+El órgano fiscalizador tilda de “antieconómica” la encomienda de gestión realizada por el Fogasa para rebajar los expedientes atrasados
+Hacienda rechaza las cuentas de 2013 del Fondo de Garantía Salarial
El Tribunal de Cuentas publicó ayer un informe de fiscalización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)en el que achaca a la falta de medios el colapso de este ente público. El organismo fiscalizador destaca el retraso en resolver los expedientes que acumula la entidad pública que tiene por objeto pagar a los trabajadores despedidos las indemnizaciones y salarios atrasados que las empresas en suspensión de pagos dejaron de afrontar. Alerta sobre "la más que probable existencia de un posible fraude en el cobro de las prestaciones de garantía salarial" y achaca estos problemas a la mala gestión, la falta de efectivos y de previsión.
“A 31 de diciembre de 2013, el Fondo de Garantía Salarial tenía un total de 221.384 expedientes pendientes de resolver. Esta cifra, que supera en un 67% a la del ejercicio anterior, tiene su origen en el incremento de un 295% que se ha venido produciendo entre los años 2007 y 2013”, señala el Tribunal de Cuentas en su informe en el que refleja la precariedad del organismo para afrontar el aluvión de expedientes en los últimos años.
La crisis financiera que arrancó en 2008 provocó un reguero de trabajadores despedidos y empresas cerradas. Los expedientes de trabajadores que esperaban cobrar del Fogasa los salarios o indemnizaciones comenzaron a acumularse en las mesas de los funcionarios de este ente dependiente del Ministerio de Empleo. Pese a ello, la plantilla apenas ha aumentado en este periodo. “Esta situación ha provocado sobrecostes, falta de oposición y control en los juicios, lo que puede suponer posibles pagos duplicados en el sistema de protección salarial, así como un bajo índice de cobro de deudas de empresarios y personas físicas”, añade el organismo fiscalizador presidido por Ramón Álvarez de Miranda.
El informe cree que se pueden estar duplicando prestaciones
El Tribunal de Cuentas señala que el embotellamiento "no es consecuencia de un hecho económico aislado y concreto, sino del incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios", lo que "denota una falta de previsión" del Fogasa, que "debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes", según señala.
Desde el Ministerio de Empleo achacan esta falta de previsión al anterior Ejecutivo socialista, ya que según sus datos las solicitudes se incrementaron un 1.631,31% entre 2007 y 2011 "sin que se tomara ninguna medida ni para aumentar la plantilla ni de otro tipo" y pese a que todos los indicadores "señalaban ya claramente el colapso" en 2008, según recoge Europa Press.
El informe señala que el número de letrados del Fogasa son insuficientes para atender la gran cantidad de juicios de índole laboral que tiene que encargarse el organismo dependiente del Ministerio de Empleo. “Esta carencia ha supuesto, en determinados casos, que se hayan abonado prestaciones como consecuencia de que el trabajador haya obtenido una sentencia favorable que, en caso de haber existido oposición de los letrados, podría haber sido desfavorable”. De esta forma, el Tribunal de Cuentas confirma que la saturación del Fogasa está costando dinero a las arcas del Estado.
Advierte de que las actuaciones para cobrar las deudas son escasas
El organismo que preside Ramón Alvarez de Miranda cree que la falta de personal conlleva un "importante riesgo de extravío de documentación" y de "defectos y demoras" en los expedientes, pero además teme que se estén pagando prestaciones de forma "fraudulenta" y sin ningún control efectivo.
Además, advierte “se estaría produciendo el pago duplicado de prestaciones públicas por parte del Fogasa y del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)”. El informe de auditoría también pone de manifiesto las deficiencias en el procedimiento para cobrar las deudas pendientes de los empresarios con el Fogasa. “Las actuaciones del organismo para la recuperación de dichas deudas fueron muy escasas y el índice de cobro ascendió a un escaso 1,5% en el ejercicio 2013, siendo este índice de tan solo el 0,2% cuando los deudores eran personas físicas”.
Para tratar de despejar el atasco, el Fogasa suscribió un contrato con la empresa pública Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, para la contratación de personal interino. “Estas medidas no fueron suficientes para paliar esta situación”, afirma el Tribunal de Cuentas, que recuerda que el periodo medio de tramitación de los expedientes salariales ascendió en 2013 a 201 días, unos 16 días más que en el año anterior, muy lejos del plazo legal de tres meses para la resolución de los expedientes de prestaciones.
Por eso, el órgano fiscalizador echa por tierra esta encomienda de gestión que el Fogasa encargó a Tragsatec para desatascar el colapso en los expedientes. El informe califica este contrato como “antieconómico para los fondos públicos del Fogasa”. La auditora pública resume en seis puntos el fracaso de la encomienda de gestión entre las que destacan “la existencia de indicios de extralimitación de las funciones encargadas a la empresa pública”. El documento agrega: “Si la tramitación de los expedientes los hubieran realizado los funcionarios del Fogasa en el marco del plan especial de actuación, el importe abonado hubiera sido de 274.281 euros, frente a los 3.267.000 euros de la encomienda de gestión”. A pesar de todo ello, el Gobierno ha reducido en cerca de un 20% el presupuesto del Fogasa para 2015. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció hace un mes que había resuelto el colapso del Fogasa una vez que 160.000 trabajadores afectados por los retrasos habían cobrado.
El informe del Tribunal de Cuentas no es el único dictamen que saca los colores de los responsables de Empleo. La Intervención General del Estado (IGAE), el máximo órgano de control de las cuentas públicas, se negó a valorar las cuentas del Fogasa correspondientes a 2013. Adujo que el ente público carecía de una normativa que regulara el pago de las prestaciones, “a excepción de las derivadas de despido improcedente”. Lo que afecta al 96,36% de los recursos pagados en 2013: 1.346 millones de un total de 1.396 millones de euros. Aunque el Ministerio de Empleo justificó que la normativa era la misma que el año anterior cuando la IGAE validó las cuentas, lo cierto es que este año se escudó en “una limitación al alcance” para emitir el informe de auditoría.
