Llegaron en abril de 2013 para realizar una experiencia piloto pero Interior ha institucionalizado la situación adjudicando el servicio por 33 millones.
Lo denunciaron desde un primer momento y el tiempo les ha dado la razón. Los sindicatos en los que se agrupan los trabajadores de las cárceles españolas (entre los que hay tanto guardias civiles como funcionarios de Instituciones Penitenciarias) apuntan que el Ministerio del Interior "ha institucionalizado" la labor de los vigilantes de seguridad privada en las prisiones y que se puede decir que esta figura "ha llegado para quedarse".
El desembarco de los vigilantes se vendió en 2012 como una experiencia piloto, desarrollada entre abril y diciembre de 2013 y cuyo coste se estimó en 7,3 millones de euros, que serviría para reubicar a los escoltas que trabajaban en el País Vasco y Navarra protegiendo a personas amenazadas por ETA.
En un primer momento se implantó en 21 cárceles españolas, entre ellas Zuera y Daroca, y durante varios meses los vigilantes estuvieron realizando labores de apoyo a la Guardia Civil.
En las cárceles aragonesas se desplegaron una veintena de vigilantes para trabajar en el visionado de cámaras, en vigilancia en garitas y en controles de los accesos exteriores.
El Ministerio de Interior hizo un balance positivo de la prueba piloto y el año pasado decidió sacar a concurso este servicio extendiéndolo a la totalidad de cárceles españolas y aumentando el número de vigilantes adscritos desde los 250 vigilantes iniciales hasta los 800 actuales.
Más de 33 millones de euros
El servicio se adjudicó en julio de 2014 por algo más de 33 millones de euros a varias empresas del sector (algunas se ellas se presentaron unidas en forma de UTE). La adjudicación se realizó en cuatro lotes de comunidades autónomas y Aragón se incluyó en el cuarto, junto a Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Coviar y Segur Ibérica se hicieron con el contrato por algo más de 7,3 millones de euros.
Fuentes del sindicato Acaip-Aragón señalan que el nuevo convenio firmado en octubre de 2014 finalizará el próximo mes de diciembre. Hasta entonces la presencia de vigilantes privados en las cárceles está asegurada y es muy probable que se extienda aún más en el tiempo.
Un curso de 15 horas
El convenio recoge que los vigilantes deben cubrir 1.782 horas de trabajo al año repartidas en 162 horas cada mes. Su sueldo oscila en torno a los 1.090 euros al mes más un plus de 180 euros por trabajar en horario nocturno, apuntan las mismas fuentes.
Las labores que ahora tienen encomendadas podrían aumentar en los próximos meses si así se recoge en la nueva Ley de Seguridad Privada, sostienen desde Acaip.
A parte de suponer una privatización de las prisiones españolas, los sindicatos denuncian que la formación de los vigilantes es un curso de 15 horas y que el número de antiguos escoltas que se han incorporado a estas labores es “residual”
