Los sindicatos creen que la entrada de los guardas en el penal, cuyo cometido es prestar apoyo a la Guardia Civil, «es un primer paso hacia la privatización» del servicio.
La prisión provincial de El Acebuche cuenta desde el pasado jueves con media docena de vigilantes procedentes del sector privado encargados de la vigilancia del perímetro exterior de la prisión y supervisados por los agentes de la Guardia Civil destinados en el penal. «La llegada de los vigilantes no suprimirá a los guardias civiles, serán un suplemento o apoyo para los agentes», indicaron ayer fuentes de Instituciones Penitenciarias ante las críticas de varios sindicatos que tildan la nueva situación como «una maniobra de oscurantismo» y una «privatización en cubierta de este servicio».
El Gobierno central ha adjudicado este servicio para toda Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla por un coste de 9,8 millones de euros. En todo el Estado se aplica ya en 67 prisiones y la cuantía del servicio se eleva a 33 millones de euros que conlleva la contratación de 800 vigilantes.
La función de la seguridad privada será la vigilancia del perímetro de la cárcel, vallado y muros exteriores, así como la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos, entre otras funciones.
De momento, la llegada de los nuevos vigilantes no ha supuesto la supresión de ningún guardia civil de los que habitualmente cumplen la función de vigilancia en el penal de El Acebuche, pero distintos sindicatos de prisiones y la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ya han advertido de que la llegada de los vigilantes será el inicio de la privatización de los servicios de vigilancia de las prisiones españolas.
A este respecto, el sindicato CSIF ha reiterado que mientras existe una oferta de empleo privada de 800 trabajadores anuales, la oferta de Empleo público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura popular ha sido de 84 Empleados, para la apertura entre el 2009 y el 2012 de 14 Centros de Inserción Social (cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos ). «Sin olvidar, indican desde CSIF, que sólo para El Acebuche han demandado hasta un total de 100 efectivos para cumplir con los cánones de calidad del servicio penitenciario en Almería».
A juicio de CSIF, si a esta «situación dramática» en recursos humanos que padece Instituciones Penitenciarias, se añade el envejecimiento paulatino de las plantillas, que ronda una media entre los 48 y 58 años y las jubilaciones anuales que se estiman entre los 350 y 400 empleados públicos penitenciarios anuales, el mecanismo penitenciario «está abocado a un fallo en el sistema por alta demanda de recursos humanos».
La postura del Gobierno
El Gobierno central lo ha negado siempre y se ha referido a los servicios de vigilancia privada como un «apoyo» a la seguridad de la prisión, a la zona externa, porque no tendrán oportunidad de acceder al área interna donde se encuentran los funcionarios y los penados.
La nueva Ley de Seguridad privada otorga autorización para que los vigilantes realicen labores de seguridad en los perímetros de las cárceles y en centros de internamiento de extranjeros. Una norma que entró en vigor el pasado mes de junio y que dio respaldo a los agentes de seguridad privados que ahora controlan junto a la Guardia Civil las funciones de vigilancia en penales.
Uno de los criterios utilizados por el Ministerio del Interior para adjudicar los servicios de vigilancia privada en las cárceles españolas ha sido que todas las empresas que acudiera al concurso de adjudicación hubieran contado con servicio de escoltas años atrás. Una forma de compensar la masiva retirada de guardaespaldas a los políticos del País Vasco, cuando la amenaza terrorista de ETA dejó de marcar el día de a día de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, así como de jueces, políticos, funcionarios de prisiones, periodistas y militares, entre otros. Como dato curioso, según han informado a este periódico las fuentes consultadas entre las empresas de seguridad privada, la mayor parte de estos escoltas que se quedaron sin trabajo después de que ETA anunciara el abandono de las armas eran de Andalucía.
