Llegaron a ser 3.800 en el año 2003; hoy la mayoría del colectivo está en paro y se siente traicionado por el Estado.
Piden soluciones al Gobierno, como que proyecte salidas laborales en la protección de mujeres maltratadas o apoye fiscalmente a las empresas.
Hay más de 37.000 licencias de escoltas en España, cuando el sector es incapaz de absorber tanta oferta de empleo.
Formaron parte del paisaje social durante muchos años, sobre todo en el País Vasco y Navarra. Sombras armadas que seguían las 24 horas del día a concejales, diputados, empresarios, periodistas... cuando el terrorismo de ETA golpeaba duro y amedrentaba los espíritus. Llegaron a ser más de 3.800, en tiempos no muy lejanos en los que las ofertas de trabajo se anunciaban incluso en diarios deportivos. Hoy, tres años después de que la banda terrorista anunciara el fin definitivo de la violencia, solo quedan 135, según datos del ministerio del Interior.
Los últimos 135. Los últimos escoltas privados que prestan actualmente servicio de protección a cargos públicos, y que este año han costado a las arcas públicas 17 millones de euros. Cuando empezó el año 2011 había 1.108. Dos años antes, en 2009, había 2.850 protegiendo a unas 1.500 personas. Y en el año 2003, había más de 3.800 escoltas. Una década después, la buena nueva que ha supuesto la desaparición de la amenaza terrorista ha tenido sus daños colaterales: un colectivo en desempleo y que se siente engañado por el Gobierno. El sector no levanta cabeza. Las empresas dedicadas a la protección personal han pasado de las 95 que había en 2010 a las 69 que había en 2013 (últimos datos). El colectivo está sobredimensionado: Interior tiene concedidas licencias a 37.215 personas en España, 1.600 de ellas otorgadas en 2013, cuando el sector es incapaz de absorber tanta demanda de empleo.
"Los escoltas se recolocan dónde pueden, como personal de seguridad en discotecas o como vigilantes en museos y centros comerciales", señala Manuel Jiménez, que acaba de crear la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, donde ya se han agrupado, de momento, 176 exescoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra. Jiménez, cordobés de 41 años, ha tenido que abrir un bar en su pueblo natal pero no le va nada bien. Estuvo ocho años protegiendo a jueces y políticos. En 2011, "mi empresa Casesa me despidió en un ERE fraudulento que está denunciado en los tribunales".
Jiménez y su asociación denuncian que el Gobierno ha incumplido sus promesas. El 1 de octubre, el Gobierno adjudicó a varias empresas un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de 67 cárceles, en compensación por los contratos que habían perdido en la protección de amenazados en el País Vasco y Navarra. Un contrato que va a costar al ministerio del Interior 33,3 millones y que consistía en recolocar a los escoltas. Era un "pacto de caballeros" entre el Gobierno y estas empresas, según reconoció el número dos de Interior en el Congreso. "Solo 60 de los 800 vigilantes en las prisiones son escoltas", señala Jiménez, que critica que "mientras el Gobierno ha respetado a las empresas dándole un nuevo contrato, estas empresas no han respetado a los escoltas".
Protección de mujeres maltratadas
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, señala que en los mejores momentos del sector había unos 5.500 escoltas privados en activo, de los que 2.000 trabajaron para grandes empresas. De los otros 3.500 que estuvieron protegiendo a amenazados por el terrorismo, "el 3% se ha recolocado en el sector de la seguridad privada, ya que su presencia en las prisiones es testimonial. Luego hay un 7% que ha emprendido un negocio relacionado con el sector o se ha ido a trabajar al extranjero. El resto está en el paro o ha buscado otro trabajo en un sector totalmente distinto. Una mayoría sin grandes esperanzas a medio plazo".
Manuel Jiménez señala que el 90% de sus 176 afiliados está en el paro, pasando graves dificultades económicas. "Con el fin de ETA y la crisis económica hay un excedente de personal en el sector de la seguridad privada", explica De la Cruz. Un sector que tiene 301.000 licencias, entre vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas, detectives y guardas de campo. "Pero hay nuevos riesgos que pueden hacer crear el empleo de los escoltas a medio plazo", matiza De la Cruz: la protección de mujeres maltratadas, una iniciativa que de momento solo ha llevado a cabo el Gobierno vasco; la protección de directivos en empresas españolas que externalizan su negocio; y el terrorismo 'yihadista'. Jiménez añade uno más: los escoltas se pueden encargar de la seguridad en consulados y embajadas españolas.
