Entre 15 y 18 miembros de seguridad reforzarán el control externo de la prisión de Perogordo
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirán la compañía en los próximos días de vigilantes privados para controlar el perímetro de la prisión de Perogordo. Se hará efectiva de esta manera la medida adoptada por el Ministerio del Interior, que decidió imponer a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia del perímetro exteriores de estas instalaciones. La experiencia ya se puso en marcha el año pasado a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas, y desde el mes de junio el Gobierno tiene luz verde para extenderla a otras 46.
Los sindicatos lo veían venir. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) admitían que era «inminente» la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia, y ese momento ya está aquí. Este miércoles día 1 se producirá la comunicación oficial y se comenzará a aplicar el nuevo modelo. Entre quince y dieciocho vigilantes de seguridad privado empezarán a trabajar en la cárcel de Perogordo con la tarea de controlar el perímetro de la instalación. Se dividirán en tres turnos, habrá tres efectivos por la mañana, tres por la tarde y otros tres por la noche, y de ellos dos serán armados y otro solamente de seguridad.
Se trata de antiguos vigilantes de Caja Segovia que, tras el cierre de oficinas comerciales y financieras de la extinta entidad por la integración en Bankia, fueron incluidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la empresa privada que tenía asignada la seguridad de la caja de ahorros. La recuperación para su plantilla de algunos de esos trabajadores, que realizarán las tareas de vigilancia exterior del centro penitenciario de Segovia de acuerdo al sistema y a las reglas propuestas por el Ministerio del Interior, permitirá a la empresa que los despidió ahorrarse una parte de las indemnizaciones que estaba obligada a afrontar como compensanción por el ERE.
La felicidad por el regreso al trabajo de esos vigilantes de seguridad contrasta con el enfado de los sindicatos, que no se meten con este hecho pero sí que subrayan que el cambio de modelo en el control externo de las prisiones es «un paso más hacia la privatización de la vigilancia de las cárceles españolas». El Gobierno de la nación asegura que ha tratado de amoldar el proyecto a las necesidades reales de personal y que en ese intento se ha encontrado con un paisaje marcado por la reducción de plazas en la oferta público de empleo y por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Ministerio del Interior replanteó entonces la contratación privada con el objetivo de «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar «un uso eficiente de los fondos públicos». Además, aseguró que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada.
En el caso del centro penitenciario de Segovia ya ha sido nombrada una subinspectora que realizará las labores de coordinación. Está previsto que se abra un periodo de veinte días de convivencia entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la vigilancia privada, aunque los efectivos de la Policía Nacional todavía no sabían esta pasada semana cómo iba a afectar a sus funciones y estaban pendientes de recibir una comunicación. Por su parte, las labores de los vigilantes privados se circunscribirán al perímetro de las prisiones, es decir, al control de los vallados y muros exteriores, a la comprobación de los accesos reservados a familiares o a estar pendientes de las cámaras de seguridad.
Debilitamiento
Aunque los responsables ministeriales han subrayado a lo largo de este proceso de adaptación que los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país siguen siendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, Acaip denuncia que «Interior vulnera el reglamento penitenciario» y que el nuevo sistema «debilita el sistema de seguridad de los centros penitenciarios y no supone ahorro de costo alguno para la Administración».
Este sindicato asegura que la idea fue «impulsada en 2012 desde la Secretaría de Estado de Seguridad con el objetivo de ofrecer una posible solución a los miles de escoltas del País Vasco y Navarra que perdieron su trabajo tras el anuncio del fin de la violencia de ETA». «Ese ha sido el criterio prioritario que la Administración ha solicitado a las empresas para seleccionar a los profesionales que vigilan las prisiones», subraya Acaip, cuyos responsables creen que el objetivo de este plan es «la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado para que los agentes se dediquen a otras tareas de seguridad ciudadana», pese a que desde el Ministerio del Interior se ha hablado de refuerzo y no de sustitución y de que no se iba a producir una reducción de efectivos de las unidades policiales.
La delegación de Acaip también se queja de «la falta de transparencia» con la que se ha ido tramitando el proceso y advierte, mediante una alusión a una intervención de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, de que «seguramente habrá muchos problemas de coordinación en la vigilancia perimetral». «Nos tememos que esta privatización de la vigilancia externa de las prisiones sea un primer paso para privatizar otros cometidos y otras funciones que realizan empleados públicos, funcionarios públicos, en la vigilancia penitenciaria en el interior de las prisiones».
Todos estos aspectos podrán ser examinados por los diferentes actores de la prisión de Perogordo, que desde este mes de octubre se tendrán que empezar a acostumbrar a ver a efectivos de seguridad privados vigilar su perímetro.
