Madrid, 12 mar (EFE).- El pleno del Senado ha rechazado los cinco vetos presentados por la oposición a la Ley de Seguridad Privada, que será aprobada esta noche en la Cámara alta con el voto mayoritario del PP para su devolución al Congreso al haberse enmendado en este trámite parlamentario.
El Senado ha tumbado con el rechazo de los populares los vetos presentados por el Grupo Mixto, Entesa y los socialistas y debate ahora las enmiendas parciales al articulado, de las que cincuenta de las cien que permanecían vivas han sido aceptadas por el grupo mayoritario de la cámara, según ha dicho su senador Luis Aznar.
En un debate en que algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya acudido al pleno a defender su proyecto, Aznar y su compañero de grupo Santiado López Valdivielso han negado que la nueva ley vaya a suponer una privatización de la seguridad.
La tramitación en la Cámara alta ha permitido la modificación de un número importante de preceptos sobre el proyecto inicial que presentó el Ministerio del Interior, especialmente aquellos artículos más polémicos que hacen referencia a las competencias de los vigilantes privados.
Entre los retoques dados al texto a través de enmiendas pactadas entre PP y CiU, destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.
De esta forma, el texto salió de la comisión del Senado con una nueva redacción del artículo 41, el más criticado, para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
Y también se dejó claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
Pese a estos cambios, el senador socialista Enrique Cascallana ha advertido de que estas modificaciones en realidad no limitan las competencias de los vigilantes, pues el proyecto no las "acota" claramente, dejando la puerta abierta a que el Gobierno en el futuro reglamento otorgue mayores potestades a estos trabajadores.
"La ley no responde a una demanda social sino a los intereses de las grandes empresas y a la filosofía"del PP, que consiste en adelgazar el Estado y recortar los servicios públicos", ha criticado Cascallana.
Tanto López Valdivielso como Aznar han insistido en que la seguridad privada será un elemento "auxiliar" y "subordinado" a la pública y que no hay atisbo alguno de privatización.
Además, han defendido el modelo de seguridad privada español porque, junto con el belga y holandés es el más "regulado y controlado" frente a los del Reino Unido, Alemania y Austria.
