La DGA estima que ahorra 50.000 € al remplazar a los vigilantes privados. El SUP critica el "derroche" de no seguir usando a la Unidad Adscrita
La Guardia Civil asume desde el próximo lunes la vigilancia de once sedes judiciales de Aragón en diez localidades distintas, en sustitución parcial de la seguridad privada, pero también de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón. Una decisión que, según los cálculos de la DGA, supone un ahorro de unos 50.000 euros.
Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) califica de "derroche" la medida, al menos en Zaragoza, donde se sustituye a sus efectivos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y la nueva Audiencia Provincial. Los agentes del instituto armado perciben un plus mensual del Gobierno de Aragón de casi 680 euros por esta vigilancia, mientras el complemento policial es de casi 200. Y este no se lo ahorran, ya que los agentes simplemente se dedican a otra cosa. Por ejemplo, a vigilar la Ciudad de la Justicia, donde no habrá Guardia Civil por falta de demanda de plazas.
El sindicato también critica que la vigilancia de edificios institucionales es una de las pocas competencias que tiene el cuerpo, infradotado en efectivos. Pero precisamente por eso, fuentes de la Consejería de Interior se mostraron "encantados" con el hecho de tener agentes libres para otros servicios, como la custodia de menores o el control del juego.
La incorporación de la Guardia Civil deriva de un acuerdo de la consejería de Justicia con el Ministerio del Interior, adoptado en diciembre del 2012 pero no activado. La orden de comienzo la firmó la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, el pasado 22 de octubre.
Según explicó, inicialmente el Gobierno preveía ahorrar 200.000 euros con la medida, en toda la comunidad, con la sustitución de la seguridad privada por guardias civiles en la reserva. Lo cual, al mismo tiempo, solucionaba el problema de tenerles con sueldo y sin actividad. Pero finalmente el ahorro ha sido menor de lo previsto.
Por un lado, las empresas de seguridad privada argumentaron ver que si les iban a rescindir los contratos, ellos tendrían que realizar despidos. Para no generar un conflicto laboral, se decidió que la sustitución sería parcial: los vigilantes asumirán en solitario el control del Registro Civil, cubrirán algunas franjas horarias --de tarde-- y sustituirán a los agentes de baja.
Además, de las 54 plazas ofertadas, voluntarias, solo se han cubierto 20: 9 en Zaragoza, 2 en Huesca, otras tantas en Teruel y un agente en Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Monzón, Alcañiz y Boltaña. De ahí que se mantenga la Adscrita y la seguridad privada.
Con todo ello, el ahorro estimado de la DGA se ha reducido a 50.000 euros. Pero, según los cálculos del SUP, la aportación anual de la DGA por agente de la Guardia Civil es de unos 9.000 euros. En el caso de Zaragoza --el único en el que consideran que hay efectivos suficientes de la Adscrita-- serían 80.000 euros que podrían ahorrarse si se mantuviese o reforzase la presencia policial. La intención de Justicia es ampliar la presencia del instituto armado.
