la vigilancia de las prisiones después de que el Gobierno decidiera reforzar la seguridad del perímetro exterior de las cárceles con agentes privados.
Tanto el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de mesa, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, han insistido en este argumento tras las críticas de la oposición por introducir la seguridad privada en las prisiones.
El diputado socialista Antonio Trevín ha ido más allá y ha reprochado que se haya adjudicado uno de estos contratos a la empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, a quien el gobierno a través de las leyes "le han puesto en bandeja su área de negocio".
Trevín ha recordado algunas de las declaraciones de Oriol, como en las que aseguraba que no quería contratar a mujeres de entre 25 a 45 años por si se quedaban embarazadas, algo que sería un problema.
Martínez ha eludido entrar en la polémica sobre esta empresa en concreto, pero sí ha invitado a Trevín a que le dijera el nombre de un solo guardia civil que hubiera tenido que abandonar su trabajo en la seguridad de una cárcel al haber sido sustituido por un trabajador de la seguridad privada.
Un sector, ha defendido el número dos de Interior, que presta un servicio "relevante" y que no pretende en ningún caso reemplazar el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino de colaborar y "reforzar" la vigilancia de los centros al servicio y con la preeminencia de la Guardia Civil y la Policía.
Para esta iniciativa se han cerrado contratos con más de una decena de empresas por importe de 33 millones de euros en dos anualidades de gasto.
Mientras, el máximo responsable de la Guardia Civil se ha mostrado "encantado" de tener el apoyo de los exescoltas del País Vasco que se han incorporado a este nuevo servicio.
En esta reestructuración "no se pretende sustituir a nadie, y menos a los únicos que son depositarios de las armas", ha enfatizado Fernández de Mesa antes de aseverar que "ningún guardia civil ha perdido su puesto de trabajo".
Por su parte, Ángel Yuste ha recordado que la seguridad perimetral ha sido "excelente", como acredita que desde 2011 no haya habido fugas de presos en los centros de régimen cerrado.
De todos modos, ha valorado el refuerzo de la seguridad privada porque "todo lo que mejora lo que existe, es digno de aplauso".
