Al menos uno de cada tres escoltas que trabajó en las empresas de seguridad que custodiaron a objetivos potenciales de la organización terrorista podrán lograr un empleo gracias al programa del ministerio de Interior para incorporarles a la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones
Así lo anunció ayer miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara. El Ejecutivo afirma que respeta "el pacto de caballeros" suscrito con los escoltas que prestaron sus servicios en el País Vasco y Navarra aunque reconoce que no a todos los profesionales de la seguridad les ha interesado su nuevo puesto de trabajo, bien por las diferencias económicas con el anterior o por tener que desplazarse fuera de su localidad de residencia para incorporarse a empresas de seguridad encargadas de la seguridad de prisiones en otros puntos de la península.
El proceso de colocación de los antiguos escoltas como personal auxiliar de prisiones no ha sido una tarea fácil. Ya en enero surgieron los primeros roces entre los funcionarios de prisiones y el ministerio de Interior al considerar que la contratación de las antiguas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra para vigilar los perímetros de las prisiones supone un alto coste para duplicar un trabajo que ya realizan los agentes de la Policía y de la Guardia Civil.
No sólo los escoltas se benefician del plan de recolocación del Gobierno, también las empresas que en su día lograron importantes ingresos garantizando la seguridad de los amenazados en las zonas más conflictivas. Interior mantiene contratos para dar servicios en el exterior de las prisiones con Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Proseguir, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa.
