El PP tumba los vetos formulados por la oposición. Finalmente los vigilantes solo podrán detener cuando sorprendan al delincuente en flagrante delito sobre personas o bienes objeto de su protección
El Pleno del Senado dio este miércoles luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Privada tras rechazar los cinco vetos presentados por la oposición e incorporar medio centenar de enmiendas al articulado, con lo que el texto volverá ahora al Congreso para su aprobación definitiva. El Senado ha tumbado con el rechazo de los conservadores los vetos formulados por el Grupo Mixto, Entesa y los socialistas y ha aprobado medio centenar de enmiendas parciales al articulado, la mayoría de carácter técnico.
En un debate en que algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya acudido al pleno a defender su proyecto, el senador del PP Luis Aznar y su compañero de grupo Santiago López Valdivielso han negado que la nueva ley vaya a suponer una privatización de la seguridad. La tramitación en la Cámara alta ha permitido la modificación de un número importante de preceptos sobre el proyecto inicial que presentó el Ministerio del Interior, especialmente aquellos artículos más polémicos que hacen referencia a las competencias de los vigilantes privados.
Entre los retoques dados al texto a través de enmiendas pactadas entre PP y CiU, destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
De esta forma, el texto salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado, para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes. De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección". En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección". Y también se dejó claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Pese a estos cambios, el senador socialista Enrique Cascallana ha advertido de que estas modificaciones en realidad no limitan las competencias de los vigilantes, pues el proyecto no las "acota" claramente, dejando la puerta abierta a que el Gobierno en el futuro reglamento otorgue mayores potestades a estos trabajadores. "La ley no responde a una demanda social sino a los intereses de las grandes empresas y a la filosofía"del PP, que consiste en adelgazar el Estado y recortar los servicios públicos", ha criticado Cascallana.
Tanto López Valdivielso como Aznar han insistido en que la seguridad privada será un elemento "auxiliar" y "subordinado" a la pública y que no hay atisbo alguno de privatización. Además, han defendido el modelo de seguridad privada español porque, junto con el belga y holandés es el más "regulado y controlado" frente a los del Reino Unido, Alemania y Austria.
