Madrid, 20 mar.- El Congreso ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Seguridad Privada, que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.
A falta de la votación, que se producirá a final del pleno en torno a las cuatro de la tarde, el texto que ha llegado a la Cámara Baja ha incorporado en el trámite del Senado medio centenar de enmiendas al articulado, la mayoría de carácter técnico.
Entre los retoques dados al proyecto inicial destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
Así, el texto salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado, para clarificar los trabajos que pueden desempeñar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más polémica: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar en el texto actual que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Unas modificaciones que no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV, que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Muy crítico se ha mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.
En este sentido, para el diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque esos permisos "se darán como churros".
"Necesitábamos una ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".
Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios.
"Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la "interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Mientras, el portavoz de CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera.Y desde UPyD, su portavoz Toni Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de "complementariedad" y "subsidiaridad" a la seguridad pública.
Respecto a la posibilidad de que los vigilantes puedan detener en la vía pública, Escobar ha sido contundente: "Las detenciones son las mismas que puede desarrollar cualquier ciudadano en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
