El Ejecutivo introduce el concepto de ‘situación de interés para la seguridad nacional’ para coordinar emergencias y crisis sin suspender derechos y libertades.Aunque consideran que no es algo nuevo, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley de Seguridad Nacional en el que se prevé, entre otras medidas, la posibilidad de movilizar recursos privados en caso de ‘situación de interés para la seguridad nacional‘, un nuevo concepto que recoge la norma con el objetivo de mejorar la coordinación entre departamentos ministeriales en su actuación ante situaciones de emergencia. Sin embargo, con los recientes atentados yihadistas en Europa en la retina y el debate sobre la pérdida de libertades a costa de la seguridad, el Ejecutivo central se ha afanado en asegurar que este nuevo marco no supondrá una pérdida o suspensión de derechos para los ciudadanos, algo que sí recogen los estados de alarma y excepción, amparados por la Constitución.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha rechazado la idea de que este anteproyecto la norma sea una respuesta de urgencia ante los atentados sino que tiene su origen en la necesidad de articular un sistema de seguridad nacional, planteamiento que se abordó en 2012 y para el cual se creó el Consejo de Seguridad Nacional. Así, uno de los puntos tratados en este consejo era la aprobación de la ley orgánica, establecimiento de organismos e instituciones implicadas en ese ámbito y medidas de coordinación. “Lo que se hace es establecer un engranaje que no existía porque no había estructura detallada o punto medio entre los estados de alarma o excepción y normalidad de las situaciones”, ha argumentado.
Así, lo que ahora se aprueba, “tuvo el visto bueno en octubre” y son muchos ministerios implicados, de manera que hay aspectos de otros ámbitos como la ciberseguridad o la seguridad marítima. “No hay que vincular esta ley con los últimos acontecimientos”, ha insistido, “aunque también es un elemento clave en la lucha contra el terrorismo”.
En la declaración de la ‘situación de interés para la seguridad nacional‘, la movilización de recursos privados parece el aspecto más espinoso, pero la vicepresidenta ha querido quitar hierro a la posible polémica porque “esa movilización de recursos privados no es nueva”. Así, “entre otras, las leyes reguladoras de régimen local ya hacen que los ayuntamientos puedan movilizar recursos humanos y materiales del municipio”. De hecho, hasta la ley de expropiación forzosa lo incorpora, ha recordado.
En este caso, Santamaría ha alegado la necesidad de elaborar una relación de recursos que se pueden utilizar ante la eventualidad de una crisis, como por ejemplo helicópteros. En tal caso, el ejecutivo hace un inventario de los helicópteros disponibles en la zona, ya sean de propiedad pública o privada, para que puedan utilizarse en la crisis en cuestión. “Lo primero que hay que hacer es saber qué tienes para utilizar, necesitamos saber qué en un momento de urgencia disponemos de elementos a disposición de españoles ya sean privados o públicos”. Eso sí, con la correspondiente indemnización, ha aclarado.
En el caso de las policías autonómicas y locales, el Ejecutivo ha explicado que la asunción del mando ante una determinada emergencia o riesgo para la seguridad, la coordinación va en función del nivel de alerta. Así, como ocurre con los sistemas de protección civil, “no se trata de asumir la jefatura sino que esta se asume según el nivel de alerta”, ha explicado.
La vicepresidenta ha tenido que poner ejemplos para desgranar algunas de las implicaciones de la norma, ejemplos como una catástrofe de efectos importantes, en que puede haber varias administraciones implicadas e incluso transfronterizas. En tales casos se requieren medidas de coordinación, es decir, que un ejército, que alguien tome decisiones, etc. “Estamos hablando de supuestos como terremotos de gran magnitud, ha relatado. Así, la situación podría provocar la declaración por parte del presidente del Gobierno de la ‘situación de interés para la seguridad nacional’, con la que “en ningún caso” se llevarán a cabo “medidas de suspensión de derechos y libertades” porque “esto nada tienen que ver con estados de alarma y excepción”, ha insistido. Se trata por tanto de “un mecanismo instituciónal para coordinar todos los medios entre administraciones, nacionales o internacionales”.
