La razón de esta artículo no es otra que la de mostrarle a los lectores no sólo las repercusiones que implicaría la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Privada tal cual lo ha formulado, hasta ahora, el Gobierno, sino, aún de forma más contundente, la de esclarecer cómo funciona el Ejecutivo cuando pretende controlar cualquier asunto que pueda suponerle desventajas futuras.
En su preámbulo, el proyecto de Ley de Seguridad Privada, remitido hace bien poco a las Cortes Generales para su posterior aprobación, da una definición del concepto de Seguridad que conmovería a cualquiera, explicando cómo "la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos". Dicho esto, solicitan en un artículo de dicha ley, tanto a empresas de seguridad como a detectives privados "constituir un aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente?", lo que implica que ya no es suficiente con el seguro de responsabilidad civil, sino que habrá que constituir un aval o seguro de caución con la cantidad que estimen oportuna. Sin embargo, a pesar de las apariencias, expongo brevemente que ninguna cantidad es oportuna, ya que si por ejemplo determinan que el aval tiene que superar la cantidad de 600.000 euros –como parece que, en efecto, se va a decidir– o aunque fuera una cantidad diez veces menor, ninguno de los más 2.500 detectives que hay en España, ni las pequeñas y medianas empresas de seguridad, ni los miles de estudiantes que luchan por salir al deprimente mercado laboral que se les ha dejado podrán ejercer su trabajo por no disponer de esa desmesurada cantidad.
Quedamos, entonces, al servicio de las grandes empresas que puedan sufragar ese gasto leonino. ¡Bienvenidos nuevamente al oligopolio, ciudadanos! Las consecuencias de esto nos atañen a todos los ciudadanos, puesto que si, en efecto, la seguridad es uno de los pilares fundamentales de la libertad, las medidas contenidas en el documento conllevan una reducción en el número de efectivos que podrán realizar su labor profesional en el sector, lo que supone menos seguridad, y controlada por unos pocos. Según mi parecer, o no han entendido el concepto de seguridad antes expuesto o, si lo han entendido, están mostrando una doble faz impropia en cualquier gobernante. El tamaño de su hipocresía se verá, inevitablemente, reflejado en la inmensa muralla impuesta bajo la forma de un aval o seguro de caución.
