El Gobierno asturiano pretende esclarecer si la actuación del colectivo AVISPA, que ha divulgado datos confidenciales y fotografías tomadas sin autorización dentro del recinto, es constitutiva de delito
El consejero de Presidencia subraya en la Junta General que los sistemas de control de la zona se ajustan a la legalidad y funcionan correctamente
El Gobierno del Principado ha puesto en manos de la Fiscalía la difusión de información confidencial que afecta a la seguridad de La Morgal, por parte de Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA). El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha garantizado hoy que los sistemas de control de La Morgal funcionan de manera correcta y se ajustan plenamente a la legalidad vigente. Asimismo, ha informado de que su departamento ha trasladado a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias la difusión de información restringida relacionada con la seguridad de la zona por parte de esta Asociación. Según Martínez, el Principado pretende esclarecer si la actuación del colectivo, que ha divulgado datos restringidos y fotografías tomadas sin autorización dentro del recinto, es constitutiva de delito.
“AVISPA concurre en una grave irresponsabilidad al publicitar las medidas de seguridad que se aplican en instalaciones sumamente sensibles para la seguridad pública del Principado de Asturias”, ha subrayado el consejero.
La asociación de vigilantes de seguridad privada había denunciado públicamente el pasado mes de julio las supuestas deficiencias y carencias en materia de seguridad y vigilancia de las instalaciones del SEPA, situadas en Llanera. Citaban entre otras cosas, un número escaso de guardas para todo el área, así como falta de planificación y de medios tecnológicos adecuados para la custodia de armamento.
Además, señalaban que el área “adolece, en todos los sentidos, de las mínimas, y exigibles medidas de seguridad físicas y técnicas, así como una testimonial actividad en cuanto a la protección y vigilancia activa y eficaz, mediante los oportunos recursos humanos, de sus bienes, inmuebles y personas, a pesar de ser el centro neurálgico de referencia ,- el más importante y único -, del sistema de emergencias, de cualquier tipo y naturaleza, en el Principado de Asturias”.
“Actuaciones gravemente dolosas”
Guillermo Martínez ha comparecido hoy en la Junta General del Principado para informar sobre la seguridad y vigilancia de La Morgal, donde poseen instalaciones propias las consejerías de Presidencia (Servicio de Emergencias), Hacienda y Sector Público (Escuela de Seguridad Pública) y Educación, Cultura y Deporte (centro de deportes, campo de golf y museo y circuito de Fernando Alonso).
Durante su intervención, el titular de Presidencia ha recordado que la asociación de vigilantes privados envió a los medios de comunicación varias notas de prensa en las que denunciaba que personal no autorizado tenía acceso a las imágenes captadas por el circuito cerrado de videovigilancia en la sede del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Martínez ha negado tal acusación y ha explicado que la Unidad de Seguridad Privada de la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía ha emitido dos informes en los que se constata que el Principado cumple estrictamente las normas en este ámbito. En este sentido, ha manifestado que “ni las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia son controladas por personas que no sean vigilantes de seguridad, ni estos realizan funciones diferentes a las estipuladas en el contrato de servicios”.
Además, ha indicado que AVISPA también hacía referencia en sus comunicados a la existencia de un armero en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública, con detalles sobre su contenido y características. La información divulgada incluía un dossier fotográfico del interior de los edificios ocupados por la Escuela de Seguridad Pública y el área administrativa del SEPA. A juicio del consejero, la difusión de información de este tipo, restringida cuando no confidencial, supone un importante riesgo para los empleados públicos que trabajan allí.
“Creemos que se trata de actuaciones gravemente dolosas, porque suponen el acceso no autorizado al interior de edificios de titularidad pública y dan publicidad a medidas de seguridad de ámbitos especialmente delicados”, ha apuntado. Al mismo tiempo, ha garantizado que el armero cuenta con todas las medidas de seguridad y vigilancia necesarias, tal y como han puesto de manifiesto las inspecciones anuales que realiza el Servicio de Inspección de Armas de la Guardia Civil, competente en la materia.
Sistemas de control
El consejero ha detallado que las instalaciones del SEPA cuentan con un sistema de vigilancia y control que incluye un vigilante de seguridad durante 24 horas, todos los días del año, además de seis cámaras domo perimetrales, 5 cámaras exteriores, 10 cámaras interiores en el edificio administrativo y de coordinación, y otras 3 interiores en los accesos al antiguo edificio administrativo de Bomberos de Asturias.
También ha avanzado que el nuevo contrato de los servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones está en proceso de licitación, mediante procedimiento abierto, por un importe de 225.060 euros. Las bases incluyen un vigilante de seguridad durante 24 horas todos los días, un auxiliar de servicios de 7 a 19 horas de lunes a viernes no festivos, un sistema de rondas con lectura informática de actividad y un sistema de videovigilancia con un mínimo de seis cámaras domo motorizadas y grabador de 16 cámaras, entre otros requisitos.
