Los agentes podrán prestar servicios en las cárceles y en los centros de inmigrantes, pero no patrullar en áreas peatonales
En dos meses, desde la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de la nueva ley de seguridad privada, la presencia de los vigilantes será mucho más notoria. El Congreso dio ayer el visto bueno definitivo a la nueva normativa que amplía las competencias de los vigilantes privados, que a partir de ahora, entre otras nuevas misiones, podrá vigilar los perímetros de las cárceles o en los centros de inmigrantes.
El nuevo texto incorpora medio centenar de enmiendas pactadas en el Senado por el PP, CiU y, parcialmente, el PNV, aunque la inmensa mayoría son de carácter técnico. La única novedad de calado con respecto al proyecto inicial es que se ha eliminado la controvertida posibilidad de que las empresas del sector puedan prestar sus servicios, incluidas las identificaciones y detenciones, en «zonas comerciales peatonales» y en otros espacios públicos, siempre y cuando exista una autorización previa.
La nueva normativa otorga a los agentes privados la potestad de practicar «detenciones» de delincuentes pillados infraganti en el «ámbito de protección» del vigilante y siempre para poner al arrestado a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado. Podrán reclamar la documentación a ese arrestado, pero solo para anotarla. No podrán hacer averiguaciones, facultad que sí contemplaba el texto inicial, antes de ser modificado en el Senado.
El texto da permiso para hacer controles personales, de paquetería, mercancía o vehículos en accesos, sin poder retener la documentación. Otorga autorización para que los vigilantes realicen labores de seguridad en los perímetros de las cárceles y en centros de internamiento de extranjeros. Permite a los agentes jurados vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados, así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
Autoriza, además, a «la cesión de datos» a las empresas privadas cuando se consideren «necesarios para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana». Y, por último, equipara, a efectos penales, a un vigilante y un funcionario de las fuerzas de seguridad como agentes de la autoridad cuando sufran agresiones durante su trabajo.
Duras críticas
El nuevo texto, más allá del PP, no convence a ningún otro grupo, ni siquiera a CiU y PNV. «Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial», dijo el peneuvista Emilio Olabarria. El portavoz socialista, Antonio Trevín, aseguró que la norma va a permitir que, «incluso en vías públicas, vigilantes de seguridad puedan pararnos, identificarnos y cachearnos».«La seguridad para quien se la pueda pagar», denunció Ricardo Sixto, de Izquierda Plural.
