Trabajo abre una inspección en las prisiones de Las Palmas por los largos turnos de vigilantes de seguridad
Para compensarlas tras la cancelación de escoltas en Euskadi, Interior entregó a dedo la vigilancia en las cárceles a empresas de seguridad
Patricia Hernández afloja un punto; Pedro Sánchez no afloja ninguno
Movimiento de trastos en Podemos Gran Canaria. Un sector acusa al otro de estar trasteando con Nueva Canarias, que lo niega
El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA. Históricamente vinculadas al PP, bien por la vía familiar o política, a ninguna de esas empresas de seguridad se les obligó a pasar por un concurso abierto sino por el mucho más amañable del restringido sin publicidad con un precio de 33 millones de euros al año, lo que dejaba flotando en la duda otra de las explicaciones dadas por el Gobierno: el ahorro de costes. Las 67 cárceles españolas se dividieron en lotes, correspondiendo a Canarias el Lote 1, junto a Andalucía, Ceuta y Melilla, cuyos centros penitenciarios fueron adjudicados a una UTE compuesta por las compañías Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Vuinsa, Cacesa, Garda y Sabico. La vigilancia perimetral, de control de accesos y videovigilancia de las cárceles de esas dos regiones y esas dos ciudades autónomas tiene un precio cercano a los 10 millones de euros al año. Hasta ahí la información oficial porque lo que a partir de que comenzaran esos servicios, en octubre pasado, lo que ha venido pasando son los desaguisados propios de un encaje marca de la casa. Los primeros en saltar fueron los expertos en seguridad, que enseguida pusieron en entredicho las garantías que ofrece poner en manos privadas una información sensible de las interioridades de los centros penitenciarios. Porque para que esos vigilantes pudieran hacerse cargo de lo que hasta entonces era responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dio un curso acelerado de quince horas. Se trata, por regla general, de personal que ahora empieza, lo que puede dar lugar a rotaciones e incidencias laborales que pueden generar conflictos fácilmente traducibles en filtraciones de información delicada. Aunque en una primera fase compartirán algunas responsabilidades con guardias civiles o policías, pronto se quedarán solos en determinadas tareas.
12 horas sin poder ir a mear
Otro aspecto evidente de la privatización de la seguridad en las cárceles es el relativo a los costes para el contribuyente. Lo que se ha pretendido camuflar como un ahorro no es más que una nueva cesión al lobby de las compañías de seguridad, necesitadas de contratos con las administraciones públicas que les solucionen su negocio. La Ley de Seguridad Privada va en esa misma línea. Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen. Salarios que no superan en ningún caso los 18.000 euros al año frente a un ingreso bruto por trabajador asignado a estos concursos de más de 41.000 (800 trabajadores con un presupuesto de 33 millones de euros). Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar. Evidentemente hablamos de puestos muy concretos que no se pueden abandonar bajo ningún concepto y que, antes de la llegada de las compañías privadas, se atendían con turnos de dos horas por agente que tras ser relevados podían acudir al cuerpo de guardia a hacer sus necesidades, descansar o tomar un tentempié antes de regresar a la garita. Esta situación ha provocado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado acta para aclarar y en su caso sancionar por esta cuestión.
Las cosas claras: nada con el PP
Empiezan a ponerse serias las cosas en la pre-campaña electoral de esta próxima primavera. Quizás las elecciones de este domingo en Grecia, ganadas por Syriza, tan de Podemos como de Izquierda Unida (según a quién oigas) hayan supuesto el pistoletazo de salida; o quizás lo haya sido, más en lo doméstico, la decisión de Susana Díaz de adelantar a marzo las elecciones andaluzas, con lo que –eso sí- marcará para el PSOE, para Podemos y, aunque les parezca rebuscado, para un PP en trance de convertirse en el Pasok de Javier Arenas. En Canarias hemos visto este fin de semana a Coalición Canaria volver a sacar el hisopo y el sahumerio para bendecir por enésima vez a Fernando Clavijo, el candidato más inestable a este lado del río Pecos, mientras el PP canario se lo pasaba de lo lindo en Madrid tratando de tragarse el discurso de más de una hora de Mariano Rajoy con el que trataba de decir al mundo que el macho de las cañadas no es Aznar, sino él, mismamente. El PSOE por fin ya sacó el palio oficial para presentar con todos los honores a Patricia Hernández. Se vino nada menos que Pedro Sánchez a hacer los honores y a dejar claras unas cuantas cosas que a unos habrá hecho más gracia que a otros. Por ejemplo, con el PP, ni de coña, lo que puede sonar como un anuncio de futuro pero también como un aviso del pasado, particularmente a los palmeros rebeldes a los que Patricia y los suyos quieren repescar para no perder muchos diputados en mayo. Quien salió reconfortado fue Casimiro Curbelo, por el que nadie daba un euro hasta el otro día pero que acabó siendo presentado en el acto nada menos que por el mismísimo José Miguel Pérez. Nada mejor que montarte un partido, oye, para que en el tuyo te tomen en serio. El que se queda sin partido o al menos en tierra de nadie es Paco Spínola, al que ya no lo quiere en su equipo médico habitual la candidata Patricia Hernández, no sabemos si por un exceso de pasión o por la saturación de mensajes contradictorios. Lo contrario de lo que han hecho Carolina Darias y Gustavo Matos. Ambos contendientes de primarias se ofrecieron a la ganadora y ésta inicialmente los repudió y se replegaron. Ahora que se acerca el momento de las sumas y de aparcar las divisiones, y parece que ambos contarán.
Podemos Gran Canaria sin NC
Cuando todavía continúan abiertas las heridas en Podemos Tenerife por la irrupción de Sí Se Puede como representante de la marca oficial de Pablo Iglesias, en Gran Canaria dos corrientes se disputan la secretaría insular, y con ella la posición de privilegio ante el futuro Cabildo que salga de las urnas tras el 24 de mayo. La lista oficial, respaldada por Canarias por la Izquierda y por Claro que Podemos, la lidera el abogado Alejandro Peñate, con seguidores muy potentes como Noemi Santana, Meri Pita o González Viéitez, mientras que la alternativa (Contigo Podemos) está encabezada por el activista social Juan Manuel Brito, que cuenta con históricos como Pepe el Uruguayo o Silvia Jaén. Durante el fin de semana corrieron serios rumores de que Juanma Brito había establecido contactos con Nueva Canarias para recibir su apoyo y postularse como socio en un futuro acuerdo progresista en el Cabildo en la lista nacionalista que encabezara Antonio Morales. Nada de eso ha habido, y rotundamente lo desmintieron este domingo tanto el propio Morales como Román Rodríguez. Cada oveja irá con su pareja, y aunque no está aún oficialmente cerrado que el alcalde de Agüimes sea quien lidere la lista de NC a la primera corporación insular, la decisión de Román de presentarse sólo al Parlamento deja las cosas cada vez más claras. Nueva Canarias espera contar con el PSOE y, si fuera menester, con Podemos, tanto para gobernar en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no existe ni un amago de intervenir en los procesos internos de Podemos, que bastante tiene cada uno con lo suyo.
