A partir del día 1 de octubre se inicia la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria, que supone la incorporación de vigilantes de seguridad privada a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase (experimental) se había implantado en 21 prisiones.
Según comunica la Dirección General de la Guardia Civil esta segunda fase tendrá una duración de 12 meses, pudiéndose prorrogar por un período de otros 12 meses, tal como se acordó el día 11 de septiembre en la reunión celebrada en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En opinión de AUGC “resulta inaceptable” que se justifique dicha medida “debido a la aceptación que ha tenido la primera fase, cumpliendo las previsiones que se habían acordado en un principio”, “cuando lo cierto es que desde su inicio hace más de un año este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y una gran parte de la sociedad.”
Argumentan también que “los vigilantes de seguridad supondrán un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de los componentes de las FCSE”, pero a continuación reconocen que realizarán sus funciones en solitario “una vez que haya transcurrido un período de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”.
En esta segunda fase los vigilantes desempeñarán las siguientes funciones: control de personas, vehículos y mercancías, operación de los sistemas CCTV (video-vigilancia) instalados en los centros de control, y vigilancia desde puestos fijos o garitas. Para ello “recibirán una formación general impartida por las compañías de seguridad privada en sus centros de formación, y el responsable policial del centro les impartirá unas instrucciones específicas de adaptación al puesto de trabajo con una duración de hasta 5 horas”.
Tal como acordó el Consejo de Ministros de fecha 30/05/2014, el coste total de esta segunda fase de la privatización es de 33.387.743 euros, distribuidos en cuatro lotes por zonas geográficas:
- Lote 1: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429 euros, adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por OMBUDS, EULEN, VINSA, PROSETECNISA, SABICO, GARDA y CASESA.
- Lote 2: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste de 8.551.283 euros, adjudicado a la empresa SECURITAS.
- Lote 3: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805 euros, adjudicado a la empresa OMBUDS.
- Lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224 euros, adjudicado a la UTE formada por las empresas COVIAR y SEGURIBÉRICA.
Para AUGC el inicio de esta segunda fase conlleva que en parte de los centros penitenciarios incluidos en la primera fase se produzca un cambio de empresas de seguridad privada, con la consiguiente subrogación de los vigilantes afectados, a pesar de lo cual algunos de ellos quedarán fuera del dispositivo e incluso podrán quedar en situación de desempleo, originándose así la preocupante situación que ya venía avisando AUGC, esto es, porque dichos empleados han tenido acceso durante mucho tiempo a información muy sensible (datos de personas y vehículos que acceden al centro penitenciario, incluyendo los de funcionarios de instituciones penitenciarias y cuerpos policiales, estado de los sistemas de video-vigilancia instalados en los centros de control, conociendo qué cámaras están averiadas, qué zonas originan falsas alarmas, etc.).
Aunque esta segunda fase aún no conllevará la reducción de plantillas de las Secciones de Seguridad Penitenciaria, sin embargo sí afectará a parte de quienes componen los Núcleos de Servicios y trabajan en centros penitenciarios, algunos de los cuales pasarán a desempeñar otros cometidos, pero sin cambiar de destino.
AUGC sigue mostrando su pleno rechazo a la privatización de un servicio público tan relevante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para intentar impedir que este proceso privatizador conlleve el cambio forzoso de destino de guardias civiles, aunque sea en el nivel mínimo previsto por la Dirección General.
