Los profesionales del sector aseguran que mejora la eficacia, garantiza los derechos y evita el intrusismo.
Las asociaciones profesionales de detectives privados reclaman que se le dé una oportunidad a la nueva ley de seguridad privada, aprobada en el Congreso a principios de marzo.
La ANADPE, patronal que representa a los despachos más importantes del país, asegura que la nueva norma “garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación” además de asegurar “la eficacia en la prestación de los servicios” y evitar el intrusismo.
Antonio Marín, presidente de ANADPE, ha desmentido que el texto “restrinja una profesión que de por sí ya está muy fiscalizada”. Además, la asociación ha subrayado “el clima de entendimiento y colaboración que ha existido durante la redacción de la ley”.
Colaboración conjunta
La asociación está colaborando con el Gobierno en el despliegue del texto junto al Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP).
Bajo su punto de vista, la nueva legislación “actualiza una ley existente”, además de garantizar “la confidencialidad” de los clientes. Cabe recordar que el proyecto estrella del Ministerio del Interior abre la puerta a la cooperación entre cuerpos de policía y detectives privados a la hora de investigar determinados delitos.
