El sindicato CSI.F considera que la incorporación de vigilantes privados de seguridad a partir de mañana en prisiones como la de Picassent provocará una pérdida de empleo público y de seguridad. La central sindical señala, además, que para el Ministerio del Interior supondrá un coste superior, en la práctica, al actual.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) lamenta que la seguridad en las prisiones quede en manos de personal externo y que ya no se vayan a ocupar de ella, desde mañana, agentes de la Guardia Civil. El sindicato considera que estos trabajadores de empresas privadas no han recibido la preparación adecuada para tratar con internos y familiares. “Mientras que los funcionarios están entre un año y dos de prácticas, este personal ha realizado un curso de unas decenas de horas”, apunta CSI.F.
La central sindical explica que la instalación de cinco puestos de control de 24 horas, con la correspondiente dotación de personal externo, repercutirá en una merma de empleo público y un coste superior para las arcas públicas, ya que implica la contratación de una empresa de seguridad y privatizar un servicio público hasta hoy.
