Madrid, 5 mar (EFE).- El Senado ha retocado el proyecto de Ley de Seguridad Privada para limitar los casos en los que los vigilantes pueden prestar sus servicios, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o Las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
La comisión de Interior de la Cámara alta ha dado el visto bueno al informe de la ponencia del proyecto de ley que la próxima semana se debatirá en el pleno con la introducción de varias enmiendas transaccionales pactadas con CiU.
Aunque las principales modificaciones al texto inicial ya se aprobaron a través de las enmiendas del PP, que varió dos de los apartados más polémicos, hoy el Senado ha perfeccionado estos cambios con una nueva redacción del artículo 41 para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
También ha variado el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Y también deja claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Pese a los cambios introducidos que, en opinión del PP, han mejorado sustancialmente el texto y "han espantado cualquier nebulosa sobre la intencionalidad de la ley", en palabras de su portavoz Luis Aznar, desde el PSOE se han insistido en los peligros de la reforma que "pone en cuestión el modelo constitucional" de nuestra seguridad.
Así lo ha advertido el senador socialista Enrique Cascallana quien tras defender el veto de su partido a la ley ha lamentado que la reforma normativa, aunque necesaria, "nace para dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad".
"Al final se puede llegar a plantear que haya que elegir entre seguridad privada o seguridad pública, y que se decida por una de las dos en función de los costes. Esto vendría a poner en cuestión nuestro modelo de seguridad si este responde a un problema presupuestario", ha advertido.
