Los más de 250.000 contratos de vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente en 2013 con cincuenta empresas de seguridad ha vuelto a poner de relieve la fuerte apuesta por la privatización de una función que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas. Algunas empresas favorecidas incumplen los convenios colectivos, en otras se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, y otras aparecen en la trama Gürtel o como donantes de dinero al partido. Los dos últimos hitos, la privatización de la seguridad de las 67 cárceles dependientes del Gobierno central y la extensión de la seguridad privada a los espacios públicos, han consechado el rechazo de los sindicatos, el PSOE, IU y las demás formaciones a la izquierda del PP.
Fuente: datos suministrados por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al diputado del PSOE Juan Carlos Corcuera, correspondientes a 2013. / Gráfico: cuartopoder.es
Dos de las empresas más favorecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, Securitas Seguridad (2.165 contratos) y Cyrasa (1.226) ni siquiera cumplen el convenio colectivo del sector. Su descuelge –uno de los beneficios de la reforma laboral– les permite pagar menos de 855 euros mensuales (mínimo para operadores de alarma), de 1.250 a los vigilantes, y de 1.450 euros, que es el máximo salarial del convenio para los vigilantes conductores de transportes de alto riesgo (explosivos y materias tóxicas y peligrosas). Securitas Seguridad obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales. Se la otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía Carlos Fabra. Su dimisión, al ser sometido a juicio por corrupción, puso de relieve el abuso del dinero público también en esta materia, pues el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, después de un estudio realizado por Pasiphae –consultoría del que fuera ministro con el PP, Josep Piqué–, le rescindió el contrato y agenció por 240.000 euros los servicios de otra empresa.
El Ejecutivo de Rajoy no solo no ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos, sino que tampoco les ha exigido que mantengan las plantillas y el empleo. Como botón de muestra de lo que está ocurriendo, los responsables sindicales han denunciado cómo dos días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García-Margallo y Marfil, asignara un contrato de dos millones de euros a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla. Con más de 22.000 contratos con la Administración cental, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, una de las mayores fortunas de España, y cuenta con el multimillonario Bill Gates entre sus accionistas (el 3%), se inscribe entre las que mejor trato reciben del Gobierno.
Cierto es que los dirigentes de la mencionada sociedad –la viuda del fundador ultraderechista argentino Heberto Gut y sus hijos Chistian y Chantal–, no han dudado en agenciar los servicios jurídicos del exministro y actual embajador en Londres, Federico Trillo, cuando lo han necesitado. Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa. Implantó vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y en la sede de varias unidades como si el Ejército no fuera capaz de protegerse a sí mismo y, cuando abandonó la primera línea de responsabilidad pública en 2004, al perder el PP las elecciones, obtuvo permiso del Congreso de los Diputados para ejercer la abogacía y aceptó a Prosegur de cliente del despacho Estudio Jurídico Lábor que montó con sus hijos.
La cercanía y relación de este gigante de la seguridad, cuya división en América Latina ha sido denunciada por varias ONG ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el partido gubernamental se puede considerar ya “histórica” si tenemos en cuenta que el exministro Rodolfo Marín Villa fue uno de sus principales valedores (ocupó la presidencia, seguido del también exministro con la UCD y con el PP de Aznar, Rafael Arias Salgado) y que José María Mayor Oreja, hermano del exministro, facilitó la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado y, con el PP de Aznar en el Gobierno, contribuyó a favorecer la obtención de contratos de las administraciones públicas.
