Cursos de un mínimo de diez horas presenciales de formación específica (en Internet pueden encontrarse fácilmente anuncios para estos cursos regidos por una orden de Interior y una Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad), otras cinco en el propio centro y unas prácticas que se hacen directamente trabajando. Son los requisitos extra que han de cumplir los 800 vigilantes de seguridad privados que, desde el pasado miércoles, intervienen en la seguridad de todas las prisiones que dependen de la Administración del Estado, junto a Guardia Civil y Policía. Su llegada a las cárceles supone la implantación en 67 centros penitenciarios de una medida -nacida de la Ley de Seguridad Privada- que comenzó el pasado año, como experiencia 'piloto', en una veintena de prisiones, y que pese a los resultados "satisfactorios" que dice haber tenido el Gobierno, ha suscitado el rechazo de funcionarios, Policía y Guardia Civil. Las razones, variadas: económicas, de seguridad, de privatización.
Las funciones de estos vigilantes (algunos de ellos podrán llevar armas) serán el control del perímetro de los centros, de las personas, vehículos y mercancías en los accesos y de los sistemas de videovigilancia, lo que permitirá, según el Gobierno, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hasta ahora desempeñaban esas funciones realicen otras más apropiadas "a su mayor cualificación y especialización". Efectivamente, incluso "los niveles inferiores del personal de instituciones penitenciarias y Guardia Civil cuentan con unas prácticas de 18 meses", según explica Adolfo Fernández, presidente de la sección de Prisiones del sindicato CSI-F-, y, por otro lado, ¿es este un trabajo 'menor' que pueda ser encomendado a personal menos cualificado? "No es lo mismo el principio de autoridad que tiene un guardia civil, por ejemplo, que puede actuar directamente si alguien monta un cisco en la entrada porque se le deniega el acceso, que un guardia que tiene que llamar y avisar a otros", asegura Fernández.
'La información que manejan es muy sensible. Quien trabaja en la zona de monitores sabe, por ejemplo, qué alarmas están averiadas en un centro', dicen fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -58 de los 67 centros están bajo su responsabilidad- añaden otro aspecto que no parece menor: "La información que manejan es muy sensible. Quien trabaja en la zona de monitores sabe, por ejemplo, qué alarmas están averiadas en un centro. Y en esta segunda fase del proyecto, ha habido ya vigilantes que se han quedado en el paro. El riesgo es muy grande". Fuentes de la AUGC hablan, además, de unas adjudicaciones hechas mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por motivos de seguridad: "Les preocupa la seguridad en ese aspecto, pero no que las prisiones estén en manos de trabajadores que mañana puedan ir al paro. Es curioso"
Más de 33 millones
Desde el pasado miércoles, el Ministerio de Interior ha dibujado con esta medida un peculiar mapa de España: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla componen el lote 1, con un coste para el Estado de 9.853.429 euros, adjudicado a una Unión Temporal de Empresas formada por Ombuds, Eulen, Vinsa, Prosetecnisa, Sabico, Garda y Cacesa; Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja componen el lote 2, de 8.551.283 euros, adjudicado a Securitas; Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid conforman el lote tres, de 7.671.805 euros y adjudicado también a Ombuds; Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, el lote 4 (7.311.224 euros) ha recaído en Coviar y Seguribérica. En total, el gasto es de 33.387.743 euros, calificado de "dispendio" por la Agrupación de Cuerpos de la Administración en Instituciones Penitenciarias (Acaip).
Desde la AUGC hablan de los "importantes intereses económicos" que hay detrás de esta medida, nacida, para ellos, menos, como se dijo en su día, de la necesidad de recolocar a los escoltas privados que trabajaban para Interior en El País Vasco -muchas de las empresas adjudicatarias prestaban esos servicios, pero "la proporción de exescoltas entre quienes han entrado en las cárceles es mínima"- que de las presiones del "lobby" de empresas de seguridad: "La Ley de Seguridad Privada va a aumentar más el negocio. Ya están anunciando la seguridad privada en edificios públicos, incluso de Defensa", recalcan esas mismas fuentes.
"Auxiliares" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
Interior ha insistido en que estos agentes de seguridad desempeñarán cometidos "como auxiliares" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero la Dirección General de la Guardia Civil ya ha comunicado a los centros que en una tercera fase realizarán sus funciones en solitario. Hoy por hoy, de hecho, hay controles en el que comparten un espacio exiguo un guardia civil, un funcionario de prisiones y uno de estos agentes, y en otros, según la AUGC, se ha dejado ya solos a estos últimos.
Por ahora, ninguno de los guardias civiles ha perdido destino, pero se les está recolocando. Y se les ha anunciado ya una tercera fase en la que teóricamente se ampliará el número de agentes llegados de la seguridad privada y se reducirán sus plantillas.
"La vigilancia del perímetro de los centros es esencial. Al menos para que el funcionario de prisiones, con la falta de personal que hay, no tenga que estar también pendiente de lo que pasa en el muro. En el CSI-F pensamos que estamos más seguros con la Guardia Civil", resume, Adolfo Fernández, que pone en relación esta inversión en seguridad privada con la situación "dramática" de los empleados de prisiones, que con más de 300 jubilaciones cada año y una oferta de empleo de 84 personas en tres años, no pueden "garantizar la integridad de los internos ni la nuestra". Nacho Gutiérrez, portavoz de ACAIP, añade: "La seguridad exterior de prisiones es parte de la Seguridad del Estado y como tal no puede terminar en manos de las empresas privadas".
