Un inspector califica de "inverosímiles" los gastos pagados por dietas de desplazamientos.
La magistrada Victoria Rosell le ha tomado declaración como testigo al inspector de Hacienda que inició la investigación por el supuesto fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria. El técnico, que compareció ayer en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se ratificó en el informe en el que se ha basado la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas para querellarse contra Miguel Ángel Ramírez, administrador único de la empresa de vigilancia privada durante los años investigados.
Según ese dictamen, que fiscaliza los ejercicios económicos de 2008 y de 2009, Seguridad Integral Canaria ha podido cometer un fraude superior a los 2,3 millones de euros al pagar a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos con una carga tributaria menor, incluso en algunos casos exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El especialista, a preguntas de la magistrada, calificó de "absolutamente inverosímil" que la facturación analizada se corresponda con dietas por desplazamientos y conceptos similares, pues la empresa no ha presentado justificantes de unos gastos que constituyen casi el 30 % de su masa salarial, además de arrojar unas cantidades por horas extra trabajadas "totalmente desproporcionadas", tanto por la comparativa con otras empresas del sector como por las particularidades territoriales y del transporte en Canarias.
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