Las presiones y el tráfico de influencias para la obtención de contratas de seguridad han llegado a ser tan usuales como descaradas. Ejemplo de presión fue la advertencia en 2012 del jefe sueco de Securitas Seguridad, Alf Goransson, de retirar la empresa de alarmas si el nuevo Gobierno no respondía a los tres puntos de su anagrama (socorro en morse). Hoy tiene más de 130.000 contratos de la AGE. Ejemplo del descaro es la asignación de la vigilancia de los embalses de Córdoba a Isotroly por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según quedó recogido en la Plataforma de Contratación del Estado y trascendió en agosto pasado, esa sociedad, de acuerdo con Sacyr, obtuvo un contrato de 3,3 millones de euros. Su presidente, José Luis Calvo Borrego, es pareja de hecho de la diputada andaluza del PP Carolina González Vigo, portavoz de Medio Ambiente con el equipo de Javier Arenas. Como tal influyó decisivamente en el nombramiento de Manuel Romero Ortiz como presidente de la Confederación del Guadalquivir. Y el granadino Romero –a la sazón, amigo y paisano de Calvo Borrego–, le devolvió el favor en forma de contrata, al tiempo que, como en otras áreas, las plantillas de empleados públicos caen en picado dizque para ahorrar gasto.
Sobre ese ahorro de recursos públicos, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha conseguido la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobby Círculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza, la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil. El primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández.
Si para el sindicato de funcionarios CSIF la operación Fernández va a suponer una merma de la seguridad, ya que “mientras los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, el personal de seguridad privada sólo ha realizado un curso de unas decenas de horas”, para el SUGC y otras formaciones sindicales de la Guardia Civil la privatización representa una “clara intromisión” del sector privado “por intereses económicos concretos” y, según explica el portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, “para el enriquecimiento de unos pocas y determinadas personas sin tener en cuenta la crisis que estamos pasando”.
¿De qué personas se trata? Basta echar una ojeada al Borme para saber que los Álvarez Mezquiriz, del Grupo Eulén, a cuyo servicio han estado el exministro Jaime Mayor Oreja (intermitentemente) y otros miembros de su familia, también se benefician de la alianza de empresas de seguridad privada para dar respuesta a la nueva politica de Fernández Díaz. En 211, el entonces eurodiputado y dirigente nacional del PP Jaime Mayor, acudió a la investidura del bodeguero y fundador de Eulén, David Álvarez, como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, afirmó que serían los valencianos los que tendrían que decir si el caso Gurtel afectaba al PP.
Dimisiones políticas aparte –incluída la de Juan Cotino, a quien Mayor calificó de “honrado, decente y ejemplar” en aquella ocasíón– la relación con la trama de Francisco Correa no ha perjudicado la contratación. Así, en 2013, el Ministerio de Defensa asignó en 3,3 millones de euros el servicio de vigilancia con armas del Hospital Gomez Ulla de Madrid (más de un millón de euros) y de los centros sanitarios de Córdoba, Burgos, San Fernando, Ceuta y Melilla, a Eulén y Ombuds. La primera se quedó con dos de los diez lotes (373.000 euros) y la segunda con el resto, casi tres millones de euros. La Ombuds de Rodrigo Cortina y de su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga, tiene de consejero a Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y, al parecer, utilizada por Correa para colocar el dinero en Suiza. La investigación policial y judicial atribuye a su hermano Eduardo Eraso la colaboración con Correa para ocultar 18 millones de euros en cuentas numeradas en la banca helvética. Es uno de los 71 imputados.
Además de los contratos con Defensa, la sociedad de los Cortina participa en la tarta de las cárceles, de la que se nutre asimismo Segur Ibérica. Esta empresa fue contratada para defender a los atuneros españoles en el Índico, una misión a la que el Ministerio de Defensa ha aportado ayuda económica y entrenamiento. Pedro Morenés Elate se convirtió en presidente de Segur Ibérica en noviembre de 2011, aunque abandonó el cargo en enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Al margen de la Gurtel, el presidente de Seguridad Integral Canaria, otra de las empresas más beneficiadas con contratos del Gobierno central (el autonómico de Madrid le concedió la seguridad del Metro) figura como donante del PP para sus campañas electorales.
Sobre el segundo hito de la privatización de la seguridad, cual es la extensión de los vigilantes privados a los espacios públicos, el exfiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, considera “inaceptable” que la nueva Ley de Seguridad Privada permita a los vigilantes de seguridad intervenir en el control de reuniones y manifestaciones públicas. “Es inaceptable –dice–, aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial”. Para Villarejo, la nueva ley aprobada por el PP, CiU y PNV y en vigor desde junio pasado “constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y respaldado por sus aliados soberanistas”.
