TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, declara pasado mañana en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria como imputado por un supuesto delito por defraudación a la Hacienda Pública y que está relacionado con su política de contratación en Seguridad Integral Canarias, la empresa de vigilantes de la que es propietario y que prácticamente monopoliza los contratos con la administración pública canaria, especialmente con la autonómica.
Ramírez, que ya ha tenido serios problemas con la Justicia, tendrá que responder a las acusaciones de la Fiscalía, así como del abogado del Estado y de la acusación que ejerce la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que ha denunciado desde hace años las supuestas irregularidades de este empresario grancanario.
Básicamente, las acusaciones contra Ramírez pasan porque, a juicio de quienes ahora actúan contra él, abona las horas extras fuera de nómina o bajo otro concepto de menor imposición fiscal. De ahí resultaría su ventaja a la hora de optar a concursos públicos, y de ahí la estimación de Hacienda y de la Tesorería de la Seguridad Social, que entienden que ha dejado de abonar a la caja común española unos 2,3 millones de euros que corresponderían a los ejercicios de 2008 y 2009.
Ramírez fue recientemente indultado de una pena de tres años de prisión por un delito contra el Medio Ambiente a cuenta de una construcción ilegal en una de sus fincas.
