La subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San Damián, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, órgano en el que están presentes los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de los establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad (entidades bancarias, joyerías, estaciones de servicio, farmacias...), así como de empresas y trabajadores del sector. En Zamora son 450 las empresas que requieren medidas de seguridad propias, que emplean a unas 500 personas.
A la reunión de esta mañana en la Subdelegación del Gobierno fueron convocados los responsables y máximos especialistas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora; los gerentes de las cinco empresas de seguridad instaladoras que operan en la provincia; los representantes de las empresas de seguridad; representantes de los sectores de banca, joyería, gasolineras y farmacias; y, por parte de los trabajadores, delegados de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF.
Motor económico
La subdelegada del Gobierno, Clara San Damián, ha destacado el importante papel de la seguridad privada en España y en Zamora, que se ha convertido en una pieza fundamental no sólo por su aportación a la seguridad de todos los ciudadanos, sino también como motor de la economía y un sector creador de empleo. San Damián ha señalado que "la seguridad pública y privada afrontan nuevos retos en materia de colaboración" con la nueva Ley de Seguridad Privada ya en vigor y que impulsó el actual Gobierno. En esta reunión, precisamente, también hubo referencias a la reforma normativa necesaria tras el desarrollo reglamentario de la nueva Ley.
500 trabajadores
Este sector en la provincia de Zamora congrega a 5 empresas dedicadas a la seguridad privada y que emplea directa o indirectamente a cerca de 500 personas, (350 vigilantes de seguridad, 100 personas de empresas instaladoras, 30 vigilantes de explosivos, escoltas, jefes y directores de seguridad,..etc.), y que ha incrementado su actividad en los últimos años.
El número de establecimientos obligados por la normativa vigente a disponer de medidas de seguridad en la provincia se cifra en 452, de los cuales 227 son entidades bancarias y de crédito; 40 joyerías y platerías (ambas actividades copan más de la mitad de las empresas); 71 estaciones de servicios; 93 farmacias; 20 administraciones de lotería y un establecimiento de juego.
Inspecciones
El Cuerpo Nacional de Policía, a través del Grupo Operativo de Seguridad Privada, es el encargado del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada (a excepción de los guardias particulares de campo, competencia residual de la Guardia Civil), empresas de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad, detectives privados, etc. También comprueba la idoneidad de las medidas que utilizan los establecimientos están obligados a contar por ley, habiendo realizado a lo largo del 2013 cerca de 300 inspecciones en toda la provincia, que han desembocado en 4 sanciones, ninguna de ellas muy grave, pero sí tres graves y una leve.
La Comisión ha apostado también por reforzar la estrategia de lucha contra el intrusismo intensificando las inspecciones a través de la apoyatura que ofrece la nueva normativa.
Guardia Civil
Por su parte, la Guardia Civil, que mantiene las competencias residuales sobre los guardas particulares de campo, dispone del Programa Coopera, que establece el modelo de relación con la Seguridad Privada, definiendo los canales de comunicación que faciliten esta relación en los diferentes niveles, así como los contenidos de las informaciones que deban intercambiarse, además de otros instrumentos que garanticen la continuidad y eficacia del apoyo.
En la provincia de Zamora, la Comandancia de la Guardia Civil tiene a fecha de hoy registrados 149 guardas particulares de campo, aunque no son todos los que en la actualidad están trabajando.
Plan Red Azul
Otra de las iniciativas conjuntas que inciden en una mejora y eficiencia de la seguridad pública es el denominado Plan Red Azul, que ha incrementado la colaboración del sector privado con la Policía Nacional durante el último año.
Los objetivos específicos del Plan Red Azul son Institucionalizar las relaciones de colaboración entre los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y del Sector de la Seguridad Privada, intensificar los contactos de colaboración a todos los niveles, incrementar la información bidireccional, mejorar la respuesta operativa en las actuaciones de auxilio y colaboración ejecutiva, y conseguir más eficacia y eficiencia de la estructura y medios existentes en el Cuerpo Nacional de Policía y el Sector de la Seguridad Privada.
Por tanto, a la Unidad Territorial de la Policía de Zamora le corresponde, además de los cometidos propios de control e inspección de la Seguridad Privada reglamentariamente establecidos, la misión de actuar como canal de trasmisión entre la organización policial del Cuerpo Nacional de Policía y los distintos organismos y entidades del Sector de la Seguridad Privada, encargándonos de las siguientes actuaciones:
- Canalizar los respectivos requerimientos de colaboración que dirijan entre las Unidades Policiales del Cuerpo Nacional de Policía y el Sector de la Seguridad Privada, recibiendo y facilitando las respuestas de los requerimientos efectuados.
- Facilitar el contacto y conocimiento, institucional y operativo, entre las distintas Unidades del Cuerpo Nacional de Policía y las entidades, responsables y usuarios del Sector de la Seguridad Privada.
- Coordinar y difundir la información operativa que se produzca en el Sector de la Seguridad Privada o que pueda ser de su interés.
Coordinación y adaptación
La Comisión Provincial de Seguridad Privada también ha abordado asuntos relacionados con los cambios normativos y la necesidad de adaptar los sistemas de seguridad a la nueva Ley. Además se abordaron aspectos relacionados con la necesidad de homogeneizar actuaciones y criterios para la concreción de medidas de seguridad, fomentar la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, así como la necesidad de promover actividades formativas, bajo criterios de excelencia, para el personal que trabaja en el sector.
La Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) Asesorar al Ministerio del Interior sobre criterios generales de aplicación, desarrollo y coordinación de carácter complementario de la normativa vigente sobre seguridad privada.
b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando fuesen precisos.
b) Proponer criterios de homogeneización de actuaciones administrativas cuando fuesen precisos.
c) Intercambiar experiencias de los distintos sectores representados en la Comisión y formular propuestas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la seguridad privada.
d) Informar sobre las circunstancias o criterios a tener en cuenta para la concreción de las medidas de seguridad a las que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada.
e) Conocer e informar sobre los avances técnicos que se vayan produciendo en medidas de seguridad y que, en su caso, puedan ir sustituyendo a las existentes.
f) Proponer criterios de coordinación de las empresas y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
g) Informar sobre planes de prevención de la delincuencia, en el ámbito de sus competencias.
h) Analizar, valorar y, en su caso, proponer actividades de formación del personal de seguridad privada.
i) Servir de cauce para la consulta a las organizaciones representativas en su composición respecto a los proyectos de Disposiciones Generales que pretendan dictarse en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la audiencia a organizaciones concretas cuando sea legalmente exigible.
j) Informar sobre asuntos relativos a las distintas actividades de las empresas y las atribuciones y funciones del personal de seguridad privada
k) Elevar a las correspondientes autoridades del Ministerio del Interior y a los Delegados del Gobierno los informes que estimen convenientes o que aquéllos que recaben en el ámbito de su competencia.
