En el centro pontevedrés la medida se anticipó a otros centros y se inició hace ya año y medio.
El sindicato Comisiones Obreras denunció ayer la política de Interior de encargar a la seguridad privada el control de los servicios de seguridad exterior del total de las prisiones españolas, salvo el País Vasco y Cataluña.
Desde el 1 de octubre la seguridad privada desembarcó en todos los centros penitenciarios, pero CC OO explica que en A Lama este proceso se anticipó y lleva ya año y medio instaurado en la prisión. "Ello ha supuesto que en este tiempo se duplique el gasto público al coincidir en el perímetro de la prisión la Guardia Civil (encargada hasta ahora de la vigilancia exterior) y seguridad privada compartiendo tareas con ella". Para Comisiones, este es un proceso que "pretende, paulatinamente, regalar la seguridad pública al lobby de la seguridad privada, muy vinculada en sus intereses con el Gobierno". Comisiones rechaza "este proceso privatizador" y considera que "no es un hecho aislado" sino que responde "a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones".