La protección de las víctimas de la violencia machista es la que más visos tiene de prosperar. El Gobierno vasco lleva más de una década dando este servicio. Actualmente hay 34 mujeres protegidas las 24 horas. "720 mujeres han muerto desde 2004. Una cifra trágica. La protección de escoltas puede ser una solución para que esta cifra no crezca", señala Jiménez, que apuesta por extender este modelo a toda España, siendo los jueces los que deban determinar qué mujer necesita protección. Actualmente unos 1.500 policías nacionales están destinados a la vigilancia (no continua) de 53.000 víctimas y a la investigación de los casos de maltrato.
Trabajar en el extranjero
Mientras fraguan o no algunas iniciativas que creen empleo en el sector, muchos escoltas se han tenido que ir a trabajar fuera de España. Alberto, 47 años, es uno de ellos. Esta es la primera Navidad que puede pasar al completo con la familia en 22 años. Exmilitar, trabajó de escolta en Bilbao con concejales y un viceconsejero del Gobierno vasco antes de servir cuatro años en los equipos de seguridad de los atuneros vascos que faenan en el Índico. En agosto de 2014, tuvo la suerte de ser contratado por un empresario español que quería protección para un familiar suyo en Francia. Mientras, su familia (mujer e hijos) reside en España.
"Ahora paso varios meses del año fuera. Mi experiencia como exmilitar me ha ayudado. Ahora solo hay ofertas para exmilitares en el extranjero, como escoltas en países en conflicto", señala. Trabaja en periodos de tres meses, sin ningún día libre, por unos 2.900 euros al mes. "En 2010, cuando estaba de escolta, cobraba unos 3.000 euros por un mes de trabajo". Alberto anima a irse al extranjero, si es posible. "Hay una directiva europea de 2005 que reconoce en toda Europa los títulos profesionales de escolta".
Juan Luis, 38 años, dejó su trabajo de escolta en el País Vasco en enero de 2013 y desde entonces asegura que el mayor periodo de contratación que ha tenido ha sido de cinco días como personal de seguridad en un festival. "Ahora alterno 12 horas al mes como personal de seguridad en eventos deportivos con 16 horas al mes de portero de discoteca". De nada ha servido su experiencia: "He estado doce años de escolta dando protección antiterrorista y un año dando seguridad a una mujer víctima de maltrato. No quiero irme a otro sector a buscar trabajo. He invertido 2.500 horas de formación en 17 años de vida laboral. Sería tirar el tiempo y el dinero".
"Los políticos se han olvidado de nosotros"
Luis, vallisoletano, 47 años, es uno de los 135 escoltas privados que sigue en activo protegiendo a un cargo público, del que omite su nombre. Es uno de los más veteranos del sector. Lleva 28 años en el mundo de la seguridad y los últimos 14 protegiendo a amenazados por ETA en el País Vasco: periodistas, políticos y jueces. Ha protegido incluso a una mujer víctima de maltrato y a un niño de 11 años colombiano que estaba amenazado por la mafia de su país.
Reconoce que ha tenido que sacrificar parte de su vida personal por su trabajo (no tiene hijos) y le duele "que nos hayamos jugado la vida cuando nadie quería jugársela y ahora los políticos, a los que hemos protegido, nos den una patada". Habla con muchos compañeros que están en el paro y "lo están pasando muy mal. PSOE y PP deberían preocuparse un poco más por los escoltas, aunque sea con pequeños gestos, por ejemplo, apoyando fiscalmente a las empresas de seguridad que primen en sus contrataciones a los escoltas".
También cree que debería extenderse a toda España el proyecto de protección de mujeres maltratadas que puso en marcha hace años en el País Vasco. "Ha funcionado. Ninguna de las mujeres protegidas en el País Vasco ha resultado herida o ha muerto. Sería factible extender el modelo al resto de España, pero hace falta voluntad política". Por último, Luis se lamenta que no haya habido ningún tipo de homenaje o reconocimiento a los escoltas por parte de las instituciones del Estado. "Solo lo ha hecho el Poder Judicial en el País Vasco. El resto se ha olvidado pronto de nosotros".
